Análisis jurisprudencial

Fernando Mauricio Andrade Luna

Nuevos Paradigmas de las Ciencias Sociales Latinoamericanas

issn 2346-0377 (en línea) vol. X, n.º 19, enero-junio 2019, Fernando M. Andrade L. pp. 51 a 82

Análisis jurisprudencial

Fernando Mauricio Andrade Luna*

Jurisprudential analysis

Resumen

En este análisis jurisprudencial se estudia la aplicación de la teoría del desarrollo de los de-

rechos aplicada en la solución alternativa de un caso sentenciado en la jurisdicción ordinaria

civil en Colombia. La sentencia estudiada es interesante en el plano doctrinal y legal, pues en

materia de protección de los consumidores y usuarios se traza la línea argumentativa relativa

a que los consumidores pueden intentar acciones de reparación por vía contractual sin se-

guir la cadena que presenta el acuerdo, es decir. consumidor-distribuidor-fabricante, sino la

línea: consumidor-distribuidor que sería el nexo contractual, o consumidor-fabricante, que

sería el nexo de “responsabilidad especial” que plantea la Corte.

Palabras clave: Derechos; Sentencia; Civil; Consumidores; Contractual; Responsabilidad.

Abstract

This jurisprudential analysis studies the application of the theory of development of rights

applied in the alternative solution of a case sentenced in the ordinary civil jurisdiction in

Colombia. The sentence studied is interesting from a doctrinal and legal point of view, since

in the matter of protection of consumers and users the line of argument is drawn that con-

sumers may attempt actions for reparation by contractual means without following the chain

presented by the agreement, that is to say, consumer-distributor-manufacturer, but rather

the line: consumer-distributor which would be the contractual nexus, or consumer-manufac-

turer, which would be the nexus of “special responsibility” proposed by the Court.

* Abogado de la Universidad de Nariño (Colombia); Especialista en Instituciones Jurídico-

Procesales de la Universidad Nacional de Colombia.Juez Civil Municipal de descongestión

y Juez de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Pasto [

mauriandrade@outlook.

com

Fernando Mauricio Andrade Luna

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issn 2346-0377 (en línea) vol. X, n.º 19, enero-junio 2019, Fernando M. Andrade L.

Keywords: Rights; Sentence; Civil; Consumer; Contractual; Liability.

Fecha de presentación: 13 de agosto de 2018. Revisión: 15 de agosto de 2018. Fecha de acepta-

ción: 22 de agosto de 2018.

I. Desarrollo del trabajo

Con el fin de desarrollar las premisas de este trabajo, realizaremos un

breve resumen de la sentencia que se analizará de la siguiente manera:

• Sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia de Colombia

el siete (7) de febrero de dos mil siete (2007)

• Magistrado Ponente: César Julio Valencia Copete

• Referencia: expediente n.° 23162-31-03-001-1999-00097-01.

La sentencia decide el recurso de casación interpuesto por la deman-

dada contra la sentencia del 22 de abril de 2004, proferida por la Sala

Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de

Montería, dentro del proceso ordinario instaurado por Tobías Assis

Contreras frente a la sociedad Semillas Andree Agrícola Limitada.

Según los hechos de la demanda se puede extraer que la parte de-

mandante adquirió 469 bultos de semilla de sorgo variedad “sinupar

2R”, producida por la demandada, que fueron compradas al conce-

sionario o distribuidor Semillas & Semillas Limitada, en el municipio

de Montería, por $52.762.500. Una vez germinó, aquella semilla pre-

sentó unos porcentajes muy inferiores a los previstos para su óptima

producción, y se encontró que la misma presentaba “intoxicación” y

“síntomas de bajo vigor”, lo que generó en todos los casos una ger-

minación deficiente, al tiempo que favoreció “su horadación por hor-

migas u otras causas”. A raíz de ello, el cultivo, que para la fecha de

presentación de la demanda debía encontrarse en una determinada

“etapa de adelanto”, sufrió un retardo notorio, injustificado y ajeno a

culpa, dolo o negligencia de aquél, quien por esa causa padeció perjui-

cios superiores a $200.000.000.

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La demandada contestó el libelo oponiéndose a las pretensiones,

proponiendo como excepción la que denominó “carencia del derecho

de demandar por inexistencia de la obligación y de la relación jurídica

pretendida”, fundada en que como no fue ella quien le vendió ni sumi-

nistró las semillas al demandante, no existía ninguna relación jurídica

con éste, motivo por el cual ella resultaba “exenta de cualquier obliga-

ción con el actor”. Por sentencia del 1.° de octubre de 2003 el Juzgado

Primero Civil del Circuito de Cereté culminó la primera instancia, en la

que accedió a las pretensiones. Al desatar el recurso de apelación in-

terpuesto por la demandada, el tribunal, mediante fallo del 22 de abril

de 2004, confirmó el del a-quo, con la modificación consistente en que

la condena impuesta quedaba reducida a la cuantía allí determinada.

Es esta sentencia de segunda instancia la que es objeto del re-

curso extraordinario de casación, en donde la Corte Suprema entra a

estudiar tres cargos propuestos por la parte demandada.

II. Derechos o principios

encontrados o enfrentados

Estudiando la sentencia de estudio podemos encontrar en su parte

considerativa dos principios enfrentados:

1. La tutela efectiva de los intereses de los consumidores y usuarios

2. Principio de la relatividad de los contratos

Es relevante decir que la Corte estudia el enfrentamiento de los dos

principios expresando lo siguiente:

