Transferencias monetarias  
condicionadas con enfoque de género:  
Un análisis del caso de Familias en Acción  
Carlos Alfonso Laverde Rodríguez*  
mn  
Conditional cash transfers with a gender  
focus: An analysis of the Families in Action case  
Resumen  
Este artículo de reflexión analiza el programa de transferencias monetarias condicionadas  
Familias en Acción en Colombia bajo una perspectiva de género. Se examina la disyuntiva  
entre la eficacia del programa en la reducción de la pobreza y la reproducción de roles tra-  
dicionales de cuidado asignados a las mujeres. A través de la categoría analítica de género  
de Joan Scott, se problematiza la visión heteronormativa del Estado y la división sexual del  
trabajo institucionalizada en la corresponsabilidad de los subsidios. Por último, se proponen  
acciones para transitar hacia una responsabilidad compartida entre hombres y mujeres que  
mitigue la sobrecarga laboral femenina.  
Palabras clave: Género, Familias en Acción, pobreza, políticas sociales.  
*
Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Militar Nueva Granada  
–umng–, sede Campus. Es Doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por  
El Colegio de México, sociólogo y economista con maestría en Estudios Políticos y Sociales,  
cuenta con una especialización en Historia del pensamiento económico por la Universidad  
Nacional Autónoma de México –unam–. Sus líneas de investigación actuales se centran en  
los mercados de trabajo no clásicos, las relaciones y formas de apropiación del derecho, la  
conciencia legal, el crimen organizado transnacional y las economías ilegales. Previamente  
desarrolló su actividad académica y de investigación en instituciones de México, antes de su  
vinculación actual en la umng. El autor agradece el apoyo brindado por la Facultad de Ciencias  
Económicas de la umng para la realización de la presente investigación. El autor declara que no  
existen conflictos de interés y que la totalidad del texto fue redactado bajo su responsabilidad  
intelectual; e-mail [carlos.laverde@unimilitar.edu.co], orcid [https://orcid.org/0000-0003-  
0772-0337].  
Nuevos Paradigmas de las Ciencias Sociales Latinoamericanas  
issn 2346-0377 (en línea) vol. XVI, n.º 32, julio-diciembre 2025, Carlos A Laverde R. pp. 267 a 282  
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Carlos Alfonso Laverde Rodríguez  
Abstract  
This reflective article analyzes the conditional cash transfer program “Families in Action”  
in Colombia from a gender perspective. It examines the dilemma between the program’s  
effectiveness in poverty reduction and the reproduction of traditional care roles assigned to  
women. Using Scott’s analytical category of gender, it questions the State’s heteronormative  
vision and the sexual division of labor institutionalized through subsidy co-responsibility.  
Finally, actions are proposed to move towards shared responsibility between men and wo-  
men to mitigate the female labor burden.  
Keywords: Gender; Families in Action; Poverty; Social policies.  
Fecha de presentación: 8 de julio de 2025. Revisión: 21 de agosto de 2025. Fecha de aceptación:  
10 de septiembre de 2025.  
ef  
I. Introducción  
Los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas –ptmc–  
se consolidaron en América Latina como una respuesta institucional  
frente a la crisis económica de los años 1980, cuyos efectos se pro-  
fundizaron durante la década siguiente. Estos programas operan  
bajo una lógica de redistribución de recursos orientada a combatir  
la pobreza mediante apoyos económicos directos a las familias más  
vulnerables, condicionados a inversiones en capital humano, usual-  
mente representadas por la asistencia escolar y el control preventivo  
de salud. Al adoptar a la familia como unidad de intervención (instan-  
cia mediadora entre el individuo y la estructura socioeconómica), el  
Estado colombiano, a través de programas como Familias en Acción,  
buscó no solo mitigar la carencia de ingresos a corto plazo mediante  
el soporte al consumo, sino también neutralizar los mecanismos de  
transmisión intergeneracional de la pobreza1.  
La unidad de intervención de estos programas ha sido la familia,  
entendida como una instancia mediadora entre los individuos y la es-  
tructura socioeconómica2. Esta elección responde a una estrategia de  
1
Laura B. Rawlings y Gloria M. Rubio. “Evaluating the impact of conditional cash transfer  
programs”, en The World Bank Research Observer, vol. 20, n.º 1, Oxford, Oxford University  
Press, 2005, pp. 29 a 55.  
