Seguridad y reincorporación  
en Colombia, 2024  
Cristhian Leonardo Diaz Pérez*  
mn  
Security and reincorporation  
in Colombia, 2024  
Resumen  
Desde la firma del “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una  
paz estable y duradera” en diciembre de 2016, más de 420 personas en proceso de reincor-  
poración han sido asesinadas en Colombia, lo anterior, debido a causas como la continuación  
del conflicto armado por el control del territorio de grupos armados organizados y la inefi-  
cacia de las políticas de seguridad. Bajo este panorama, se realizará un estudio histórico cen-  
trado en definir las variables y los actores que influyen en la configuración de los homicidios,  
en especial, en el fenómeno de la violencia ocasionada por el control territorial por parte de  
dichos grupos armados, referente a la eficacia de las políticas y rutas de atención y preven-  
ción establecidas desde el Gobierno nacional, todo ello nos permitirá evidenciar el avance en  
el cumplimiento del punto 3.4 del acuerdo referente a las garantías de seguridad de personas  
en proceso de reincorporación.  
Palabras clave: Acuerdo final de paz; Centros Integrados de Información; Seguridad de la po-  
blación en proceso de reincorporación; Ministerio de Defensa Nacional; Persona en Proceso  
de Reincorporación.  
Abstract  
Since the signing of the final agreement for the termination of the conflict and the construc-  
tion of a stable and lasting peace in December 2016, more than 420 people in the process of  
*
Abogado y especialista en Derechos Humanos y Sistemas de Protección de la Universidad  
Militar Nueva Granada. Asesor jurídico Secretaría de Gabinete del Ministerio de Defensa  
Nacional; e-mail [jeronimo.diaz.mendoza@gmail.com], orcid [https://orcid.org/0009-  
0003-5492-3898].  
Nuevos Paradigmas de las Ciencias Sociales Latinoamericanas  
issn 2346-0377 (en línea) vol. XVI, n.º 32, julio-diciembre 2025, Cristhian L. Díaz P. pp. 283 a 316  
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reincorporation have been murdered in Colombia. This is due to causes such as the continua-  
tion of the armed conflict for territorial control by organized armed groups and the ineffecti-  
veness of security policies. Under this scenario, a historical study will be carried out focusing  
on defining the variables and actors that influence the configuration of homicides, especially  
in the phenomenon of violence caused by territorial control by this groups, regarding the  
effectiveness of policies and care and prevention routes established by the national gover-  
nment. All of this will allow us to demonstrate the progress in compliance with point 3.4 of  
the agreement regarding security guarantees for people in the process of reincorporation .  
Keywords: Final peace agreement; Integrated Information Centers; Security of population  
in the process of reincorporation, Ministry of National Defense; Person in the Process of  
Reincorporation.  
Fecha de presentación: 16 de abril de 2025. Revisión: 9 de junio de 2025. Fecha de aceptación:  
14 de julio de 2025.  
ef  
I. Introducción  
El “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción  
de una paz estable y duradera” –afp– marcó un hito histórico en  
Colombia en el cambio de percepción sobre el conflicto armado no in-  
ternacional que se había desarrollado en el país por más de cinco dé-  
cadas, este hito planteó entre muchos cambios, el paso a la vida civil  
de excombatientes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-  
Ejército del Pueblo –farc-ep–, dentro de las múltiples aristas conside-  
radas para este fin, fue necesario contemplar garantías de seguridad,  
para ello, dentro de las negociaciones adelantadas, se logró incluir un  
punto específico para el seguimiento de dichas garantías, que por su-  
puesto contempla la protección frente a grupos armados organizados  
–gao– que amenacen contra la construcción de paz.  
Aun en este contexto, a ocho años de la firma del afp, más de 420  
personas en proceso de reincorporación –ppr– han sido asesinadas  
en Colombia, al indagar sobre las principales causas dinamizadoras  
de esta situación, encontramos, por un lado, la continuación del con-  
flicto armado por el control territorial y de las economías ilícitas, lu-  
cha en la cual las ppr son percibidas como una amenaza por posible  
filtración de información a la Fuerza Pública o como personas con ex-  
periencia que pueden contribuir al objetivo de estos grupos, convir-  
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tiéndolos en una población susceptible de retenciones forzadas y, por  
otro lado, se encuentra la tardía y en ocasiones ineficaz implementa-  
ción de garantías de seguridad, aspecto reflejado en la ausencia del  
Estado en zonas rurales donde habitan ppr y la falta de prevención y  
respuesta inmediata por parte del sector defensa ante situaciones de  
configuración de riesgo.  
En este sentido, la investigación se direcciona en evidenciar la  
eficacia de las políticas de seguridad de ppr frente a la materializa-  
ción del riesgo que representan los gao. Por lo anterior, se partirá de  
un análisis de las políticas adoptadas por el Ministerio de Defensa  
Nacional –mdn– como encargado de la seguridad de los firmantes,  
para relacionar resultados obtenidos de estas estrategias. En este  
punto, se resaltará un entendimiento basado en cómo las acciones  
concretas adoptadas por el sector defensa terminan traduciéndose  
en realidades concretas para los firmantes de paz.  
En seguida, se relacionarán los principales focos de violencia en  
que participan los gao, al identificar los principales objetivos de estas  
organizaciones, como son el control territorial, la apropiación de las  
áreas destinadas a cultivos ilícitos y el dominio de estas economías.  
Más adelante, se construirá un análisis sobre las causas y los ac-  
tores en los homicidios de ppr en Colombia, se abordará un balance  
de los resultados de las políticas implementadas para la seguridad  
de firmantes frente al número de afectaciones materializadas en su  
contra.  
Lo previo permitirá evidenciar el grado de eficacia de las garan-  
tías de seguridad de ppr frente a los principales focos de riesgo en  
que participan los gao.  
En este escenario, la presente investigación se sitúa como un en-  
clave para entender algunas de las causas de la violencia contra ppr,  
referidas a la participación de grupos armados como dinamizadores  
de este fenómeno. En este marco, al contrastar la eficacia de las po-  
líticas de seguridad es posible evidenciar vacíos actuales y proponer  
posibles soluciones a la problemática.  
A su vez, al identificar los principales factores de afectaciones  
contra las personas en reincorporación y proponer estrategias para  
prevenirlos, consecuencialmente se hacen aportes para la materiali-  
zación del punto 3.4 del afp, al menos, en lo referido a la seguridad de  
firmantes de paz.  
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En consecuencia, la presente se construirá desde el método his-  
tórico, que permitirá contextualizar el fenómeno de violencia en el  
tiempo y comprender las interacciones entre estos actores y las di-  
námicas del conflicto, al analizar el período y enfrentar cada medida  
adoptada desde el mdn y la repercusión que tiene tanto en las diná-  
micas del conflicto, como en las garantías de seguridad para las ppr.  
En conjunto, la investigación pretende presentar una visión am-  
plia que aborde la problemática que enfrentan las ppr en Colombia  
y permitirá la construcción de algunos lineamientos que permitan la  
materialización de garantías de seguridad contempladas dentro del  
afp y, así, una mayor implementación del mismo, para poner de pre-  
sente un enfoque bidimensional que funge como herramienta para  
mejorar el entendimiento sobre la situación actual de seguridad y la  
realidad que vive la población firmante en su camino hacia a la rein-  
corporación.  
II. Metodología  
La presente investigación parte del método histórico, el cual permite  
contextualizar el fenómeno de la violencia en el tiempo y compren-  
der las interacciones entre los actores y las dinámicas del conflicto.  
Se analiza el período 2016-2024, al confrontar cada medida adopta-  
da por el mdn con su repercusión en las garantías de seguridad para  
las ppr. Las fuentes primarias incluyen informes institucionales del  
mdn, el celit, la –uei– y la Defensoría del Pueblo, complementadas  
con datos del Visor de Asesinatos del Instituto de Estudios para el  
Desarrollo de la Paz –indepaz– y el pesp.  
El marco metodológico adoptado en esta investigación dialoga  
con la literatura internacional especializada sobre los procesos de  
desarme, desmovilización y reintegración –ddr–. En particular, el  
análisis longitudinal del período 2016-2024 se ve enriquecido por  
los hallazgos de James Meernik, Juan Camilo Gaviria Henao y Laura  
Baron-Mendoza1, quienes señalan que la inseguridad en los munici-  
pios donde residen los excombatientes constituye uno de los factores  
1
James Meernik, Juan Camilo Gaviria Henao y Laura Baron-Mendoza. “Insecurity and  
the Reintegration of Former Armed Non-State Actors in Colombia”, en European Political  
Science Review, vol. 13, n.° 4, 2021, pp. 528 a 546.  