Precisamente, al amparo de este principio superior puede afirmarse que la

tutela efectiva de los intereses de los consumidores y usuarios, habida cuenta

de la posición de inferioridad o debilidad que ordinariamente ocupan en el

tráfico mercantil y la asimetría que caracteriza sus relaciones jurídico-eco-

nómicas con los distribuidores o fabricantes

, no puede verse restringida o

limitada por el principio de la relatividad de los contratos, cuyo alcance, por

1 Cfr. Sentencia del 3 de mayo de 2005, exp. 04421-01, no publicada aún oficialmente.

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cierto, tiende cada vez a ser morigerado por la doctrina jurisprudencial

puesto que, con independencia del vínculo jurídico inmediato que ellos pu-

dieran tener con el sujeto que les enajenó o proveyó un determinado bien o

servicio, las medidas tuitivas propias de su condición han de verse extendi-

das hasta la esfera del productor o fabricante, como quiera que éste es quien

ha gestionado, controlado o dirigido el diseño y elaboración del producto,

entre otros aspectos, así como ha determinado ponerlo en circulación o in-

troducirlo en el mercado, adquiriendo, por contera, un compromiso en torno

de la calidad e idoneidad del mismo, por lo que, desde luego, no puede resul-

tar ajeno o indiferente a sus eventuales defectos o anomalías, ni a los peligros

o riesgos que estos pudieran generar, como tampoco a las secuelas de orden

patrimonial que llegaren a afectar a su destinatario final –consumidores o

usuarios– o a terceros, con lo que queda claramente establecida una “respon-

sabilidad especial” de aquél frente a éstos –ex constitutione–

, que los habilita

para accionar directamente contra el fabricante en orden a hacer efectivas

las garantías a que hubiere lugar o a reclamar el resarcimiento de los daños

que les fueran irrogados, sin que tal potestad pueda ser coartada por la sim-

ple inexistencia de un vínculo de linaje contractual, pues un entendimiento

semejante no acompasaría con las directrices inequívocamente fijadas por

la Carta Política, pues, como se sostuvo en el fallo que sujetó la constitucio-

nalidad de los artículos 11 y 29 del Decreto 3466 de 1982 precisamente a

la existencia de una acción directa del consumidor frente al fabricante, “el

productor profesional produce para el mercado, se beneficia del mercado y

debe responder ante el mercado”

Desde esta perspectiva, y realizando la ponderación de los derechos

expuestos, se puede afirmar que la Corte dejó de lado el carácter emi-

nentemente contractual de la acción, pues los cargos de la demanda

de casación iban dirigidos a desvirtuar la interpretación de los juzga-

dores inferiores los cuales extendieron la responsabilidad contractual

hasta el fabricante de las semillas, quien no hacia parte del contrato

que se analizó en la demanda, privilegiando el principio de la tutela

efectiva de los consumidores y usuarios estableciendo con esto una

responsabilidad especial que rebasa la órbita eminentemente sustan-

cial y legal de la acción propuesta inicialmente.

Esta sentencia desde todo punto de vista es interesante en el pla-

no doctrinal y legal, pues en materia de protección de los consumido-

2 Cfr. Sentencia del 28 de julio de 2005, exp. 00449-01, no publicada aún oficialmente.

3 Cfr. Sentencia de constitucionalidad C-973/2002.

4 Cfr. Sentencia de constitucionalidad C-1141/2000

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res y usuarios se traza la línea argumentativa relativa a que los consu-

midores pueden intentar acciones de reparación por vía contractual

sin seguir la cadena que presenta el acuerdo, es decir consumidor -

distribuidor - fabricante, demandado la línea: consumidor - distribui-

dor que sería el nexo contractual, o consumidor - fabricante, que sería

el nexo de responsabilidad especial que plantea la Corte.

A. Aplicación de la teoría del desarrollo de los derechos

Siguiendo con nuestro análisis, debemos desarrollar el principio de

la tutela efectiva de los intereses de los consumidores y usuarios,

el cual se desarrolla en Colombia en el artículo 11 del Estatuto del

Consumidor (Dcto. 3466 de 1982), concerniente a la llamada “garan-

tía mínima presunta” de bienes y servicios, según la cual se “entiende

pactada en todos los contratos de compraventa y prestación de servi-

cios la obligación a cargo del productor de garantizar plenamente las

condiciones de calidad e idoneidad”, en consonancia con el artículo 23

de la misma codificación, cuando al ocuparse específicamente de la

“responsabilidad de los productores por la idoneidad y calidad de sus

bienes y servicios” dispone, respecto de aquellos cuya calidad e ido-

neidad haya sido registrada, que ella será establecida de conformidad

con los términos y condiciones allí previstos, y, en lo que toca con los

que no hubieran sido objeto de registro, que “bastará para establecer

la responsabilidad por la mala o deficiente calidad e idoneidad, la de-

mostración del daño”.

Igualmente, la acción de responsabilidad contractual intentada

por el demandante en contra del fabricante se legitima también por lo

contemplado en las disposiciones que protegen los derechos del consu-

midor, normas que se desprenden desde la misma Constitución Política

en donde se expone la premisa consistente en que “serán responsables,

de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización

de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecua-

do aprovisionamiento a consumidores y usuarios” (art. 78).

Por lo cual haciendo eco de lo expuesto por la Corte:

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... queda claramente establecida una “responsabilidad especial” de aquél

frente a éstos –ex constitutione–

, que los habilita para accionar directamen-

te contra el fabricante en orden a hacer efectivas las garantías a que hubiere

lugar o a reclamar el resarcimiento de los daños que les fueran irrogados, sin

que tal potestad pueda ser coartada por la simple inexistencia de un vínculo

de linaje contractual, pues un entendimiento semejante no acompasaría con

las directrices inequívocamente fijadas por la Carta Política...

De manera, que el principio de la tutela efectiva de los consumidores y

usuarios en este preciso tema no debe pugnar con ningún otro princi-

pio, pues se entiende que la ley protege inclusive de manera procesal

y sustancial al consumidor cuando quiera reclamar los perjuicios de-

rivados de la deficiencia comprobada de un producto ya sea por la via

contractual o extracontractual, pues el sistema jurídico Colombiano

en estos casos le otorga al consumidor afectado la posibilidad de ac-

cionar por efecto de la “responsabilidad especial” que recae sobre los

distribuidores y fabricantes.

B. Factor de atribución

La razón jurídica de la reparación , entendida como el factor de atri-

bución, se demuestra por la responsabilidad especial que tienen los

distribuidores y los fabricantes frente a los productos que llegan a

los consumidores y usuarios, en este caso por las semillas de sorgo

variedad “sinupar 2R”, producidas por la sociedad Semillas Andree

Agrícola Limitada, que fueron compradas al concesionario o distri-

buidor Semillas & Semillas Limitada, semillas que no cumplieron con

los estándares mínimos requeridos para que su cultivo sea el óptimo

deseado por el agricultor, circunstancia que fue probada por varios

peritos técnicos que conceptuaron que efectivamente las semillas

eran “deficientes”.