2
Mercedes González de la Rocha. Procesos domésticos y vulnerabilidad. Perspectivas an-  
tropológicas de los hogares con Oportunidades, México D. F., Centro de Invesigaciones y  
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focalización que considera al hogar como el espacio privilegiado para  
la transmisión de capacidades, recursos y vulnerabilidades. Por tan-  
to, las ayudas estatales se han dirigido con preferencia a las familias,  
para asumir que su fortalecimiento redunda en el bienestar colectivo.  
Ahora bien, precisamente porque la familia constituye el núcleo  
de la intervención estatal, resulta pertinente preguntarse ¿cuál es la  
concepción del Estado respecto a la división sexual del trabajo al inte-  
rior de los hogares beneficiarios? Al examinar el diseño y la operación  
de los ptmc, se evidencia que las mujeres ocupan un lugar central: son  
ellas quienes reciben el subsidio y, en la mayoría de los casos, quie-  
nes asumen las corresponsabilidades o contraprestaciones exigidas  
por el programa. En otros términos, son las mujeres las encargadas  
de garantizar el cumplimiento de las condicionalidades (asistencia  
a controles de salud, seguimiento escolar, jornadas de capacitación),  
que las sitúa como gestoras cotidianas del vínculo entre el Estado y la  
familia.  
Esta función puede ser comprendida mediante el concepto de an-  
troponomía propuesto por Daniel Bertaux, entendido como el pro-  
ceso mediante el cual la familia se convierte en el lugar de producción  
y reproducción de los seres humanos, en analogía con la economía  
como producción de bienes3. Desde esta perspectiva, las mujeres asu-  
men la responsabilidad de la “producción” cotidiana de la vida, el cui-  
dado y el bienestar doméstico, en un rol que replica y profundiza la  
tradicional división sexual del trabajo.  
La asignación de este papel a las mujeres, lejos de ser neutral,  
plantea una disyuntiva fundamental en el análisis de los ptmc desde  
una perspectiva de género. Por un lado, dichos programas tienden a  
reproducir los roles tradicionales asignados a las mujeres, para libe-  
rar a los hombres de las responsabilidades domésticas y del cuidado.  
En este sentido, los ptmc no solo refuerzan los estereotipos de géne-  
ro, sino que institucionalizan la idea de que las mujeres son natural-  
Estudios Superiores en Antropología Social –ciesas–, 2006, disponible en [http://centro.  
paot.org.mx/documentos/varios/procesos_domesticos_vulnerabilidad.pdf].  
3
Daniel Bertaux. “Historia de casos de familias como método para la investigación de la  
pobreza”, Revista de Sociedad, Cultura y Política, vol. 1, n.º 1, 1996, pp. 3 a 32, disponible  
en [https://www.academia.edu/41390228/Bertaux_Daniel_Historias_de_casos_de_fa-  
milias_como_método_para_la_investigación_de_la_pobreza_Revista_Taller_Revista_de_  
Sociedad_Cultura_y_Política_Vol_1_N_1_Julio_1996].  
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mente idóneas para el cuidado, la alimentación, salud y educación de  
los miembros del hogar4-5.  
Por otro lado, existe una corriente analítica que sostiene que el  
hecho de que las mujeres administran el subsidio, podría mejorar su  
posición al interior del hogar, al propiciar una renegociación de las  
relaciones de poder. Diversos estudios han señalado, por ejemplo, que  
cuando las mujeres controlan los recursos monetarios del programa,  
se observan disminuciones en las cifras de violencia intrafamiliar6, así  
como una gestión más eficiente del presupuesto doméstico7. Desde  
esta perspectiva, los ptmc podrían operar como dispositivos de em-  
poderamiento femenino, aunque no exentos de contradicciones.  
