El hacinamiento carcelario: Un problema sin solución a la vista

Resumen

El hacinamiento de reclusos es uno de tantos problemas de la crisis de las prisiones en el país. Desde 1998 ha sido diagnosticado por la Corte Constitucional como un estado de cosas inconstitucional, que se traslada a estaciones de policía y establecimientos de detención transitoria. Pese a los varios requerimientos, el Estado colombiano no ha tomado las medidas necesarias para superarlo. Se evidencia una política penal fallida, sin voluntad política y sin un esfuerzo real para dar cumplimiento a las obligaciones de garantizar la dignidad y otros derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad. En el incumplimiento está comprometido no solo el Poder Ejecutivo, a cuyo cargo están las prisiones, sino también el legislador que se ha negado a adoptar medidas de descriminalización de conductas, desprisionalización, alternatividad a la prisión y la justicia restaurativa. También lo están la Fiscalía General de la Nación y los jueces penales en relación con la medida de aseguramiento de detención preventiva que se aplica con muy alta frecuencia. Las cárceles que están en proyecto no alcanzan a cubrir sino una mínima parte de las necesidades de cupos y la solución no está tan solo en la construcción de más cárceles. Es necesario el diseño de una política criminal coherente orientada a la protección de los derechos de las personas. Con voluntad política, el Estado puede acometer soluciones temporales a corto plazo y definitivas en un plazo mayor, que obedezca a un programa que se proponga cumplir para solucionar la violación de derechos humanos en las prisiones del país.