De esta manera, el daño que habilita a los usuarios o consumido-

res, (Tobías Assis Contreras) para accionar directamente contra el

fabricante (Sociedad Semillas Andree Agrícola Limitada) en orden a

hacer efectivas las garantías a que hubiere lugar o a reclamar el resar-

cimiento de los daños que les fueran irrogados, se muestra como cri-

5 Cfr. Sentencia de constitucionalidad C-973/2002.

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terio de imputabilidad objetivo, pues la Corte analizó el daño ocasio-

nado por el fabricante, contrastado con las normas de protección a los

consumidores y lo canalizó por medio de la acción de “responsabilidad

especial” surgida por la demostración probatoria de los perjuicios de-

mostrados de manera puntual, compartiendo de esta manera los argu-

mentos del sentenciador de segundo grado, bajo el entendido que la

tasación de los perjuicios no debían realizarse únicamente afirmando:

... que los problemas en la calidad de la semilla hubiesen sido la única causa

determinante de su baja producción; antes bien, prosiguió, del resto del ma-

terial probatorio emergía “la existencia de otros factores concausales”, los

cuales también debían tenerse en cuenta al valorar el mérito probatorio de la

experticia, como lo dispone el artículo 241 del Código de Procedimiento Civil.

En esta dirección recalcó el ad-quem que de los demás informes técnicos, así

como de los testimonios, excepto el del asesor del actor, fluía la posibilidad

de que igualmente hubieran incidido en el resultado desastroso que advertía

en el video que hacía parte del material probatorio, factores tales como el

ataque de hormigas, los efectos del suministro del insumo químico llamado

“Concept iii” y la mala calidad del suelo en uno de los terrenos utilizados para

el cultivo.

Por lo cual, determinó el juez de segundo grado reducir en un cin-

cuenta por ciento el monto de la indemnización.

C. A manera de conclusión

Después de analizar la sentencia objeto de estudio, se pudo compro-

bar que la identificación de los principios contrapuestos en un caso

permiten entender la reparación de un daño bajo criterios claros y

específicos. Sin lugar a dudas la teoría del desarrollo de los derechos

se muestra como reveladora al momento de desarrollar un principio

subdesarrollado, pues no sale derrotado ningún derecho, sino que las

reglas aplicadas del principio desarrollado permite resolver un caso

de manera clara y práctica.

Igualmente descubrir el factor de atribución y el título de impu-

tabilidad nos permite reconocer la forma de indemnización frente a

una acción de reparación, temas que dilucidan un área tan compleja

como la reparación civil en todas sus vertientes, de hecho, con el aná-

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lisis referenciado, en Colombia la Corte Suprema de Justicia expone

una “reparación especial” que surge entre distribuidores - fabricantes

y los consumidores finales.

III. Sentencia estudiada

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Civil

Bogotá, D. C., siete (7) de febrero de dos mil siete (2007).

Magistrado Ponente: César Julio Valencia Copete

Referencia: expediente n.° 23162-31-03-001-1999-00097-01.

Se decide el recurso de casación interpuesto por la demandada contra

la sentencia del 22 de abril de 2004, proferida por la Sala Civil-Familia-

Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, dentro

del proceso ordinario instaurado por Tobías Assis Contreras frente

a la sociedad Semillas Andree Agrícola Limitada.

A. Antecedentes

1. En el escrito con el que se dio inicio a este proceso el demandan-

te solicitó declarar “la responsabilidad civil derivada del contrato de

compraventa en cabeza de la compañía [...] Semillas Andree Agrícola

Limitada”, como productora, “por cuenta de los perjuicios materiales

y morales” que le ocasionó “en virtud de la compraventa” de 469 bol-

sas de semilla de sorgo de la variedad “sinupar 2R..., cuya malísima

calidad se evidencia..., adquiridas en los concesionarios autorizados

Semillas & Semillas Ltda.”, y que, como consecuencia, fuese condenada

a pagarle los perjuicios causados a raíz del “imperfecto cumplimiento

de la obligación del saneamiento cabal y oportuno de la compraventa

reclamada, al vender semillas de mala calidad y... casi ningún poder”

de germinación.

2. Fundamentó las pretensiones en los hechos que enseguida se com-

pendian.

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a) Con el propósito de sembrar en el primer semestre de 1999 en los

predios de su propiedad, denominados “El Campalo”, “El Limón”, “La

Riachuela” y “Sarmiento” del municipio de San Carlos, así como en

el lote “San Antonio” de la localidad de Cereté, el actor, agricultor de

profesión, adquirió 469 bultos de semilla de sorgo variedad “sinupar

2R”, producida por la demandada, que fueron compradas al concesio-

nario o distribuidor Semillas & Semillas Limitada, en el municipio de

Montería, por $52.762.500.

b) Para cultivar con ese producto las 395 hectáreas correspondientes

a dichos terrenos, el demandante adquirió además los elementos ne-

cesarios para la adecuada germinación, desarrollo y producción, tales

como herbicidas, plaguicidas y otros insumos agrícolas, en lo que in-

virtió la suma de $20.491.820.

c) Una vez germinó, aquella semilla presentó unos porcentajes muy

inferiores a los previstos para su óptima producción, como por ejem-

plo del 60% en el lote San Antonio; en la visita técnica de uno de los

ingenieros agrónomos del Instituto Colombiano Agropecuario –ica–,

seccionales de Cereté y Mosquera, se encontró que la misma presen-

taba “intoxicación” y “síntomas de bajo vigor”, lo que generó en todos

los casos una germinación deficiente, al tiempo que favoreció “su ho-

radación por hormigas u otras causas”.

d) Al poner la referida anomalía en conocimiento de aquella distribui-

dora, el actor encontró a varios agricultores presentando idénticas re-

clamaciones; y debido a la gravedad de los perjuicios causados por la

mala calidad de dichos granos, se produjo la intervención de fenalce,

agremiación que reúne a los cerealistas y cultivadores, quien pública-

mente denunció esa situación, la cual generó el “bajonazo en la produc-

ción a partir del segundo semestre de 1998”.

e) Para llenarse de razones el demandante contrató la gestión técnica

del ingeniero agrónomo Jesús Dueñas, quien en su estudio coincidió

con el concepto del experto del ica, al señalar, entre otros aspectos,

que el producto presentaba una germinación inferior en un 80% res-

pecto del porcentaje en el que debía encontrarse para esa época, te-

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niendo en cuenta el tiempo transcurrido entre la fecha de la siembra y

la de la visita, así como “poco vigor en las plantas”; para la realización

de estas inspecciones, aquél solicitó la presencia de representantes

de la casa productora, la cual finalmente no se verificó.