Sin embargo, investigaciones realizadas en contextos con larga  
trayectoria de estos programas, como el caso mexicano analizado por  
Mercedes González de la Rocha, han mostrado que los efectos des-  
de una perspectiva de género son bastante heterogéneos y difícilmen-  
te generalizables8. Esta heterogeneidad depende de factores como el  
tipo de entorno (rural o urbano), las dinámicas familiares previas, el  
acceso a redes de apoyo, la inserción laboral femenina y las pautas  
culturales locales.  
En atención a esta diversidad de resultados y al reconocer la  
complejidad que implica cualquier intervención social en el ámbito  
doméstico, el presente artículo se propone analizar los mecanismos  
de funcionamiento del programa Familias en Acción, implementado  
en Colombia desde finales de los años 1990 hasta 2024 (al ser re-  
emplazado por el programa de Renta Ciudadana) con el objetivo de  
reducir la pobreza y evitar su transmisión intergeneracional. A partir  
del debate planteado en la literatura, que oscila entre la reproducción  
4
Yolanda Puyana Villamizar. “Políticas de familia en Colombia: Matices y orientaciones”,  
en Trabajo Social, n.º 10, enero-diciembre de 2008, pp. 29 a 41, disponible en [https://  
www.redalyc.org/pdf/6844/684473125003.pdf].  
5
Natividad Yabut-Bernardino. “Implications of Female Household Headship on  
Consumption Expenditure for Children’s Welfare: Philippine Case”, ponencia presentada  
en la International Association for Feminist Economics –iaffe–, Hangzhou, China, 24 a 26  
de junio de 2011.  
6
María Adriana Farah Quijano. “Social Policy for Poor Rural People in Colombia:  
Reinforcing Traditional Gender Roles and Identities?”, en Social Policy & Administration,  
vol. 43, n.º 4, 2009, pp. 397 a 408.  
7
8
Yabut-Bernardino. “Implications of Female Household Headship on Consumption  
Expenditure for Children’s Welfare: Philippine Case”, cit.  
González de la Rocha. Procesos domésticos y vulnerabilidad. Perspectivas antropológicas  
de los hogares con Oportunidades, cit.  
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de desigualdades de género y el potencial empoderador de las trans-  
ferencias, se buscará identificar posibles reflexiones que podrían re-  
plantearse desde una perspectiva de género en el diseño y la ejecu-  
ción del programa.  
El artículo se desarrolla en tres momentos: primero, se analiza  
el contexto de las políticas sociales dirigidas a la familia en Colombia  
desde la categoría de género propuesta por Joan Scott, con el fin de  
comprender el marco sociopolítico en el que surge Familias en Acción;  
segundo, se exponen las principales características del programa; y  
tercero, se plantean líneas de reflexión y acción orientadas a incor-  
porar de manera crítica y transformadora la dimensión de género en  
este tipo de intervenciones estatales.  
II. Metodología  
El presente artículo se inscribe dentro de un enfoque cualitativo de  
corte analítico y crítico-reflexivo. El diseño de la investigación está  
orientado a comprender y problematizar los mecanismos de funcio-  
namiento de los ptmc, utilizamos como estudio de caso el diseño ins-  
titucional y la implementación del programa Familias en Acción en  
Colombia.  
Para llevar a cabo este análisis, el estudio se estructura metodo-  
lógicamente en tres dimensiones fundamentales:  
1. Definición conceptual y categoría de análisis: La aproximación  
metodológica adopta como eje transversal la categoría analítica de  
género desarrollada por Scott9. En lo operativo, el género no se en-  
tiende tan solo como la diferencia biológica, sino como una categoría  
social que denota construcciones culturales sobre los roles apropia-  
dos para hombres y mujeres, insertas en el marco de relaciones de  
poder estáticas y dinámicas. A partir de este lente, se examina cómo  
las normativas y los aparatos legales del Estado colombiano legitiman  
una visión heteronormativa de la familia y una división sexual del tra-  
bajo específica.  
9
Joan W. Scott. “El género: Una categoría útil para el análisis histórico”, en Marta Lamas  
(comp.). El género. La construcción social de la diferencia sexual, México D. F., Universidad  
Nacional Autónoma de México –unam–, 1996, disponible en [https://www.solidarida-  
dobrera.org/ateneo_nacho/libros/VV%20AA%20-%20El%20genero.%20La%20cons-  
truccion%20cultural%20de%20la%20diferencia%20sexual.pdf].  