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predictivos más determinantes para el abandono o fracaso de los pro-  
gramas estatales de reincorporación en Colombia. La medición de las  
variables de seguridad territorial y la articulación interinstitucional,  
tal como se propone en el presente estudio a través del análisis del  
pesp y los ci2ppr, resulta coherente con los enfoques cuantitativos y  
cualitativos consolidados en la literatura comparada sobre ddr.  
III. Resultados  
A. Políticas de seguridad adoptadas por el mdn para garantizar  
la seguridad de las personas en proceso de reincorporación  
La firma del afp en 2016 marcó un hito histórico en el país, pues a tra-  
vés de este se puso fin a uno de los principales conflictos armados no  
internacionales de Colombia, conflicto que enfrentaba al Estado con  
las farc-ep, así mismo, desde este momento inicio la reincorporación  
a la vida civil para la población firmante y la correspondiente recon-  
ciliación de la sociedad.  
De la misma forma, se estableció un punto de inflexión a través de  
la definición de seis puntos para el proceso, resumidos en la siguiente  
forma: 1. Reforma rural integral; 2. Final del conflicto; 3. Participación  
política; 4. Solución al problema de las drogas; 5. Derechos de vícti-  
mas; y 6. Refrendación, verificación e implementación del afp.  
Así, dentro del punto 3, es decir, final del conflicto, se contempló  
la dejación de armas y el cese al fuego; para configurar este acuerdo  
fue necesario contemplar un marco normativo para garantizar la se-  
guridad de quienes participarán de su implementación, en términos  
del afp se centraría en la lucha contra los gao dinamizadores de afec-  
taciones contra personas que participen de la implementación del  
afp y la construcción de paz, que incluye a aquellas organizaciones  
que se denominen como sucesoras del paramilitarismo y sus redes  
de apoyo2.  
2
Gobierno de Colombia. “AcuerdoFinalparalaTerminacióndelConflictoylaConstrucción  
de una Paz Estable y Duradera” Bogotá, Ministerio de Cultura y Biblioteca Nacional, 2016,  
disponible en [https://www.jep.gov.co/Documents/Acuerdo%20Final/Acuerdo%20  
Final%20Firmado.pdf].  
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Dentro de este marco jurídico, el mdn en 2024 estableció al me-  
nos cuatro estrategias relevantes, dentro de las cuales se encuentran:  
1. La adopción del pesp; 2. Los Centros Integrados de Información  
para Fortalecer la Seguridad de ppr –ci2ppr–, la estrategia Themis y  
su versión 2.0, cada una enfocada de la siguiente forma.  
B. Plan Estratégico de Seguridad y Protección –pesp–  
Nace como respuesta a los compromisos adquiridos en el afp, en sus  
puntos 2.12.1 y 3.4.7.4.2, estableció la necesidad de garantizar segu-  
ridad para las ppr y, en especial, para aquellas excombatientes que  
harían tránsito a la vida política, es así que el Decreto 895 de 29 de  
mayo de 20173, creó el sisep que, en ejercicio de sus funciones, esta-  
bleció el pesp como una de las guías fundantes para la seguridad de la  
población firmante.  
Su creación se da mediante Decreto 299 de 23 de febrero de  
20174 que adiciona al Decreto 1066 de 26 de mayo de 20155 el capítu-  
lo 4, por medio del cual se crea el pesp con el objetivo de determinar  
dentro del ámbito de competencias de las instituciones estatales, las  
funciones de seguridad para ppr y familiares de ppr ante situaciones  
de riesgo inminente.  
En este marco, el pesp establece el Protocolo de Reacción  
Inmediata que contempla la evacuación y extracción de emergencia  
de personas objeto del afp.  
Con el objetivo de cumplir con el principio de coordinación y  
corresponsabilidad institucional propuesto desde el Decreto 299 de  
2017 recién citado y el pesp y fomentar además de articular las accio-  
nes del orden municipal, departamental y nacional, el mdn lo adoptó  
3
4
“Por el cual se crea el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política –si-  
sep–”, Diario Oficial, n.° 50.241, de 29 de mayo de 2017, disponible en [https://www.  
funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=80526].  
“Por el cual se adiciona el Capítulo 4 al Título 1, de la Parte 4 del Libro 2 del Decreto  
número 1066 de 2015, en lo que hace referencia a un programa de protección”, Diario  
Oficial, n.° 50.156, de 23 de febrero de 2017, disponible en [https://www.suin-juriscol.  
gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30030379].  
5
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo  
del Interior”, Diario Oficial, n.° 49.523, de 26 de mayo de 2015, disponible en [https://  
www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30019912].  
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mediante Resolución 2514 de 27 de junio de 20246 como marco para  
la atención de situaciones de riesgo, al coordinar con la fuerza pública  
las medidas necesarias para su materialización, entre estas, la ruta de  
evacuación para ppr en situación de riesgo inminente.  
Aun en este panorama, en revisión por la Corte Constitucional,  
se reconoció el estado de cosas inconstitucionales relacionado con  
la seguridad de ppr, es así, que mediante una sentencia7, se instó al  
Gobierno nacional a materializar y fortalecer el cumplimiento del  
pesp, a partir de las siguientes seis líneas estratégicas: 1: Prevención,  
considerada como intervención temprana para la seguridad huma-  
na; 2. Protección integral para la vida; 3. Garantías de seguridad para  
el ejercicio de la política; 4. Garantías para la reincorporación con en-  
foque de seguridad humana; 5. Fortalecimiento de la coordinación y  
articulación interinstitucional para la consolidación de la paz total;  
y 6. Ruta de acción interinstitucional ante situaciones de emergencia.  
Al estar relacionadas de manera directa con las funciones del  
mdn, se dará especial atención a las líneas estratégicas 2 y 6, en la  
forma que a continuación se describe.  
Línea estratégica 2. Protección integral para la vida. El subpro-  
grama 2.3.4 se centra en la protección integral para la vida y estable-  
ce medidas específicas para fortalecer el celit. Este subprograma no  
solo tiene como objetivo mejorar las capacidades humanas y técnicas  
de los miembros del celit, sino también garantizar los recursos nece-  
sarios para cumplir su misionalidad, esto incluye la provisión de equi-  
pos de última tecnología, la formación continua y especializada y los  
protocolos de actuación que optimicen su eficacia operativa. Además,  
se enfoca en la creación de alianzas estratégicas con otras entidades  
de seguridad y defensa para fomentar la cooperación y coordinación  
en operaciones conjuntas. De esta manera, el subprograma 2.3.4 bus-  
ca no solo reforzar la capacidad de respuesta del celit ante situacio-  
nes críticas, sino también contribuir a la seguridad y protección de la  
comunidad en general, tal como se enmarca en la siguiente imagen:  
6
“Por la cual se adopta el ‘Plan Estratégico de Seguridad y Protección – pesp”, disponi-  
ble en [https://www.mindefensa.gov.co/sites/web/content/management/api/v1.1/  
assets/CONT4A091CBBC0DF4403871C808B9CE3BB37/native/Resolucion2514_2024.  
pdf].  
7
Sentencia SU-020 de 27 de enero de 2022, M. P.: Cristina Pardo Schlesinger, disponible  
en [https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2022/su020-22.htm].  
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Cristhian Leonardo Díaz Pérez  
Imagen 1. Línea estratégica 2. Articulación  
entre el Plan Estratégico de Seguridad y  
Protección y el programa de protección integral  
Fuente: Ministerio de Defensa Nacional. “Resolución 2514 de 27 de junio de 2024”, cit.,  
p. 25.  
Como se evidencia en la imagen 1, el subprograma de esta línea es-  
tratégica contempla además de lo mencionado, una política pública  
de desmantelamiento de organizaciones que atenten contra la cons-  
trucción de paz, misma que fue adoptada mediante Decreto 0665 de  
24 de mayo de 20248.  
En desarrollo de lo previo, en 2018 se creó el Cuerpo Elite Policial  
como respuesta a la necesidad de reforzar la protección de líderes  
sociales, defensores de derechos humanos y ppr, su creación se fun-  
damenta en el punto 3.4.4. del afp, donde se resalta la importancia de  
establecer un cuerpo especializado para investigar y judicializar a los  
responsables de afectar a los firmantes de dicho acuerdo.  