f) No obstante las buenas condiciones ambientales previstas y rei-

nantes para las cosechas en el señalado período, la situación descrita

obligó a Assis Contreras a rastrillar la tierra y resembrar la semilla,

con los consiguientes sobrecostos. A raíz de ello, el cultivo, que para la

fecha de presentación de la demanda debía encontrarse en una deter-

minada “etapa de adelanto”, sufrió un retardo notorio, injustificado y

ajeno a culpa, dolo o negligencia de aquél, quien por esa causa pade-

ció perjuicios superiores a $200.000.000.

g) Además de los daños relacionados, los terrenos cultivables se ve-

rán afectados para cosechas futuras por la proliferación de maleza, el

aumento de los costos de producción, competencia por los nutrientes,

problemas fitosanitarios y de plagas. También puede ver alterada la

producción esperada medida en kilogramos o toneladas por hectárea

cultivada, como consecuencia de los retrasos sufridos y las cambian-

tes condiciones climáticas, con mayor razón siendo que para cuando

se presentó la demanda el cultivo se encontraba con un crecimiento y

desarrollo inferior al esperado, debido justamente a la mala calidad y

al bajo poder de germinación de las semillas.

h) Entre el hecho de la venta de los granos cuya producción no fue téc-

nica o adecuada y los daños causados al demandante existió el nexo

causal requerido “para la estructuración de la responsabilidad civil

que se depreca”.

3. La demandada contestó el libelo oponiéndose a las pretensiones;

y en cuanto a los hechos, no sin antes señalar que no le constaban

los atinentes a la adquisición de la semilla, su uso y costo, la doble

preparación que tuvo que hacer el actor de los terrenos para volver

a sembrar y los daños padecidos por el mismo, indicó que lo concer-

niente al requerimiento efectuado a la distribuidora, así como la in-

tervención de la agremiación eran aseveraciones personales del actor,

al tiempo que negó los restantes.

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Propuso como excepción la que denominó “carencia del derecho

de demandar por inexistencia de la obligación y de la relación jurídica

pretendida”, fundada en que como no fue ella quien le vendió ni sumi-

nistró las semillas al demandante, no existía ninguna relación jurídica

con éste, motivo por el cual ella resultaba “exenta de cualquier obliga-

ción con el actor”.

Aunque por auto del 5 de diciembre de 2001 el juzgado del co-

nocimiento vinculó al proceso a la sociedad Semillas & Semillas

Limitada, quien contestó la demanda y se opuso a las pretensiones,

dicho proveído y el trámite surtido a partir del mismo, incluido el fallo

del 13 de diciembre de 2002, los declaró nulos el tribunal por medio

de la providencia del 15 de mayo de 2003.

4. Por sentencia del 1.° de octubre de 2003 el Juzgado Primero Civil

del Circuito de Cereté culminó la primera instancia, en la que accedió

a las pretensiones.

5. Al desatar el recurso de apelación interpuesto por la demandada, el

tribunal, mediante fallo del 22 de abril de 2004, confirmó el del a-quo,

con la modificación consistente en que la condena impuesta quedaba

reducida a la cuantía allí determinada.

IV. La sentencia del Tribunal

1. De entrada afirmó el ad-quem que las partes ostentaban legiti-

mación en esta causa, pues la condición de perjudicado económico

habilitaba al demandante para promover esta reclamación judicial,

mientras que la opositora en la contestación de la demanda confesó

ser la productora de la semilla de sorgo tipo “Sinupar 2R”, toda vez

que al responder el hecho segundo del libelo se limitó a aseverar que

el referido germen no le fue comprado a ella y a poner de presente

que una era la situación jurídica del productor frente al consumidor y

otra la del vendedor; así mismo, por cuanto al fundamentar la excep-

ción expresamente señaló que Tobías Assis le adquirió el producto

a Semillas & Semillas Limitada y no directamente a la demandada,

quien debió ser llamada “sólo en garantía como productora”.

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2. A vuelta de transcribir opiniones emitidas por una autoridad esta-

tal acerca de la responsabilidad que se le puede endilgar al fabricante

dentro de la órbita del derecho de protección al consumidor, sostuvo

el juez de segundo grado que la obligación legal de garantía a cargo de

aquél ha cobrado importancia en el derecho moderno a tal extremo

que en la Unión Europea se habla de una responsabilidad objetiva que

“compromete solidariamente a aquél y al consumidor final, de la cual

sólo se libera demostrando que no puso el producto en circulación,

que el defecto causante del daño afloró después de que” lanzó el bien

al mercado, que éste no haya sido producido “para una venta de la que

aquél obtendría un beneficio, que el mismo no fue fabricado ni distri-

buido en el ámbito de su actividad profesional, que el defecto se debió

a que quiso ajustar el producto a las normas imperativas y que en el

momento en que se puso en circulación el conocimiento científico y

técnico no permitían descubrir la existencia del defecto”.

3. Luego de citar apartes de un fallo de constitucionalidad relaciona-

do con el Decreto 3466 de 1982, señaló que en casos como el presente

la demanda podía dirigirse directamente contra el productor, calidad

que en este asunto radicaba en cabeza de la sociedad Semillas Andree

Agrícola Limitada, quien, por esa condición, al tenor del Estatuto del

Consumidor tenía la obligación de garantizar la buena calidad de la

semilla que distribuyera a través de sus expendedores, como lo era

precisamente Semillas & Semillas Limitada.