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2. Técnicas de recolección de información: La estrategia principal  
fue la revisión documental y bibliográfica sistemática. Se recopilaron  
y contrastaron evaluaciones institucionales (como las realizadas por  
el Banco Interamericano de Desarrollo –bid– y la Comisión Económica  
para América Latina y el Caribe –cepal–), así como literatura acadé-  
mica especializada en el impacto de los ptmc en América Latina y en  
especial, en Colombia.  
3. Estrategia de análisis de evidencia empírica: Para no limitar la  
investigación a un plano netamente teórico, el análisis integra eviden-  
cia empírica proveniente de estudios de caso antes focalizados. En  
forma específica, se retoman investigaciones de corte antropológico y  
sociológico en contextos rurales y urbano-regionales. Esta triangula-  
ción de literatura permite confrontar la concepción macroestructural  
del programa con la heterogeneidad de los arreglos familiares, evalua  
de manera crítica la disyuntiva entre la sobrecarga laboral femenina  
impuesta por la corresponsabilidad y las dinámicas de empodera-  
miento intrafamiliar.  
Mediante la articulación de este marco conceptual de género con  
la evidencia documental de Familias en Acción, el análisis se dirige a  
formular recomendaciones concretas que orienten la política social  
hacia una perspectiva en verdad inclusiva.  
III. Resultados  
Para comprender el impacto real de los ptmc en Colombia, es im-  
perativo analizar primero la matriz ideológica y normativa sobre la  
cual el Estado edifica su política social. El género, tal como lo propone  
Scott, debe entenderse como una categoría social analítica que deno-  
ta aquellas construcciones culturales que otorgan sentido a las ideas  
normativas sobre los roles apropiados para hombres y mujeres. Estas  
construcciones no operan de manera lineal ni estática, sino que se  
desarrollan y cristalizan en el marco de relaciones de poder, insertas  
de manera constante en campos de disputa frente a diversas fuerzas  
sociales10.  
A lo largo de la historia, diversos mecanismos institucionales se  
han encargado de reproducir construcciones sociales sobre los roles  
10 Idem.  
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en el espacio de producción y reproducción por excelencia: la familia.  
El Estado colombiano ha asumido por tradición una posición norma-  
tiva que privilegia un modelo de organización familiar heteronorma-  
tivo, enfocado en la socialización de patrones culturales y una división  
sexual del trabajo estrictamente diferenciada. No obstante, a partir  
de la Constitución de 1991, este escenario ha sido desafiado por la  
jurisprudencia de la Corte Constitucional, la cual ha actuado como un  
actor fundamental en el rediseño de las políticas públicas. Frente a  
la hegemonía de visiones tradicionales –a menudo ancladas en tra-  
diciones religiosas y estructuras rígidas –, el tribunal ha impulsado  
una lectura en clave hermenéutica que reconoce la pluralidad étnica  
y cultural de la nación. De esta manera, se ha transitado hacia un con-  
cepto de familia basado en vínculos de afecto, solidaridad y cuidado,  
se supera la limitación del “mito adánico” y la procreación como fines  
únicos de la institución11. Ante la interrogante clásica de Scott sobre  
cómo actúa el género en las relaciones sociales, la evidencia sugiere  
que el Estado promueve relaciones ancladas en una visión de familia  
que reproduce de forma inherente una lógica interna de división se-  
xual del trabajo.  
De acuerdo con los planteamientos de Yolanda Puyana  
Villamizar, las políticas estatales sobre la familia en Colombia se han  
manifestado con fundamento en dos modalidades: en primer lugar,  
a través de disposiciones legales orientadas a regularizar y definir la  
conformación “legítima” de las familias; y en segundo lugar, mediante  
medidas dirigidas a administrar o legitimar los cambios en su estruc-  
tura, desarrollo y disolución. De esta manera, a través de sus aparatos  
legales y administrativos, la dirección de la política social colombia-  
na consolida un enfoque anclado en una visión heteronormativa que  
presupone la división sexual del trabajo. En consecuencia, se excluyen  
en froma sistemática otros tipos de arreglos familiares, que hacen que  
los programas sociales terminen por soportar y financiar esta idea  
hegemónica de familia12.  