Para entender la importancia del celit en el desarrollo de las  
obligaciones del mdn en relación con la seguridad de firmantes, resul-  
ta relevante listar sus funciones, las mismas que pueden condensarse  
así: 1. Investigación y judicialización. Realizan investigaciones exhaus-  
tivas para identificar, capturar y llevar ante la justicia a quienes come-  
tan conductas punibles en contra de líderes sociales, defensores de  
derechos humanos y ppr; 2. Prevención: Desarrolla estrategias para  
la protección de las comunidades a partir de análisis de riesgos, iden-  
tificación de zonas críticas e implementación de medidas adecuadas  
para evitar la comisión de delitos; 3. Articulación. Coordinación con  
otras instituciones estatales, como la Fiscalía General de la Nación –  
fgn– y la Unidad Nacional de Protección –unp– para asegurar una  
respuesta integral y efectiva ante las amenazas que enfrentan las ppr.  
8
“Por medio del cual se adopta la Política Pública y Criminal y el Plan de Acción Permanente  
para el desmantelamiento de las conductas y organizaciones que trata el Decreto Ley 154  
de 2017”, Diario Oficial, n.° 52.766, de 24 de mayo de 2024, disponible en [https://www.  
suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30030379].  
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Bajo este marco funcional y en atención a la línea estratégica 2, la  
protección de la vida por parte del mdn se reflejó en la articulación in-  
terinstitucional para investigar las conductas punibles cometidas en  
contra de la población objeto del afp. Además de llevar a los culpables  
ante la justicia y contribuir a la prevención de futuros delitos.  
Línea Estratégica 6. Ruta de acción interinstitucional ante situacio-  
nes de emergencia. Al revisar el contenido de la recomendación, surge  
la necesidad de establecer un protocolo para responder a situaciones  
de crisis o emergencias que puedan afectar a las ppr o a quienes es-  
tán involucrados en el nuevo partido político surgido a partir de la  
extinción de las farc-EP, para garantizar una respuesta institucional  
rápida, efectiva y coordinada.  
En tal sentido, el afp le otorgó al mdn, en conjunto con otras enti-  
dades, las siguientes responsabilidades contenidas en la línea que se  
menciona:  
Imagen 2. Línea estratégica 6. Ruta de acción  
interinstitucional ante situaciones de emergencia  
Fuente: Ministerio de Defensa Nacional. “Resolución 2514 de 27 de junio de 2024”, cit.,  
p. 25.  
Como se evidencia en la imagen 2, el sector defensa tiene a su cargo  
un papel importante en la seguridad de la población objeto del afp,  
actúa de manera articulada con otras entidades como son la Unidad  
para la Implementación del Acuerdo de Paz –uiap–, el Ministerio del  
Interior, la unp, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización  
–arn–, gobernaciones, alcaldías, entre otros.  
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Cristhian Leonardo Díaz Pérez  
En relación con la primera acción, el protocolo de reacción in-  
mediata se desarrolló como un instrumento conjunto que involu-  
cra a todas las entidades responsables del proceso. Además, según  
el Comando General de las Fuerzas Militares –cogfm– y la Policía  
Nacional se informó que durante el 2024 se materializaron más de 21  
extracciones a ppr por parte de la Fuerza Pública9.  
En atención a las recomendaciones realizadas por la Corte  
Constitucional, es posible evidenciar que la tardía adopción de los li-  
neamientos por parte del mdn terminó por incidir en la falta de estruc-  
tura institucional para la atención de situaciones de riesgo inminente  
para la población firmante. Sin embargo, durante el período analiza-  
do, se materializó un avance con la adopción del pesp y la articulación  
del trabajo interinstitucional que permitió una respuesta más efectiva  
por parte del Estado para concretar la seguridad de la población ob-  
jeto del afp, prueba de ello es que según el informe de logros del mdn,  
en 2024 se redujo en un 39,5% el índice de afectaciones a ppr10.  
C. Centros Integrados de Información para Fortalecer la  
Seguridad de personas en proceso de reincorporación –ci2ppr–  
Para fortalecer el eje interinstitucional propuesto desde el pesp, el  
mdn mediante Directiva Permanente n.° 0006/202411, creó los ci2ppr  
con el objetivo de configurar las cargas de trabajo entre las diferentes  
entidades que trabajan en garantías de seguridad, de la forma que  
pasamos a describir.  
Esta herramienta se ha desarrollado para abordar la necesidad  
de mejorar el procesamiento, la evaluación y el análisis de los riesgos  
9
Comando General de las Fuerzas Militares. Informe de resultados frente al Protocolo  
de Reacción Inmediata, Bogotá, Comando General de las Fuerzas Militares diciembre de  
2024, p. 2.  
10 Ministerio de Defensa Nacional. “Rendición de cuentas”, Bogotá, Ministerio de Defensa  
Nacional, 2024, disponible en [https://www.mindefensa.gov.co/participa/rendicion-de-  
cuentas#sl-tabs-b5c4ebf2-0d0c-43cc-9099-7eace39f10c9-1], p. 69.  
11 Ministerio de Defensa Nacional. “Directiva permanente 0006 de 26 de febrero de  
2024, ‘Lineamientos para la organización del Centro Integrado de Información para for-  
talecer la seguridad de la población en proceso de reincorporación ppr – ci2ppr’”, Bogotá,  
Ministerio de Defensa Nacional, 2024, disponible en [https://www.studocu.com/co/do-  
cument/universidad-del-valle-colombia/resolucion-de-conflictos-en-la-escuela/dpm-  
006-del-2024-directiva-para-la-seguridad-de-ppr-en-colombia/140544842].  
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de seguridad que afectan a las ppr en todo el país, con el fin de obte-  
ner información que permita neutralizar las amenazas contra la vida  
e integridad, bajo el criterio de trabajo y coordinación interinstitucio-  
nal, de acuerdo con lo establecido por la Directiva Permanente citada,  
se desarrolla en dos niveles, central y regional.  
En el nivel central, deberán asistir, entre otras personas, los dele-  
gados de las siguientes entidades: mdn, cogfm, comandantes de fuer-  
zas, director general de la Policía Nacional, secretaria de gabinete del  
mdn con funciones de secretaria ejecutiva, jefe de inteligencia y con-  
trainteligencia militar conjunta y jefes de inteligencia de las fuerzas o  
sus delegados.  
De lo anterior se evidencia una relación de trabajo conjunto entre  
las entidades del sector defensa y, aunado a esto, con el fin de dar un  
espectro más amplio de consideración, se estableció que podrían ser  
invitados al ci2ppr de nivel central, las siguientes entidades: El alto  
comisionado para la paz o su delegado, la dirección de uiap, la fgn,  
el director de la uei, el director de la arn y el director de la unp o su  
delegado.  
En cuanto al nivel regional, podrán ser invitados el comandante  
operativo de seguridad ciudadana o su delegado, el jefe de operacio-  
nes de cada unidad militar o su delegado, el delegado respectivo de la  
uei de la fgn, el director de la arn y el director de la unp.  
Como resultado de este trabajo coordinado, desde el 1.° de ene-  
ro al 31 de diciembre de 2024, se realizaron ocho mesas técnicas y  
cinco mesas regionales en el marco del ci2ppr, esto, con la finalidad  
de abordar la atención territorial a los antiguos espacios territoriales  
de capacitación y reincorporación –aetcr–, unificación de cifras de  
afectaciones y seguimiento de la estrategia “Themis” y “Themis 2.0”12.  
De lo analizado, es posible concluir que los ci2ppr han sido una  
herramienta valiosa pero tardía para prevenir amenazas y defender la  
vida de ppr, en este sentido, se consagra un avance por parte del mdn  
en la configuración del trabajo interinstitucional para la seguridad de  
los firmantes del afp, al generar espacios de intercambio de informa-  
ción que permite la toma de decisiones casi en tiempo real sobre las  
situaciones de riesgo, presuntos móviles y presuntos responsables.  
12 Cuerpo Élite Policial. “Informe de resultados de seguridad de firmantes del afp 2024”,  
Bogotá, Policía Nacional, 2025, p. 2.  