4. No sin antes mencionar que estaba al arbitrio del demandante

dirigir su demanda de responsabilidad contractual únicamente en

contra del vendedor, o frente a ese sujeto y al fabricante, debiendo

acreditar en este evento la cadena contractual, o, en últimas, intentar

su pretensión de responsabilidad civil extracontractual sólo contra

éste, y de relacionar las pruebas allegadas y practicadas, dentro de

las que destacó las facturas a través de las cuales el actor adquirió de

Semillas & Semillas Limitada 469 bolsas de semillas de sorgo Sinupar

2R por $52.762.500, el dictamen pericial rendido por José Hernando

Rodríguez Romero y Nacira Palomo Vargas, del que enfatizó que

no fue objetado, el informe y su complementación, realizado por

Héctor Giraldo P., coordinador nacional de la unidad de evaluación

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agronómica del ica, sobre el genotipo de sorgo Sinupar 2R sembrado

en Córdoba, el reporte de visita elaborado por José Nicolás Acosta

Romero, funcionario de control en comercialización de la nombrada

entidad, el análisis practicado por la seccional Valle del Cauca de di-

cho organismo en relación con muestras tomadas en otros cultivos

de sorgo, en los que se utilizó aquella variedad, producida por la de-

mandada, el informe técnico emitido por el ingeniero agrónomo ase-

sor del demandante, en relación con la cosecha de sorgo de 1999 en

predios de éste, así como los testimonios del mismo Acosta Romero,

ingeniero agrónomo al servicio de la seccional Córdoba del ica, Jesús

Dueñas Lengua, Hermes Miguel Peña Padilla, Orinson Durango

Moreno, ingeniero agrónomo promotor de Semillas Andree Agrícola

Limitada, y Sergio Antonio Petro Bolaño, aseveró el sentenciador

que como la experticia arriba aludida había adquirido especial conno-

tación demostrativa, no sólo porque no fue objetada sino debido a la

incuestionable competencia de los peritos y al aquilatado fundamen-

to de sus conclusiones, ella era base sólida para tener por cierta la cir-

cunstancia de que la nombrada semilla utilizada por el demandante

en los cultivos de sorgo por él plantados durante 1999 en las fincas

allí nombradas, presentó “problemas en su calidad”. Asimismo indicó

que este hilo conductor lo llevaba a dar por sentado que era clara la

responsabilidad civil de la sociedad demandada.

5. Puntualizó, eso sí, que de dicho dictamen pericial no se podía afir-

mar que los problemas en la calidad de la semilla hubiesen sido la

única causa determinante de su baja producción; antes bien, prosi-

guió, del resto del material probatorio emergía “la existencia de otros

factores concausales”, los cuales también debían tenerse en cuenta al

valorar el mérito probatorio de la experticia, como lo dispone el artí-

culo 241 del Código de Procedimiento Civil. En esta dirección recalcó

el ad-quem que de los demás informes técnicos, así como de los tes-

timonios, excepto el del asesor del actor, fluía la posibilidad de que

igualmente hubieran incidido en el resultado desastroso que adver-

tía en el video que hacía parte del material probatorio, factores tales

como el ataque de hormigas, los efectos del suministro del insumo

químico llamado “Concept iii” y la mala calidad del suelo en uno de los

terrenos utilizados para el cultivo.

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De esta manera, determinó el juez de segundo grado reducir en

un cincuenta por ciento el monto de la indemnización, para cuya ta-

sación acogió la cuantificación efectuada por los peritos, en la que es-

timaron tales daños en $337.491.000, lo que arrojaba una condena

neta por $168.745.500; precisó, seguidamente, que la referida suma

incluía la restitución del precio de la semilla debido a la anotada mala

calidad, concepto éste que correspondía a la noción de daño emer-

gente y no de lucro cesante.

V. La demanda de casación

Tres cargos propone la recurrente contra la sentencia combatida; el

primero con respaldo en la causal segunda y los dos restantes con

fundamento en el motivo primero de casación. La Corte resolverá en

forma conjunta y por adelantado los dos primeros, por cuanto aluden

a unos mismos aspectos, para luego decidir el último.

A. Cargo primero

Dice la recurrente que el fallo no está en consonancia con las preten-

siones y hechos de la demanda, ni con la excepción planteada, por

cuanto el juzgador se pronunció sobre una acción diferente de la pro-

puesta, con soporte distinto del aducido por el actor y sin resolver

aquel mecanismo defensivo.

1. Luego de anotar las diversas actuaciones y las piezas procesales en

las que el actor reiteró que la acción ejercida era de responsabilidad

civil contractual por incumplimiento o imperfecta satisfacción de la

obligación de saneamiento de la compraventa de la semilla, y refe-

rir el argumento a cuyo amparo la opositora propuso la excepción de

“carencia del derecho de demandar por inexistencia de la obligación

y de la relación jurídica pretendida”, sostiene la casacionista que el

tribunal, con desconocimiento de lo expuesto en el poder y en la de-

manda, asumió la acción como si se tratara de responsabilidad civil

extracontractual y confirmó el fallo estimatorio de primera instancia,

que había negado el acogimiento de dicha excepción, cual lo advertía

del capítulo de “antecedentes” de la decisión acatada, así como de sus

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consideraciones cuando afirmó que las partes ostentaban legitima-

ción, el actor por ser el perjudicado económico y la demandada debi-

do a que confesó ser la productora de la nombrada variedad.

2. Tras comentar que el tribunal nada dijo acerca de la excepción plan-

teada, pregona la impugnadora que el hecho de que en el acápite de

“antecedentes” de la sentencia ahora recurrida hubiese estimado que

la demanda era de responsabilidad aquiliana, sin dar las razones de

ese aserto, obedeció a que tal posición ya la había fijado a través de la

providencia del 15 de mayo de 2003 –que transcribe–, cuando cono-

ció del proceso por primera vez. Sostiene que como el juzgado del co-

nocimiento predicó que el actor ejerció precisamente dicha acción, la

confirmación dispuesta por aquél del fallo de éste, sin observaciones

sobre el punto, tradujo que avaló esa consideración; es decir, pese a

que Assis Contreras en el libelo hizo mención a una responsabilidad

civil contractual derivada del imperfecto cumplimiento de la obliga-

ción de saneamiento de la venta de las semillas, el juez de segundo

grado condenó a la opositora por la responsabilidad civil extracon-

tractual que dedujo de la desatención del deber de garantía mínima

que el Estatuto del Consumidor impone a los productores, y desesti-

mó la excepción aduciendo que la demandada era la productora de los

gérmenes; deduce así que la inconsonancia deviene de haber resuelto

el ad-quem una acción no propuesta, con base en circunstancias dis-

tintas a las señaladas, y decidido la excepción con desatención de sus

verdaderos fundamentos.