11 Nayda Ordóñez Torres y Juan Pablo Sterling Casas. “El concepto de familia en la juris-  
prudencia de la Corte Constitucional colombiana y su incidencia en las políticas públicas:  
Una lectura en clave hermenéutica”, Revista Derecho del Estado, n.º 52, mayo-agosto de  
2022, pp. 175 a 206, disponible en [https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/de-  
rest/article/view/7800/13196].  
12 Puyana Villamizar. “Políticas de familia en Colombia: Matices y orientaciones”, cit.  
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Es en este contexto macroestructural donde se gestan e imple-  
mentan programas como Familias en Acción. Su diseño institucional  
opera bajo una perspectiva en la cual los roles tradicionales asigna-  
dos a hombres y mujeres mantienen plena vigencia. Mediante esta  
política, el Estado valida aún a las mujeres como las encargadas pri-  
marias del cuidado, la salud y atención de los integrantes del hogar,  
presupone que la unidad familiar estándar está conformada por la  
unión entre un hombre y una mujer.  
Familias en Acción se ha consolidado como una intervención de  
alcance masivo, focalizada mediante el sistema Sisbén en hogares en  
situación de pobreza y vulnerabilidad. Al centrar la operatividad en  
la figura de la madre, quien recibe la transferencia y asume la eje-  
cución de las condicionalidades, el Estado colombiano legitima una  
visión de la familia basada en la división sexual del trabajo. Dado que  
la gran mayoría de los titulares son mujeres, el programa no solo ins-  
titucionaliza estereotipos que asocian “naturalmente” a la mujer con  
el bienestar doméstico, sino que ignora las tensiones derivadas de su  
inserción en el mercado laboral. Esta estructura de corresponsabili-  
dad asume una disponibilidad de tiempo irrestricta, que genera en  
la práctica una sobrecarga de trabajo que obstaculiza la autonomía  
económica femenina y perpetúa desigualdades históricas13.  
IV. Discusión  
A la luz de la evidencia analizada sobre los programas de transfe-  
rencias monetarias condicionadas en Colombia, resulta pertinente  
reflexionar sobre el impacto dual de Familias en Acción desde una  
perspectiva de género. Si bien estos programas han impulsado la dis-  
minución de la pobreza extrema mediante el mejoramiento de los  
niveles nutricionales y el acceso a la educación de los menores, su  
diseño institucional forja una paradoja: intentan reducir la desigual-  
13 Sandra López-Arana, Mauricio Avendano, Frank J. van Lenthe y Alex Burdorf.  
“The impact of a conditional cash transfer programme on determinants of child health:  
Evidence from Colombia”, en Public Health Nutrition, vol. 19, n.º 14, 2016, pp. 2.629 a  
2.642, disponible en [https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/  
content/view/924E5A8A22DC38A0A71DE871A1229B15/S1368980016000240a.pdf/  
the-impact-of-a-conditional-cash-transfer-programme-on-determinants-of-child-heal-  
th-evidence-from-colombia.pdf].  
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dad económica mientras se apoyan en lógicas que pueden reproducir  
la desigualdad social de género. Es evidente que el Estado juega un  
papel central en la legitimación de las formas de organización familiar  
y en la división sexual del trabajo al interior de estas.  
A partir de esta premisa, la evaluación del programa plantea tres  
ejes de discusión fundamentales:  
1. La trampa del cuidado y la “pobreza de tiempo”. Involucra de  
manera exclusiva a las mujeres como proveedoras “naturales” del  
cuidado o encargadas de la antroponomía, resulta así inconveniente  
por dos factores. En primer lugar, la reproducción de estos roles al  
interior del hogar consolida la exclusión social que las mujeres han  
soportado a lo largo de la historia. En segundo lugar, la creciente in-  
corporación de las mujeres al mercado laboral demanda una nueva  
distribución de los usos del tiempo en los hogares, al mantenerlas  
como únicas responsables del cuidado, el programa duplica su car-  
ga laboral y limita los posibles efectos positivos de la transferencia.  