N u e v o s Pa r a d i g m a s d e l a s C i e n c i a s S o c i a l e s L at i n o a m e r i c a n a s  
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Cristhian Leonardo Díaz Pérez  
Los resultados expuestos evidencian que el despliegue tardío  
del pesp y los ci2ppr responde a una brecha estructural que la lite-  
ratura comparada sobre ddr ha documentado de manera consisten-  
te. Meernik, Gaviria Henao y Baron-Mendoza13 demuestran que la  
probabilidad de que un excombatiente complete en forma satisfacto-  
ria el programa estatal de reincorporación, disminuye de forma sig-  
nificativa cuando el entorno municipal de residencia presenta altos  
niveles de inseguridad, fenómeno que se reproduce con precisión en  
los municipios de mayor concentración de ppr identificados en el pre-  
sente estudio –Caldono, Tibú, Puerto Asís y Fonseca–, donde la pre-  
sencia de gao y la disputa territorial generan ese entorno de riesgo  
persistente. En este sentido, la adopción tardía del pesp mediante la  
Resolución 2514 de 2024 antes citada y la puesta en marcha de los ci-  
2ppr ilustran cómo las respuestas institucionales del mdn han tenido  
un carácter reactivo frente a una problemática que, de acuerdo con la  
evidencia académica disponible, era previsible desde la firma del afp  
en 2016.  
D. Estrategia “Themis”  
Producto de la articulación entre el cogfm, la Policía Nacional y la uei  
de la fgn, como medida para proteger a la población en proceso de  
reincorporación, el 14 de marzo de 2024 se desarrolló la estrategia  
“Themis”, la cual tuvo por objetivo hacer cumplir las órdenes de cap-  
tura de los presuntos responsables de afectaciones en contra de la  
ppr.  
En este marco, se publicaron nueve “volantes de los más busca-  
dos” en siete departamentos en específico: Antioquia, Caquetá, Cauca,  
Meta, Nariño, Norte de Santander y Putumayo, los cuales contenían  
información sobre 109 cabecillas e integrantes de las disidencias de  
las farc-ep o Grupo Armado Organizado Residual –gao-r–, Ejército  
de Liberación Nacional –eln–, Autodefensas Gaitanistas y actores cri-  
minales individuales; producto de la estrategia, se materializaron 18  
capturas, disgregadas territorialmente, así: Antioquia (5); Cauca (4);  
Meta (3); Caquetá (2); Putumayo (2); y Norte de Santander (2).  
13 Idem.  
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Imagen 3. Volante de los más buscados  
en el marco de la estrategia “Themis”  
Fuente: Ministerio de Defensa Nacional. “Rendición de cuentas”, cit.  
Como se relaciona en la imagen 3, se priorizaron los principales cabe-  
cillas y mandos medios de los gao y grupos de delincuencia común,  
señalados de ser los presuntos responsables de afectaciones a ppr  
y sus familiares, instan sobre todo a la sociedad a brindar cualquier  
información que tenga sobre las personas allí contempladas, a cambio  
de una contraprestación económica.  
Así, la estrategia conjunta logró durante su vigencia la materia-  
lización de 109 órdenes de captura (30 integrantes de gao-r; 27 de  
las Autodefensas Gaitanistas; 6 del eln; 2 de gao; 22 de grupos de  
delincuencia común organizada (1 menor aprehendido); 32 actores  
criminales (2 extradiciones); y 1 abatido, de la columna Jorge Briceño  
del Bloque Oriental de las farc-EP14.  
14 Cuerpo Élite Policial. “Informe de resultados de seguridad de firmantes del afp 2024”,  
cit., p. 2.  
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Cristhian Leonardo Díaz Pérez  
Producto del trabajo articulado, se logró una disminución pro-  
gresiva de las afectaciones de firmante del afp, entre otras cosas,  
porque sirvió como medida de persuasión para los diferentes gao y  
porque enviaba un mensaje claro de que todo aquel que afectase un  
firmante de paz sería objeto de investigación y judicialización, esto  
permite concluir que la articulación y colaboración armónica entre la  
Fuerza Pública como base de configuración de las garantías de segu-  
ridad positivizadas en el afp, permite un avance significativo y eficaz  
para evitar la materialización de riesgos de inminencia contra ppr.  
E. Themis 2.0  
Durante la presentación del balance de los 270 días de la operación  
“Themis”, se anunció la versión ampliada “Themis 2.0”, en la cual se  
actualizaron y lanzaron 12 volantes de los más buscados, uno a ni-  
vel nacional, otro específico para el gao Autodefensas Gaitanistas y  
otros en departamentos priorizados como Cauca, Antioquia, Nariño  
y Meta, así, priorizó 78 objetivos por afectaciones a firmantes de paz  
y sus familias. Se materializaron siete órdenes de captura (2 gao-r; 3  
Autodefensas Gaitanistas; y 2 actores criminales individuales) como  
posibles autores y partícipes de siete afectaciones a firmantes del  
afp15.  
En testimonio logrado de la coordinadora del grupo del Sistema  
Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición –sivjrnr– del  
mdn, Ángela María Pedreros Guerra, indicó:  
Hay dos miradas, la primera es la seguridad de los firmantes del afp como  
personas que firmaron un acuerdo y están haciendo tránsito a la vida civil, lo  
cual es necesario para la estabilización del país. Por otro lado, está la segu-  
ridad de estas personas en tanto que tienen mucha información que puede  
ayudar a construir la verdad de las víctimas y la reparación integral de las  
mismas16.  
Para hacer tránsito a una sociedad estable, es necesario que se brin-  
den las garantías de seguridad para quienes dejaron las armas y estu-  
15 Ibid., p. 1.  
16 Ángela María Pedreros Guerra. Declaración sobre garantías de seguridad para firman-  
tes del afp [comunicación personal], Bogotá, Ministerio de Defensa Nacional, 2025.  
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Seguridad y reincorporación en Colombia, 2024  
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vieron dispuestos a confiar en la institucionalidad. En segundo lugar,  
si se protegen estas personas, las víctimas van a tener más facilidad  
para ser reparadas en forma integral.  
En este contexto, el afp significó una transformación profunda  
para el mdn, esto, al pasar de una institución enfocada sobre todo en  
la confrontación armada, a asumir un papel fundamental en la cons-  
trucción de paz, tanto las Fuerzas Militares como la Policía, debieron  
adaptarse a nuevas responsabilidades como la protección a ppr, la  
asistencia a comunidades afectadas por el conflicto y la lucha contra  
los gao-r.  
A medida que el pesp avanza en su implementación, estrategias  
como “Themis” y “Themis 2.0” resultan cruciales no solo para abor-  
dar las medidas de protección y seguridad de las ppr, sino también  
para profundizar en la identificación de los principales actores invo-  
lucrados en los asesinatos y las agresiones que han afectado a esta  
población. Estos hechos reflejan un contexto de violencia persistente  
que demanda un análisis detallado de los responsables y los motivos  
detrás de estos ataques.  
Así las cosas, con la estrategia “Themis” y su versión ampliada  
queda en evidencia que, producto del trabajo articulado, es posible  
disminuir las afectaciones a la ppr firmante del afp y además contri-  
buir a reducir los índices de violencia en contra de esta población, a  
partir de la premisa que toda conducta punible debe ser investigada  
para contribuir a las garantías de seguridad.  
Las políticas de seguridad implementadas por el mdn, a través  
de la adopción del pesp, los ci2ppr y la estrategia “Themis” y su ver-  
sión ampliada “Themis 2.0”, representan un esfuerzo significativo  
para proteger a los firmantes, estas iniciativas buscan la articulación  
interinstitucional, la recopilación y el análisis de información y la ac-  
ción directa contra los responsables de actos violentos. Sin embargo,  
a pesar de los avances logrados, la persistencia de focos de violencia  
representados por la presencia de los gao continúa como un desafío  
actual, estos gao con sus diversas motivaciones y dinámicas territo-  
riales constituyen una amenaza para los firmantes de paz, lo que exi-  
ge una atención y respuesta dinámica, continua y adaptativa.  
Dicho en otras palabras, no basta la adopción de políticas públi-  
cas orientadas a garantizar la seguridad de los firmantes del afp, sino  
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Cristhian Leonardo Díaz Pérez  
que las mismas deben estar encaminadas a generar, por un lado, la  
prevención de fuentes de riesgos o amenazas para evitar la materia-  
lización de afectaciones y por otro, que cuando esta se consume la  
respuesta sea en el modo, tiempo y lugar requerido.  