3. Después de resaltar cómo no se podía sostener que el cambio de

acción encontraba explicación en la labor de hermenéutica que de la

demanda supuestamente efectuó el juzgador, por cuanto sólo se in-

terpreta la que es oscura pero no la que es clara, como la que dio naci-

miento a este conflicto, más cuando los jueces de instancia no aludie-

ron a falta de precisión alguna o a contradicción interna del libelo, y

de citar pasajes de un precedente jurisprudencial sobre el tema plan-

teado, dice la recurrente que del modo expuesto emerge evidente el

quebrantamiento del artículo 305 del Código de Procedimiento Civil;

añade que si el sentenciador hubiese decidido la acción de responsa-

bilidad civil contractual necesariamente habría concluido en la falta

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de legitimidad de la demandada, por no estar vinculada a la específica

convención aludida en el escrito con el que se inició el pleito, que fue

lo que ella planteó como excepción.

B. Cargo segundo

Acusa la sentencia de violar, de manera indirecta, los artículos 822,

934 del Código de Comercio, 1494, 1566, 1602, 1613, 1615, 1914,

1915, 1917, 1918 del Código Civil, y 83 del Código de Procedimiento

Civil, por falta de aplicación; 2341, 2343, 2347 del Código Civil, 11 y

29 del Decreto 3466 de 1982, por aplicación indebida, a consecuencia

del error de hecho en que incurrió el tribunal al apreciar la demanda

y su contestación.

1. Con soporte en la trascripción que hace de algunos de los pedimen-

tos y hechos del libelo, así como con apoyo en los fundamentos de de-

recho incorporados en el mismo, expresa la casacionista cómo, pese

a la claridad de esa pieza procesal en todos sus aspectos, el ad-quem

se limitó a señalar que el actor había propuesto demanda ordinaria

de responsabilidad civil extracontractual, absteniéndose de dar las

razones de su aserto; y al tratar el tema de la legitimación, dedujo la

del actor por ser el perjudicado económico, y la de la demandada por

haber confesado en la contestación que produjo la semilla, para segui-

damente relacionar las diversas acciones que tendría el consumidor

frente al vendedor o al fabricante. Hace ver cómo aquél igualmente in-

dicó que los problemas de calidad presentados por los granos utiliza-

dos por el demandante en sus cultivos constituían el hilo que condu-

cía a la conclusión de que era clara la responsabilidad de la sociedad

vinculada como demandada.

2. De este modo, señala la censora que el silencio guardado por el juez

de segundo grado sobre las razones sustentantes de la tipificación

que hizo como extracontractual de la acción intentada no fue capri-

choso sino que obedeció a que con anterioridad, por el proveído del

15 de mayo de 2003, mediante el cual anuló lo actuado a partir del

auto del 5 de diciembre de 2001, el cual trascribe, ya había fijado su

criterio sobre el particular. Afirma entonces que aquél, en uso de la

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facultad-deber que tenía de interpretar la demanda, al observar, por

un lado, que en ella no se adujo ni comprobó la existencia de un acto

jurídico que vinculara a quien le vendió la semilla al demandante con

la demandada, esto es, “a la ocurrencia de una cadena heterogénea

de contratos” y, de otro, que estaba dirigida contra la productora de

la semilla, así como por hallarse fundada la reclamación de perjuicios

en que su deficiente calidad violó el régimen que ampara a los con-

sumidores, coligió que la acción propuesta era delictual. Añade que

como dicha prédica también la sostuvo el a-quo, la confirmación de su

fallo tradujo que el juzgador avaló esas razones, en orden a lo cual cita

algunos de sus apartes; es decir, el sentenciador desfiguró la demanda

al interpretarla, con lo cual cometió error de hecho, pues siendo ella

clara en cuanto a que la acción pretendida era de responsabilidad civil

contractual, al apreciarla, dedujo que refería una de carácter extra-

contractual fundada en el incumplimiento de la garantía mínima que

el Estatuto del Consumidor impone a todo productor.

3. Insiste en que los jueces de instancia en las providencias que vie-

nen referidas no aludieron a oscuridad o a contradicción interna de la

demanda, de donde no podían interpretarla, como lo hicieron, ya que

esa labor era admisible sólo con miras a desentrañar su verdadero

sentido. Por tanto, si el libelo cumplía los requisitos de precisión en

cuanto a la acción intentada y al fundamento de la responsabilidad

contractual imputada a la demandada, a aquéllos les estaba vedado

desarrollar ese trabajo de hermenéutica.

4. Afirma la recurrente que de admitirse que acá sí le era permitido

al ad-quem interpretar la pieza iniciadora del proceso, ese ejercicio

no lo facultaba para alterar su contenido material, cual lo hizo, ya que

una cosa es establecer lo que en la demanda está implícito, con el pro-

pósito de hacer prevalecer el derecho sustancial, y otra es modificar

los supuestos fácticos o las peticiones que en ella claramente se adu-

cen, que fue lo que aquél hizo, pues semejante poder, además de des-

bordado, arrasa con el derecho de defensa.

De esta manera el juez de segundo grado supuso que en el libe-

lo se planteó una acción extracontractual, dejando de ver que allí el

actor promovió una de responsabilidad civil contractual afincada en

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la compraventa que invocó como supuesto fáctico. Ese yerro lo con-

dujo a incurrir en otro igual frente a la contestación de la demanda,

por cuanto pretermitió el sustento fáctico de la excepción, consistente

en que la opositora no fue parte en aquel contrato, pues ese plantea-

miento aquél lo pasó por alto al desestimar esa defensa.

C. Consideraciones de la Corte

1. En tratándose de la causal segunda de casación, prevista en el artí-

culo 368 del Código de Procedimiento Civil, la Corporación tiene sen-

tado cómo, para establecer si ella tuvo suceso o no, ha de empezarse

por comparar los hechos, las pretensiones reclamadas y las excepcio-

nes propuestas con la parte resolutiva de la decisión, pues a partir de

lo que emerja de contrastar tales factores podrá determinarse si el fa-

llo desbordó los límites trazados por los enunciados actos procesales,

y si resultó por ello ultra, extra o citra petita, e incurrió en un error in

procedendo.

Y conforme lo ha señalado la Corte, la incongruencia relativa a los

fundamentos fácticos que integran la causa petendi ocurre cuando el

juzgador “al considerar los hechos sustentantes de la pretensión, no

hace cosa distinta a la de despreocuparse de la demanda para tomar

únicamente en cuenta aquellos que, de acuerdo con su personal cri-

terio, resultan dignos de ser valorados”(G. J., t. ccxxv, p. 255), pues,

como también lo ha expresado, se trata de un “yerro por invención o

imaginación judicial, producto de la desatención o prescindencia de

los hechos de la demanda” (Sentencia 225 del 27 de noviembre de

2000, exp. 5529).