Esta situación se agrava en contextos de pobreza económica. Según  
Demoshmita Brahma, en India existe una asociación positiva entre la  
pobreza de tiempo y la pobreza de consumo para las mujeres: aque-  
llas que pertenecen a hogares pobres tienen una mayor probabilidad  
de sufrir pobreza de tiempo, mientras que para los hombres la asocia-  
ción es negativa14. Además, a medida que aumenta la profundidad de  
la pobreza económica, las mujeres presentan una brecha de pobreza  
de tiempo mayor, que evidencia una distribución desigual de la carga  
de la pobreza entre los miembros del hogar. La razón de esta diferen-  
cia radica en que las mujeres de hogares pobres destinan más tiem-  
po al trabajo remunerado para complementar el ingreso familiar, sin  
que ello implique una reducción equivalente en el tiempo dedicado  
al trabajo doméstico no remunerado. Factores como el grupo social,  
la religión, el tamaño del hogar y el nivel educativo influyen en forma  
significativa en la pobreza de tiempo de hombres y mujeres, que su-  
giere que las soluciones a este problema deben ser multidimensiona-  
les y considerar las especificidades culturales y estructurales de cada  
contexto.  
14 Deboshmita Brahma. “Time poverty and consumption poverty in India: A study through  
the lens of gender”, Indian Economic Review, vol. 59, n.° 5, 2024, pp. 285 a 310.  
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La investigación de María Adriana Farah Quijano en el mu-  
nicipio rural de Paipa (Boyacá) evidencia este fenómeno15: ante el  
desplazamiento de los hombres hacia sectores no agrícolas, las mu-  
jeres se han incorporado a un sector agrícola que, según Edelmira  
Pérez, sufre una marcada desaceleración económica. Así, las acciones  
de corresponsabilidad del programa (como la asistencia obligatoria  
a capacitaciones de nutrición), sumadas a sus jornadas laborales y  
roles tradicionales, derivan en una severa sobrecarga de trabajo. No  
obstante, el mismo estudio revela que en un 5% de los casos excep-  
cionales, los hombres han asumido el papel de la mujer en el progra-  
ma (asisten a capacitaciones y reciben el subsidio), lo que demuestra  
cierta flexibilidad operativa que podría aprovecharse para fomentar  
una responsabilidad compartida16.  
2. Formación de capital humano e inserción laboral igualitaria.  
A diferencia del programa Oportunidades en México, que establece  
incentivos monetarios mayores para niñas y adolescentes con el fin  
de combatir la desigualdad de género en la educación, el modelo co-  
lombiano no presenta variaciones según el sexo de los menores. Esto  
responde a que los indicadores de acceso a la educación básica en  
Colombia no varían de modo considerable por sexo. Sin embargo, la  
cepal sugiere que para el caso colombiano sería conveniente crear  
un incentivo diferencial que premie el logro educativo (la promoción  
escolar) en lugar de la simple concurrencia17.  
Más crítico aún es que el propósito de formación de capital huma-  
no que subyace al programa no está integrado con una inserción igua-  
litaria posterior en el mercado laboral. Como advierte Juan Esteban  
Pulido, el efecto de esta formación sobre la superación de la pobreza  
será incierto si factores estructurales continúan por reproducir roles  
15 Farah Quijano. “Social Policy for Poor Rural People in Colombia: Reinforcing Traditional  
Gender Roles and Identities?”, cit.  
16 Edelmira Pérez C. “El mundo rural latinomericano  
y
la nueva ruralidad”,  
en Nómadas, n.º 20, 2004, pp. 180 a 193, disponible en [https://www.redalyc.org/  
pdf/1051/105117734017.pdf].  
17 Pablo Villatoro. “Las transferencias condicionadas en América Latina: Luces y som-  
bras”, ponencia en el Seminario Internacional “Evolución y desafíos de los programas  
de transferecnias condicionadas”, Brasilia, 20 y 21 de noviembre de 2007, Comisión  
Económica para América Latina y el Caribe –cepal– e Instituto de Investigación  
Económica Aplicada –ipea–, disponible en [https://www.cepal.org/sites/default/files/  
events/files/2007-nov-cepal_pablovillatoro_ptc.pdf].  