IV. Presencia de gao como focos de violencia  
contra personas en proceso de reincorporación  
Las raíces históricas del conflicto en Colombia pueden contarse desde  
su principal denominador, la ruralidad. En este sentido, al analizar la  
situación de seguridad de las ppr, podríamos determinarlas según su  
ubicación y la presencia de los gao en ella, contempla mínimamente  
los siguientes grupos residuales, creados con las facciones disidentes  
de la firma del afp: Autodefensas Gaitanistas y el eln, con esto en  
mente, el presente apartado pretenderá enunciar sin ánimo de pro-  
fundidad los principales focos de violencia en contra de ppr.  
Sea lo primero indicar que no existe una cifra oficial de afectacio-  
nes a firmantes del Acuerdo de Paz durante 2024, por una parte, se  
registran 31 casos17, 56 casos18 y 49 casos19, esta variación se debe a  
que la uei y el celit solo investigan afectaciones a ppr, entre las que  
se encuentran homicidios, tentativas de homicidio y desapariciones  
forzadas. Sin embargo, existen conductas punibles como el secuestro  
que son investigadas por una unidad diferente al interior de la fgn,  
por su parte, indepaz no diferencia los “móviles” de las afectaciones,  
bien podría un firmante fallecer producto de una riña y su muerte no  
estar relacionada con su calidad de persona en reincorporación.  
Sobre el particular, se emplea una cifra de afectaciones mixta,  
construida entre los datos del celit e indepaz, en la cual se relacio-  
narán entre otros aspectos los homicidios ocurridos durante el 2024,  
por esta razón se mencionará la información extraída del visor de  
asesinatos de indepaz.  
17 Indepaz. “Visor de asesinatos a firmantes del Acuerdo de Paz en Colombia”, [https://  
indepaz.org.co/visor-de-asesinato-a-firmantes-del-acuerdo-de-paz-en-colombia/], con-  
sultado el 6 de marzo de 2025, p. 1.  
18 Unidad Especial de Investigación –uei–. Informe de avance en investigaciones de afec-  
taciones a firmantes del afp, Bogotá, Fiscalía General de la Nación, 2025, p. 6.  
19 Cuerpo Élite Policial –celit–. Informe de resultados de seguridad de firmantes del afp  
2024, cit., p. 1.  
N u e v o s Pa r a d i g m a s d e l a s C i e n c i a s S o c i a l e s L at i n o a m e r i c a n a s  
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Seguridad y reincorporación en Colombia, 2024  
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Imagen 4. Visor de asesinatos a firmantes  
del acuerdo de paz en Colombia de indepaz  
Fuente: indepaz. “Visor de asesinatos a firmantes del Acuerdo de Paz en Colombia”, cit.  
En cuanto a afectaciones por homicidios contra ppr, Como se eviden-  
cia en la imagen 4, indepaz registró 31 asesinatos ocurridos en 29  
municipios, de los cuales todos eran hombres, de ello es importan-  
te resaltar que los meses con más homicidios fueron enero y junio  
(cinco casos cada uno), seguidos de agosto y diciembre (cuatro casos  
cada uno), esto debido a causas socioculturales como la celebración  
de inicio de año y la presencia de días feriados en los meses con mayo-  
res afectaciones. Del análisis de los cuatro meses con mayores índices  
de afectaciones, podemos evidenciar lo que se muestra en la página  
siguiente.  
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Imagen 5. Publicación de homicidios  
de firmantes en el mes de enero de 2024  
Fuente: indepaz. “Visor de asesinatos a firmantes del Acuerdo de Paz en Colombia”, cit.  
Como se puede evidenciar en la imagen 5, Giovanny Chávez Vega  
se encontraba activo en la ruta de reincorporación, tiene como de-  
nominador con los cuatro hechos ocurridos en el mes de enero de  
2024 que fueron perpetrados por “hombres armados”, que podrían  
ser de los frentes Carlos Patiño; Jorge Suárez Briceño; Ismael Ruiz; y  
Dagoberto Ramos del Bloque Suroriental, todos del estado mayor cen-  
tral del gao-r. Sin dejar de lado el homicidio de Mauricio Barragán  
Quintero, producto de una riña en la ciudad de Neiva (Huila), ocurri-  
do el 22 de enero de 2024.  
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De este modo, en la zona donde ocurrieron los hechos se ubica  
un foco de violencia que reúne Algeciras, San Vicente del Caguán, La  
Macarena y La Uribe, es un foco de violencia debido a la presencia de  
la Segunda Marquetalia, de manera específica, el Frente Comandante  
Jorge Briceño Suárez, el Frente 62 Compañía Fernando Díaz y la  
Columna Móvil Teófilo Forero Castro, lo que se evidencia una alta con-  
centración de gao en esa zona.  
Al analizar el siguiente mes con mayores afectaciones, es decir ju-  
nio, es posible evidenciar un aumento en la cantidad de afectaciones a  
ppr, que tiene las siguientes particularidades:  
Imagen 6. Publicación homicidios de  
firmantes en el mes de junio de 2024  
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Fuente: indepaz. “Visor de asesinatos a firmantes del Acuerdo de Paz en Colombia”, cit.  
Como se puede evidenciar en la imagen 6, en junio de 2024 se regis-  
traron cinco homicidios de ppr, todas las víctimas eran hombres y  
los asesinatos fueron perpetrados por elementos armados, es posible  
pertenecientes a frentes del gao-r y otros grupos disidentes. Estos in-  
cidentes reflejan un patrón de violencia dirigida de manera específica  
contra los firmantes del afp en regiones con alta actividad de grupos  
armados, destaca la persistente inseguridad y los desafíos en las ga-  
rantías de seguridad para esta población20.  
El departamento del Cauca se ha convertido en el epicentro de  
la actividad armada tras la firma del afp. La reestructuración de gao  
ha dado lugar a la formación de diversas facciones, como las colum-  
nas móviles Jaime Martínez, Dagoberto Ramos, Franco Benavides,  
Urías Rondón y los frentes Carlos Patiño, Ismael Ruiz, Rafael Aguilera  
y Compañía Adán Izquierdo. Los gao se han unido bajo el Comando  
de Occidente, una alianza de excombatientes que muestra mayor  
beligerancia y está involucrada en economías ilegales. En particu-  
lar, los municipios de Argelia y el Frente Carlos Patiño, junto al eln  
y la presencia intermitente del Frente Dimer Cortés de la Segunda  
Marquetalia. Además, la circulación de panfletos sugiere la presencia  
de las Autodefensas Gaitanistas y las Águilas Negras, grupos parami-  
litares que operan en la región21.  
20 indepaz. “Visor de asesinatos a firmantes del Acuerdo de Paz en Colombia”, cit., pp. 22 a  
36.  
21 Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz –indepaz–. “Desafío a la Paz Total.  
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De igual forma, se señala que los municipios en cuestión experi-  
menten un alto nivel de enfrentamientos armados, sobre todo entre  
el Frente José María Becerra del eln y el gao-r Frente Carlos Patiño  
del Comando de Occidente. El Frente Carlos Patiño, que irrumpió con  
fuerza en 2020, busca expulsar al eln de la zona. Esta situación ha  
generado un ambiente de riesgos para ppr, quienes han sido amena-  
zados por el Frente Carlos Patiño para que se unan a su estructura.  
El gao emplea un discurso que resalta su poder militar y económico,  
derivado del control de diversas actividades ilegales22. Lo anterior ex-  
plica la razón por la cual el departamento del Cauca registra el índice  
más alto de afectaciones a ppr desde la firma del afp, además, en las  
zonas rurales del Cauca y Valle del Cauca, la implementación del afp  
es limitada, en especial en lo que respecta al punto 4 sobre la susti-  
tución de cultivos. Esto debido a la tendencia de ignorar lo acordado  
y optar por una respuesta exclusivamente militar, de la misma forma,  
en estas áreas el común denominador es la falta de presencia estatal,  
que influye en forma directa en la falta de confianza en la institucio-  
nalidad23  
El sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca, áreas con alta  
presencia de ppr, como lo son los municipios de Suárez, Buenos  
Aires, Caloto, Corinto, López de Micay, Santander de Quilichao,  
Buenaventura, Dagua y Jamundí, conforman un foco de conflicto dis-  
tinto. En esta zona, el Comando Coordinador de Occidente opera a  
través de la Columna Móvil Dagoberto Ramos, el Frente Ismael Ruiz  
(En Cauca) y la Columna Móvil Jaime Martínez (En Cauca y Valle). En  
el Valle del Cauca, también se encuentra el Frente Rafael Aguilera y la  
Compañía Adán Izquierdo. Además, el eln tiene presencia en el norte  
del Cauca, en especial, en Jamundí y Buenaventura, municipios donde  
también operan las Autodefensas Gaitanistas24.  