2. Desde otro punto de vista, es claro que la labor de interpretación

de la demanda, desarrollada con el único propósito de descubrir la

intención original de quien acude a la jurisdicción, el juez la podrá

adelantar en la medida en que el libelo se lo permita sin desfigurar

la realidad que por sí sola allí se patentice, esto es, en aquellas hipó-

tesis en que al hacerlo no modifique la esencia de lo pedido ni de las

circunstancias fácticas en que el actor haya fundado esas súplicas; ya

que, para decirlo en sentido contrario, si el contenido integral del acto

introductorio ostenta claridad y precisión meridianas o si, en cam-

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bio, su oscuridad y confusión es de tal magnitud que objetivamente se

hace imposible encontrar ese verdadero horizonte, entonces el sen-

tenciador no podrá más que sujetarse a la literalidad que aparezca

expuesta, con las respectivas consecuencias para el promotor del pro-

ceso, por supuesto que aquél no goza de esta facultad interpretativa,

ha dicho la Corte, por un lado, “cuando la imprecisión y oscuridad

de sus términos es tal que obstaculice por completo la averiguación

de lo que el demandante quiso expresar, evento en el que, so pena

de incurrir en yerro fáctico, no es posible la interpretación porque se

suplantaría la presentada por su autor, sustituyéndolo de esa carga

consagrada en la ley de manera exclusiva para él”, y, por el otro, en los

casos en que los términos del aludido escrito “sean de tal precisión y

claridad que no dejen ningún margen de duda acerca de lo pretendido

por el demandante, caso este último en el que el juez debe estarse a

ellos en la forma como se los presenta el actor, por cuanto pretender

una interpretación de los mismos lo conduciría a un yerro similar, que

en ambos casos sería manifiesto” (G. J., t. ccxliii, pp. 112 y 113).

En este sentido deviene incuestionable afirmar que el ad-quem

cometerá yerro fáctico si al interpretar la demanda se aparta de los

lineamientos que vienen precedidos, pues al hacerlo estaría tergiver-

sando el texto de la pieza inicial del proceso o cercenando su conteni-

do original, falencias que, de presentarse, por contera configurarían

la causal de casación prevista en el inciso 2.°, numeral 1, del artículo

368 del Código de Procedimiento Civil, en la medida en que fueren

evidentes y trascendentes, toda vez que, como lo tiene dicho la Sala,

para que se configure el error en la interpretación de la demanda, es necesa-

rio como lo exige la ley, que “sea manifiesto”, ostensible o protuberante, es

decir que salte a la vista de la simple lectura de la demanda, pues la actividad

de interpretación solamente es atacable en casación “cuando fuere notoria

y evidentemente errónea, lo que no se daría cuando entre varias interpre-

taciones razonables y lógicamente posibles, el tribunal ha elegido alguna de

ellas...” (G. J., t. ccxxv, 2ª parte, p. 185).

3. Como quedó visto de la sinopsis que se hizo del fallo combatido, el

juzgador aseguró que, a términos del Decreto 3466 de 1982, en casos

como el presente la acción podía instaurarse directamente contra la

persona que ostentara la calidad de productora, quien, por esa condi-

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ción, al tenor del aludido Estatuto del Consumidor tenía la obligación

de garantizar la buena calidad del producto que distribuyera a través

de sus expendedores; por tanto, indicó, estaba al arbitrio del deman-

dante dirigir su demanda de responsabilidad contractual únicamente

en contra del vendedor, promoverla frente a ese sujeto y al fabricante

de las cosas, evento en el que debía acreditar la cadena contractual, o,

en últimas, intentar su pretensión de responsabilidad civil extracon-

tractual sólo contra el productor.

No sin antes aludir a la importancia que tenía en la Unión Europea

el tema atinente a la obligación legal de garantía a cargo del productor

dentro de la órbita del derecho de protección al consumidor, el sen-

tenciador dio por establecida la legitimación de las partes en esta cau-

sa, así: la del promotor del proceso, debido a que tenía la condición

de perjudicado económico, y la de la opositora, por cuanto al contes-

tar la demanda confesó ser la productora de la semilla de sorgo tipo

“Sinupar 2R” adquiridas por aquél, en la medida en que al responder

el hecho segundo señaló que tales artículos no le fueron comprados,

que una era la situación jurídica del fabricante frente al consumidor

y otra la del vendedor o distribuidor, a lo que añadió que la deman-

dada, al fundamentar la excepción expresamente afirmó que el ac-

tor le compró los aludidos granos a la sociedad Semillas & Semillas

Limitada y no directamente a ella, quien ha debido ser llamada “sólo

en garantía como productora”.

Con esa base, apoyado en las pruebas que relacionó, el ad-quem

aseveró que como el dictamen pericial practicado dentro del proceso,

no objetado por ninguna de las partes, ostentaba especial connota-

ción demostrativa, en particular por la incuestionable competencia

de los peritos y el aquilatado fundamento en que aparecían soporta-

das sus conclusiones, debía tener por cierta la circunstancia consis-

tente en que las aludidas semillas, utilizadas por el demandante en los

cultivos de sorgo por él plantados durante 1999, habían presentado

“problemas en su calidad”. Por ahí mismo, concluyó que era clara la

responsabilidad civil de la demandada, para finalmente precisar que

la suma por la cual impondría la condena correspondía sólo a la resti-

tución del precio de la semilla debido a la anotada mala calidad, y no

al concepto de lucro cesante.

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4. De lo que viene de compendiarse se aprecia que el juez de segundo

grado, para otorgarle mérito a las pretensiones y desestimar la excep-

ción planteada, entendió que a Semillas Andree Agrícola Limitada se

la demandó no propiamente porque tuviera la condición de parte de

una determinada relación negocial sino por la calidad que de produc-

tora tenía de los granos adquiridos por el demandante, con relación

a los cuales éste había deprecado el correspondiente resarcimiento

de los daños padecidos. Fueron precisamente estos extremos, valga

reiterar, los hechos consistentes en que aquélla era la productora de

las semillas y que Assis Contreras sufrió perjuicios económicos por

cuanto las mismas presentaron “problemas en su calidad”, los que lo

condujeron a pregonar la legitimación en la causa de las partes del

proceso y, por contera, a desestimar, aunque implícitamente, la ex-

cepción de “carencia del derecho de demandar por inexistencia de la

obligación y de la relación jurídica pretendida”, pues comprendió que

dadas esas puntuales circunstancias fácticas, a la luz de las normas

positivas que protegen los derechos de los consumidores incorpora-

das en el Decreto 3466 de 1982, el actor sí podía promover esta ac-

ción contra aquella persona jurídica para que le reparara el derecho

lesionado a raíz de que los aludidos productos resultaron de mala ca-

lidad. Con esa específica inteligencia dedujo entonces que era “clara la

responsabilidad civil” de la opositora, a quien condenó a restituirle al

actor nada diferente al “precio de la semilla debido a la anotada mala

calidad de la misma”.