Lo que recibió el Gobierno de Gustavo Petro. Informe sobre presencia de grupos armados  
en Colombia 2021-2022(1)”, Bogota, indepaz, 2022, disponible en [https://indepaz.org.  
co/informe-sobre-presencia-de-grupos-armados-en-colombia-2021-2022-1/], pp. 32 a  
33.  
22 Ibid., pp. 22 a 37.  
23 Iván Velásquez. Declaración sobre la implementación del afp en Cauca y Valle del Cauca  
[comunicación personal], Consejo de Ministros, 2025.  
24 ndepaz. “Desafío a la Paz Total. Lo que recibió el Gobierno de Gustavo Petro. Informe  
sobre presencia de grupos armados en Colombia 2021-2022(1)”, cit., pp. 22 a 36.  
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Cristhian Leonardo Díaz Pérez  
Recientemente, la Defensoría del Pueblo emitió Alerta Temprana  
02 de 2025 de inminencia por el escenario de riesgo actual configu-  
rado por el accionar de los gao que hacen presencia en la zona, los  
cuales disputan el control territorial25. Estos escenarios de expansión  
territorial llevan a contraponer a los grupos armados en las mismas  
zonas geográficas para configurar riesgos casi tangibles de afecta-  
ciones a firmantes del afp, lo anterior, es evidenciado por la misma  
Defensoría en la materialización de los riesgos advertidos en las aler-  
tas tempranas 019 y 025 de 202426.  
En Norte de Santander, en particular en la subregión del  
Catatumbo, se identifica un epicentro de violencia. Esta zona, que  
abarca municipios como Ocaña, El Carmen, Convención, Teorama,  
San Calixto, Hacarí, La Playa, El Tarra, Tibú y Sardinata, es escenario  
de la presencia de diversos gao. Entre ellos, se encuentran los rema-  
nentes del Frente 33 de gao-r, en alianza con el Bloque Suroriental,  
Comando Danilo García vinculado a la Segunda Marquetalia, el eln, y  
las Autodefensas Gaitanistas27.  
En este escenario, la Defensoría emitió Alerta Temprana 017 de  
2021 en donde indicó que las acciones de los gao se extienden desde  
Buenaventura hasta el Cañon de Garrapatas en Norte de Santander  
y municipios como Jamundí y Dagua. Además, que la Columna Móvil  
Jaime Martínez busca expandirse en la región con lo que materializa  
confrontaciones entre los grupos armados con presencia en la zona28.  
Este escenario de riesgo terminó configurándose mediante el ataque  
coordinado del eln a las facciones residuales de las farc-ep el 16 de  
enero de 2025.  
En la región del Catatumbo, el Frente 33 habría establecido  
acuerdos de no agresión con el eln, no obstante, dichos pactos se han  
25 Defensoría del Pueblo. Alerta Temprana de Inminencia n.° 002-25, de 28 de enero de  
2025, pp. 1, 5 y 6. disponible en [https://alertastempranas.defensoria.gov.co/Alerta/  
Details/91927].  
26 DefensoríadelPueblo.AlertaTempranadeInminencian.°019-24,de30dejuliode2024,  
disponible en [https://alertastempranas.defensoria.gov.co/Alerta/Details/91917]; id.  
Alerta Temprana de Inminencia n.° 025-24, de 14 de noviembre de 2024, disponible en  
[https://alertastempranas.defensoria.gov.co/Alerta/Details/91923].  
27 indepaz. “Desafío a la Paz Total. Lo que recibió el Gobierno de Gustavo Petro. Informe  
sobre presencia de grupos armados en Colombia 2021-2022(1)”, cit., pp. 25 a 26.  
28 Defensoría del Pueblo. Alerta Temprana de Inminencia n.° 017-21, de 6 de agos-  
to de 2021, disponible en [https://alertastempranas.defensoria.gov.co/Alerta/  
Details/91805].  
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Seguridad y reincorporación en Colombia, 2024  
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visto afectados por el aumento de la violencia. Entre otros, estos en-  
frentamientos han convertido a Norte de Santander en el sexto de-  
partamento con el mayor número de homicidios de líderes sociales,  
defensores de derechos humanos y ppr desde la firma del afp.  
Al analizar las situaciones de otras afectaciones contra firmantes,  
encontramos dos nuevos focos, ubicados al norte del país y otro en  
Putumayo, que registra la siguiente presencia:  
Imagen 7. Publicación homicidios de  
firmantes en el mes de agosto de 2024  
Fuente: indepaz. “Visor de asesinatos a firmantes del Acuerdo de Paz en Colombia”, cit.  
Como se puede evidenciar en la imagen 7, en agosto de 2024 se re-  
gistraron cuatro asesinatos de ppr, los móviles de estos asesinatos  
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Cristhian Leonardo Díaz Pérez  
varían, pero todos están relacionados con la violencia generada por  
gao o gao-r en las zonas. En Fonseca, La Guajira y Orito, Putumayo,  
los responsables presuntos son grupos disidentes de las farc-ep, es-  
pecíficamente el estado mayor central. Putumayo se ha consolidado  
como un foco de violencia y es uno de los tres departamentos más im-  
pactados por la presencia de cultivos de coca, con un total de 19.986  
hectáreas sembradas. Estas tierras son objeto de disputa entre el  
Frente Carolina Ramírez, aliado del Bloque Suroriental y los Comando  
Bolivarianos de la Frontera, vinculados a la Segunda Marquetalia29.  
La confrontación se concentra sobre todo en el bajo Putumayo,  
abarca municipios como Orito, Valle del Guamuez, Puerto Asís, Puerto  
Caicedo, San Miguel y Puerto Leguizamo. En esta última localidad, el  
río Putumayo se ha convertido en un punto estratégico clave, ya que su  
control facilita la salida hacia la región amazónica y el acceso a labora-  
torios ubicados en Puerto Leguizamo30. Por otro lado, en el foco con-  
figurado en el norte del país encontramos presencia de Frente 18 del  
gao-r bajo las órdenes de la Segunda Marquetalia, Frente 36 y Frente  
37, las Autodefensa Gaitanistas, los Caparrós y el eln. Por último, en  
el centro oriente del país es posible evidenciar el acaecimiento de tres  
afectaciones en contra de ppr como lo refleja la siguiente imagen:  
Imagen 8. Publicación homicidios de  
firmantes en el mes de diciembre de 2024  
F
29 indepaz. “Desafío a la Paz Total. Lo que recibió el Gobierno de Gustavo Petro. Informe  
sobre presencia de grupos armados en Colombia 2021-2022(1)”, cit., p. 34.  
30 Idem.  
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Seguridad y reincorporación en Colombia, 2024  
307  
En la imagen 8 se evidencia que en diciembre de 2024 se registraron  
tres homicidios a ppr, todos hombres y activos en la ruta de reincor-  
poración, dos de ellos en la zona de análisis. Tras revisar los homici-  
dios de los firmantes del afp y los focos de violencia, se evidencia la  
importancia de la Defensoría del Pueblo, la cual por mandato cons-  
titucional, tiene a su cargo impulsar la protección, el ejercicio, la di-  
vulgación y defensa de los derechos humanos31. Primero, mediante la  
emisión de Alertas Tempranas en las que se evalúan situaciones de  
riesgo, clasificándolas en dos categorías: riesgos estructurales (a me-  
diano y largo plazo) y riesgos de inminencia o posible materialización  
(riesgo inmediato), a través del Sistema de Alertas Tempranas –sat–.  
Segundo, con base en el análisis, la Defensoría emite alertas a las au-  
toridades para prevenir violaciones de derechos humanos y proteger  
a la población. Realiza seguimiento a las alertas para asegurar la res-  
puesta de las autoridades.  
En este escenario, la Defensoría ha emitido la Alerta Temprana  
036 de 11 de octubre de 202332 y la Alerta Temprana 019 de 2024 ya  
citada, en las cuales se advierte que hay una fuerte presión y amenaza  
contra firmantes del afp por parte de estos dos gao. Por una parte, el  
Frente 57 Yair Bermúdez presiona para que se unan a ellos y por la  
31 Defensoría del Pueblo. “Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de Colombia  
2022”, Bogotá, Defensoría del Pueblo, 2023, p. 7.  
32 Defensoría del Pueblo. Alerta Temprana de Inminencia n.° 036-23, de 11 de oc-  
tubre de 2023, disponible en [https://alertastempranas.defensoria.gov.co/Alerta/  
Details/91894].  
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Cristhian Leonardo Díaz Pérez  
otra, el Frente Dagoberto Ramos les señala de colaborar con el prime-  
ro, lo que ha materializado víctimas fatales33.  
Además de los gao ya mencionados en la zona comprendida, en  
los municipios San Vicente del Caguán (Caquetá), La Macarena y La  
Uribe (Meta), indepaz señala que tienen presencia los gao Frente  
Comandante Jorge Briceño Suárez; Unidad Jhon Linares del Bloque  
Suroriental; el Frente 62 Compañía Fernando Díaz; Unidad Sergio  
Carvajal y la Columna Móvil Teófilo Forero Castro, Unidad Oscar  
Mondragón de la Segunda Marquetalia34.  
Sobre las causas de afectaciones a los firmantes del afp se indica  
que en el 70% de las investigaciones que cuentan con impulso proce-  
sal se ha podido identificar que el autor hace parte de una organiza-  
ción criminal, que por lo general buscan ejercer control territorial o  
social de manera total, parcial o esporádica, ese control social supone  
la imposición de normas de conducta para toda la comunidad. Por  
lo tanto, en las regiones donde se presenta confrontación armada, el  
homicidio es la expresión de mayor impacto contra firmantes, líderes  
sociales y defensores de derechos humanos35.  
De este apartado es posible evidenciar tal como se ha planteado y  
como lo sostiene el informe de seguridad de la Unidad e Investigación  
yAcusación–uia– delaJurisdicciónEspecialparalaPaz–jep– en2024,  
que las zonas más afectadas por la violencia en Colombia son aún las  
ubicadas en la periferia, al definir como factor común, las zonas aleja-  
das de los cascos urbanos, ubicadas en la ruralidad, donde la presen-  
cia institucional aún resulta ser tenue, esto ha influido en que se gene-  
ren focos de violencia por el control del territorio y de las economías  
ilícitas que termina por materializar afectaciones contra firmantes  
del afp. Por ende, al analizar la ubicación de los aetcr definidos para  
el tránsito a la vida civil de la población firmante en los principales fo-  
cos de violencia identificados, evidenciamos que en el caso de Cauca  
se encuentran en los municipios de Caldono y El Patía, para el caso de  
Norte de Santander se encuentra en Tibú, en Putumayo el espacio se  
ubica en Puerto Asís y en la Guajira en Fonseca, cada uno de los casos  
33 indepaz. “Desafío a la Paz Total. Lo que recibió el Gobierno de Gustavo Petro. Informe  
sobre presencia de grupos armados en Colombia 2021-2022(1)”, cit.  
34 Ibid., p. 27.  
35 Unidad Especial de Investigación. “Informe de avance en investigaciones de afectacio-  
nes a firmantes del afp”, Bogotá, Fiscalía General de la Nación, 2025, p. 6.  
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Seguridad y reincorporación en Colombia, 2024  
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recoge las características identificadas como común denominador y  
además, tienen una larga data de historia con el conflicto.  
Por último, en el Auto 1929 de 25 de noviembre de 2024 de la  
Corte Constitucional36 –informe de los primeros años de la implemen-  
tación del afp– se indicó que, aun cuando la Defensoría contempla un  
marco de alertas tempranas, en el período comprendido entre 2017 y  
2020 la población firmante no se encontró priorizada como un sujeto  
de protección, el cambio se viene a dar hasta 2020 cuando la situación  
de seguridad de ppr era crítica. En la actualidad, alertas tempranas  
como la 004 de 17 de febrero de 2022, y 010 de 11 de abril de 2024,  
superan la problemática planteada por la Corte37.  
La concentración de homicidios de ppr en los departamentos de  
Cauca, Norte de Santander y Putumayo, identificada en el presente  
apartado, guarda una correspondencia directa con los hallazgos de  
Juan Albarracín et al., quienes identifican dos vías causales de la  
violencia posconflicto en Colombia: la primera, el crimen organiza-  
do que llena los vacíos territoriales dejados por la desmovilización  
de las farc-EP; la segunda, la amenaza que los procesos de inclusión  
política representa para élites locales que, durante el conflicto ar-  
mado, construyeron alianzas con grupos armados para sostener ór-  
denes políticos subnacionales de carácter autoritario38. Ambas vías  
son reconocibles con facilidad en los focos de violencia analizados:  
el control de economías ilícitas por parte del Estado Mayor Central,  
la Segunda Marquetalia, el eln y las Autodefensas Gaitanistas opera  
como primera vía; la resistencia de estructuras políticas locales a la  
participación de la ppr en espacios institucionales, como segunda. A  
su vez, Jerónimo Ríos39 corrobora que la continuidad de la geogra-  
36 Corte Constitucional de Colombia. Auto 1929 de 25 de noviembre de 2024, M. P.:  
Cristina Pardo Schlesinger, disponible en [https://www.corteconstitucional.gov.co/  
relatoria/autos/2024/a1929-24.htm].  
37 Defensoría del Pueblo. Alerta Temprana de Inminencia n.° 004-22, de 17 de fe-  
brero de 2022, disponible en [https://alertastempranas.defensoria.gov.co/Alerta/  
Details/91826]; id. Alerta Temprana de Inminencia n.° 010-24, de 11 de abril de 2024,  
disponible en [https://alertastempranas.defensoria.gov.co/Alerta/Details/91908].  
38 Juan Albarracín, Juan Corredor-Garcia, Juan Pablo Milanese, Inge H. Valencia  
y Jonas Wolff. “Pathways of Post-Conflict Violence in Colombia”, en Small Wars &  
Insurgencies, vol. 34, n.° 1, 2023, pp. 138 a 164.  
39 Jerónimo Ríos. “Where is Territorial Peace? Violence, Drug Trafficking and Territory: The  
Killings of Former Guerrilla Combatants and Social Leaders in Colombia (2016-2021)”, en  
Partecipazione e COnflitto, vol. 15, n.° 1, 2022, pp. 290 a 314, disponible en [https://www.  
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Cristhian Leonardo Díaz Pérez  
fía de la violencia preexistente al acuerdo –ahora protagonizada por  
disidencias y grupos posparamilitares– explica la persistencia de las  
afectaciones contra excombatientes y líderes sociales en los mismos  
territorios donde desde siempre operaron las farc-EP, lo que refuer-  
za la pertinencia del análisis territorial aquí desarrollado.  
V. Discusión  
Los resultados del estudio evidencian que las políticas de seguridad  
implementadas por el mdn han tenido un carácter reactivo más que  
preventivo. A pesar de que instrumentos como el pesp, los ci2ppr y  
las estrategias “Themis” y “Themis 2.0” representan avances signifi-  
cativos en la articulación interinstitucional y la judicialización de res-  
ponsables, su implementación tardía respecto a la materialización de  
los riesgos contra los firmantes del afp revela una brecha estructural  
entre el compromiso normativo y la capacidad operativa del Estado.  
Los gao constituyen el principal factor de riesgo para las ppr, en es-  
pecial, en zonas rurales periféricas con débil presencia institucional,  
donde el control territorial y de economías ilícitas genera ciclos de  
violencia sistemática contra esta población.  
Estos hallazgos se alinean con investigaciones comparadas so-  
bre la violencia posconflicto en Colombia. Ríos demuestra, mediante  
un análisis territorial de nueve departamentos, que los homicidios  
de excombatientes de las farc-EP y de líderes sociales entre 2016  
y 2021 se concentran en zonas con presencia de grupos armados y  
economías de narcotráfico, señala que la continuidad de la geogra-  
fía de la violencia preexistente al acuerdo –ahora protagonizada por  
nuevos actores disidentes y posparamilitares– constituye el principal  
factor explicativo de este fenómeno40. De manera complementaria,  
Albarracín et al. identifican dos vías causales de la violencia pos-  
conflicto en Colombia: la primera, vinculada al crimen organizado  
que llena los vacíos dejados por la desmovilización de las farc-EP; la  
segunda, relacionada con la amenaza que representan los procesos  
academia.edu/73041936/_Where_is_Territorial_Peace_Violence_Drug_Trafficking_  
and_Territory_The_Killings_of_Former_Guerrilla_Combatants_and_Social_Leaders_in_  
Colombia_2016_2021_Partecipazione_e_Conflitto_Scopus_Q2_15_1_290_314].  