5. Como se verá enseguida, el entendimiento que del modo expuesto

el juzgador le otorgó a la controversia no se aparta del marco que le

trazó el contenido objetivo, lógico y razonable que emana de la de-

manda y su contestación.

En efecto, sin desconocer que en la parte introductoria del libe-

lo el actor de manera explícita dijo presentar “demanda ordinaria de

responsabilidad civil contractual e indemnización de perjuicios” y

que tanto en las pretensiones como en la causa petendi hizo referen-

cia al contrato a través del cual él adquirió los artículos que le cau-

saron daño por su bajo vigor y deficiente poder de germinación, lo

cierto es que del análisis de esa pieza procesal se encuentra que de

ella también podía advertirse una reclamación como las que trata el

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Decreto 3466 de 1982, que regula lo concerniente a la protección de

los derechos del consumidor.

Es así como en los hechos de la demanda se señaló, en lo funda-

mental, que para sembrar en el primer semestre de 1999 en algunos

predios de su propiedad, Tobías Assis adquirió 469 bolsas o bultos de

semilla de sorgo variedad “sinupar 2R” producida por Semillas Andree

Agrícola...” (se resalta), las cuales había comprado en Montería en el

concesionario o distribuidor Semillas & Semillas Limitada; asimismo,

que para la adecuada germinación, desarrollo y producción de los

cultivos respectivos, el demandante dispuso de los elementos nece-

sarios, tales como herbicidas, plaguicidas y otros insumos agrícolas;

igualmente, que acaecido su nacimiento, la aludida semilla apareció

“con síntomas de bajo vigor” e “intoxicación”, situación que generó

una deficiente germinación, así como favoreció la “horadación por

hormigas u otras causas”; que esa mala calidad de los señalados artí-

culos, causante de graves perjuicios, motivó no sólo la intervención de

la agremiación de los cerealistas y cultivadores sino la realización de

estudios por parte de profesionales en la materia, para cuya práctica

se solicitó la presencia de un “representante de la casa productora”

(se resalta), vale decir, la opositora; del mismo modo se expresó que

estos análisis demostraron cómo la semilla en cuestión presentaba

“una germinación inferior al 80% en el que debía encontrarse para

la época transcurrida entre la siembra y la visita” y “poco vigor en las

plantas” que nacieron; y que, justamente, debido a la mala calidad y al

bajo poder de crecimiento los cultivos se verían afectados, incluso en

las cosechas futuras.

Y en las pretensiones se solicitó declarar que la demandada,

como casa productora de los granos, era civilmente responsable de

los daños padecidos por Assis Contreras con las 469 bolsas de semi-

lla de sorgo variedad “sinupar 2R” [...] cuya malísima calidad se evi-

dencia [...] adquiridas en los concesionarios autorizados” Semillas &

Semillas Limitada, y que, como consecuencia, se condenara a aquélla

a pagarle los perjuicios causados a raíz del “imperfecto cumplimiento

de la obligación del saneamiento cabal y oportuno de la compraventa

reclamada, al vender semillas de mala calidad y [...] casi ningún po-

der” de germinación.

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6. Emerge así palmario que la referencia que en los diversos apar-

tados del libelo el actor hizo al negocio jurídico de compraventa no

necesariamente debía ser entendida en el sentido de que estuviera

afirmando que él adquirió directamente de la demandada las semillas

en cuestión o que le atribuyera a ella una responsabilidad ceñida úni-

ca y exclusivamente al campo contractual, como equivocadamente lo

da a entender la casacionista, pues, conocido el ámbito de la causa pe-

tendi y del petitum que fueron incorporados en el acto introductorio,

la relación convencional allí aludida podría aceptablemente ser com-

prendida como la determinación de la fuente de donde aquél obtuvo

esos productos, sin que pueda perderse de vista que, en todo caso, la

vinculación de la opositora a esta acción habría tenido como causa

fundamental el hecho de que ella fue la productora de tales artículos,

por supuesto que si en esa particular condición Tobías Assis convocó

a juicio a Semillas Andree Agrícola Limitada, era apenas natural, como

aplicación manifiesta de la teoría de la sustanciación

, que revelara o

explicara dónde, cómo y cuándo se hizo a los bienes que por su carác-

ter defectuoso le causaron los daños cuyo resarcimiento pretendía.

Desde esta perspectiva, sin pasar por alto que el demandante in-

tituló su libelo como de responsabilidad civil contractual, ni que en

los hechos y pretensiones mencionó el contrato por medio del cual

adquirió de Semillas & Semillas Limitada los referidos granos, ha de

puntualizar la Corte que tampoco podía descartarse que su acción es-

tuviera encaminada a hacer efectiva la responsabilidad a cargo de la

demandada, en su calidad de productora de las mentadas especies, tal

como lo percibió el ad-quem, toda vez que del contenido integral de la

demanda podía extractarse razonablemente que tal condición –la de

productor– también constituía un soporte esencial de la reclamación,

enderezada precisamente a que le fueran resarcidos los perjuicios de-

rivados de la mala calidad de dichos elementos, representada en su

poco vigor y bajo o casi ningún poder de germinación, supuesto que

bien podría enmarcarse dentro de la normativa prevista por el artícu-

6 Cfr. Cas. Civil del 25 de abril de 1975 (G. J. t. cli, p. 95); Hernando Devis Echandía.

Compendio de Derecho Procesal, Teoría General del Proceso, t. i, 12.

ed., Medellín,

Biblioteca Jurídica Dike, 1987, p. 426; Hernando Morales Molina. Curso de Derecho

Procesal Civil, Parte General, 11.a ed., Bogotá, Edit. abc, 1991, pp. 341 a 343.

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lo 11 del Estatuto del Consumidor, concerniente a la llamada “garan-