40 Idem.  
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Seguridad y reincorporación en Colombia, 2024  
311  
de inclusión política para las élites locales que, en el marco del con-  
flicto armado, habían construido alianzas con grupos armados para  
sostener órdenes políticos subnacionales de tipo autoritario. Ambos  
estudios refuerzan la pertinencia del enfoque metodológico adoptado  
en la presente investigación, al evidenciar que el carácter reactivo de  
las políticas de seguridad no es exclusivo del período 2024, sino que  
responde a una brecha estructural de larga data en la implementación  
del afp41.  
Conclusiones  
En el estudio realizado sobre las políticas de seguridad para la pobla-  
ción firmante implementadas por el mdn en 2024, encontramos que  
las políticas a pesar de ser eficaces, es decir, cumplir con su objetivo,  
no son oportunas, en cuanto se han adoptado mediando un marco  
temporal muy amplio entre la materialización de los riesgos que en-  
frentan las ppr referente de su puesta en marcha.  
En este sentido, políticas como los ci2ppr y la estrategia conjunta  
coordinada “Themis” que fortalecen el trabajo interinstitucional para  
responder como Estado ante los requerimientos de seguridad plan-  
teados desde la firma del afp, debieron ser implementadas desde el  
momento en que se conoció la materialización de los riesgos en con-  
tra de la población firmante, es decir, desde el tres de febrero de 2017,  
fecha en que se dio la primera afectación en contra de un firmante.  
De este modo, hitos como la estrategia “Themis” y “Themis 2.0”  
representan un avance para la configuración de la seguridad de los  
firmantes del afp, debido a que fue la primera vez en la historia de  
Colombia en la que se planteó la necesidad de unir esfuerzos entre  
Fuerzas Militares, Policía y mdn, no solo para realizar operaciones mi-  
litares, sino para materializar capturas contra responsables de afec-  
tar a los firmantes de paz priorizando zonas del país más propensas  
al conflicto y donde se presentaron mayores afectaciones en contra  
de los ppr.  
En este sentido, al analizar las principales causas de afectaciones  
contra la ppr, evidenciadas con la puesta en marcha de la estrategia  
41 Ríos. “Where is Territorial Peace? Violence, Drug Trafficking and Territory: The Killings  
of Former Guerrilla Combatants and Social Leaders in Colombia (2016-2021)”, cit.  
N u e v o s Pa r a d i g m a s d e l a s C i e n c i a s S o c i a l e s L at i n o a m e r i c a n a s  
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Cristhian Leonardo Díaz Pérez  
conjunta coordinada “Themis”, podemos concluir que se resumen en  
lassiguientes: 1. Porintegrarungao (Retornoalailegalidad); 2. Ajuste  
de cuentas (venganza o represalias); 3. Por hacer una actividad delic-  
tiva de manera individual sin autorización de un gao o al simular ser  
parte de este; 4. Ser señalado como informarte de la Fuerza Pública,  
entidades estatales o gao; 5. Problemas de convivencia (riñas); 6. Por  
hechos diferentes a ser firmantes del afp; 7. Muerte natural; y 8. Por  
otras causas (muerte en desarrollo de operaciones militares).  
De todo lo anterior, es necesario indicar que si bien producto del  
ensayo se identificaron algunas causas de afectaciones a los firman-  
tes del afp, no es menos importante señalar que la seguridad de los  
firmantes depende en gran medida de variables políticas, económi-  
cas, militares, sociales, informativas, temporales, de infraestructura  
y ambientales, las cuales se interrelacionan y varían dependiendo de  
la región del país, tienen como principal factor de riesgo la presencia  
de los gao, que si se quiere hacer una analogía con el ajedrez, por un  
lado se encuentran “las instituciones” que defienden los derechos hu-  
manos de los firmantes de paz y por otra, “el adversario” en defensa  
de sus intereses por fuera del marco de la legalidad.  
Bajo este marco, se debe indicar que las instituciones (uiap,  
Ministerio de Interior, mdn, fgn, cogfm, Policía Nacional, unp, arn, go-  
bernaciones y alcaldías) son responsables de las acciones de la línea  
estratégica 6 del pesp, sin embargo, la realidad es que muchas de las  
instituciones no cuentan ni siquiera con recursos de funcionamiento,  
como es el caso de la arn, entre otras cosas debido al déficit fiscal;  
sumado a lo anterior, la uiap no ha marcado la hoja de ruta respecto  
al manejo de los recursos para la paz, aun cuando el afp ya cumplió  
ocho años desde su firma. Ahora bien, pese a la existencia de políticas  
públicas que buscan contribuir a la seguridad de firmantes de paz, la  
realidad resulta aún más compleja, ya que la materialización de estas  
demanda la articulación del aparato estatal, la destinación de recur-  
sos y la respuesta inmediata ante situaciones de riesgo inminente que  
en determinados casos resulta ser no una respuesta institucional y  
mucho menos inmediata, porque deja a su suerte la vida de personas  
que le apostaron a hacer la paz. En este punto, se tendrá ya una visión  
más clara de las causas, los presuntos responsables y las acciones  
adelantadas para contribuir a la seguridad de los ppr, no obstante, se  
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Seguridad y reincorporación en Colombia, 2024  
313  
preguntará ¿cómo se relaciona esto con la realidad? y ¿qué les depara  
a los ppr?  
Respecto a la primera pregunta se hará mención a la crisis del  
Catatumbo iniciada el 16 de enero de 2025, donde el eln lanzó una  
ofensiva militar en la región para expulsar al Frente 33 de las gao-r, lo  
cual generó 65 homicidios (6 ppr, 3 líderes sociales, 51 particulares y  
5 menores de edad) y el desplazamiento forzado de al menos 51.907  
personas en Norte de Santander, se evidenció un enfrentamiento en-  
tre “adversarios” (Frente 33 del gao-r y el gao-eln) como factor de  
riesgo, que buscaba el control de las demás variables, enviándose un  
mensaje entre sí y es que cualquier persona que le apueste a la paz en  
lugar de la guerra se convierte en un blanco de ataques, lo cual repre-  
senta una infracción al derecho internacional humanitario, que viola  
el principio de distinción.  
Por lo anterior, se proponen dos posibles soluciones: 1. Es ne-  
cesario seguir fortaleciendo el trabajo interinstitucional, en especial  
desde el sector defensa en atención a alertas tempranas emitidas des-  
de la Defensoría del Pueblo, para así tomar medidas que ayuden a  
prevenir el contenido de las alertas de inminencia y sofocar el con-  
tenido de las alertas estructurales; 2. Se debe materializar el proceso  
de reincorporación de los firmantes del afp de forma acelerada en  
aquellas zonas del país donde no exista presencia institucional, para  
equilibrar las variables políticas, económicas, militares, sociales, in-  
formativas, temporales, de infraestructura y ambientales con el fin de  
hacerle frente a los principales focos de violencia, en especial, al so-  
meter, desmovilizar o neutralizar a los gao que representan un riesgo  
inminente para la seguridad de la población firmante.  
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Unidad Especial de Investigación. “Informe de avance en investigaciones de afectaciones a  
firmantes del afp”, Bogotá, Fiscalía General de la Nación, 2025.  
N u e v o s Pa r a d i g m a s d e l a s C i e n c i a s S o c i a l e s L at i n o a m e r i c a n a s  
issn 2346-0377 (en línea) vol. XVI, n.º 32, julio-diciembre 2025, Cristhian L. Díaz P.  
316  
Cristhian Leonardo Díaz Pérez  
Siglas usadas en el trabajo  
aetcr  
afp  
Antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación  
Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una  
paz estable y duradera  
arn  
celit  
Agencia para la Reincorporación y la Normalización  
Cuerpo Élite Policial  
ci2ppr Centros Integrados de Información para Fortalecer la Seguridad de ppr  
cogfm Comando General de las Fuerzas Militares  
eln  
Ejército de Liberación Nacional  
farc-ep Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo  
fgn  
gao  
gao-r  
Fiscalía General de la Nación  
Grupos armados organizados  
Grupo Armado Organizado Residual  
indepaz Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz  
jeo  
Jurisdicción Especial para la Paz  
mdn  
pesp  
ppr  
sat  
Ministerio de Defensa Nacional  
Plan Estratégico de Seguridad y Protección  
Personas en proceso de reincorporación  
Sistema de Alertas Tempranas  
sisep  
Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política  
sivjrnr Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición  
uia  
uei  
Unidad e Investigación y Acusación  
Unidad Especial de Investigación  
uiap  
unp  
Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz  
Unidad Nacional de Protección