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de género en el mercado laboral. Mientras programas como Familias  
en Acción no se articulen con políticas de protección e inserción labo-  
ral, la desigualdad social seguirá con un peso desproporcionado sobre  
las mujeres18.  
3. Efectos colaterales: Empoderamiento y violencia intrafamiliar.  
La evidencia respecto del impacto del subsidio en la renegociación de  
las relaciones de poder es sumamente heterogénea. Aunque el ingre-  
so adicional administrado por las mujeres puede mejorar su capaci-  
dad de negociación, los estudios muestran resultados contradictorios  
sobre la violencia intrafamiliar. Mientras investigaciones de la cepal  
sugieren que la transferencia de recursos puede ocasionar manifesta-  
ciones de violencia al interior del hogar19, otros estudios como los del  
bid señalan que durante los períodos de transferencia monetaria la  
violencia intrafamiliar disminuye20.  
Esta dualidad se profundiza cuando se analiza el tipo de empo-  
deramiento patrimonial. Ermin Gahramanov y otros demuestran, a  
partir de datos de hogares en República Dominicana, Guatemala, Haití  
y Honduras, que la propiedad exclusiva de vivienda por parte de la  
mujer no se asocia con una menor violencia doméstica, de hecho, en  
algunos casos la correlación es positiva21. Sin embargo, las mujeres  
casadas que poseen la vivienda en copropiedad presentan una menor  
probabilidad de sufrir violencia psicológica y física por parte de sus  
cónyuges. Este efecto disuasivo de la copropiedad es significativo en  
términos estadísticos solo para mujeres unidas por un acuerdo ma-  
trimonial legalmente vinculante, mientras que no se observa el mis-  
mo impacto en mujeres que viven en unión libre. Además, el estudio  
encuentra que la propiedad compartida de tierra reduce la violencia  
18 Juan Esteban Pulido. “Los programas de transferencias monetarias condicionadas en  
América Latina. El caso de Familias en Acción”, tesis de maestría, Bogotá, Universidad  
Nacional de Colombia, 2013.  
19 Villatoro. “Las transferencias condicionadas en América Latina: Luces y sombras”, cit.  
20 Catherine Rodríguez. “Violencia intrafamiliar y transferencias monetarias con-  
dicionadas. El impacto de Familias en Acción en Colombia”, Documento de tra-  
bajo n.º idb-WP-621, Bogotá, Banco Interamericano de Desarrollo –bid–, 2015,  
disponible  
en  
[https://publications.iadb.org/es/publications/spanish/viewer/  
Violencia-intrafamiliar-y-transferencias-monetarias-condicionadas-El-impacto-de-  
Familias-en-Acción-en-Colombia.pdf].  
21 Emin Gahramanov, Khusrav Gaibulloev y Javed Younas. “Does property ownership by  
women reduce domestic violence? A case of Latin America”, en International Review of  
Applied Economics, vol. 36, n.º 4, 2022, pp. 548 a 563.  
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doméstica tan solo en zonas rurales, esto sugiere que el contexto geo-  
gráfico y las normas institucionales modulan los efectos del empo-  
deramiento patrimonial. Estos hallazgos hacen evidente la necesidad  
de profundizar en la investigación de estos efectos colaterales para  
determinar el alcance real del empoderamiento femenino en contex-  
tos urbanos y rurales, considera no solo la existencia de la propiedad,  
sino también el tipo de tenencia (individual o conjunta) y el marco  
institucional (matrimonio o unión libre).  
Conclusiones  
El análisis del programa Familias en Acción a la luz de la categoría ana-  
lítica de género propuesta por Scott permite evidenciar una tensión  
estructural que atraviesa el diseño y la implementación de los ptmc  
en Colombia. Por un lado, estos programas han demostrado eficacia  
en la reducción de la pobreza extrema y en el mejoramiento de indi-  
cadores de salud y educación de la población infantil más vulnerable.  
Por otro lado, al adoptar a la familia como unidad de intervención y a  
la mujer como titular y gestora exclusiva de las corresponsabilidades,  
el Estado colombiano legitima y reproduce una visión heteronormati-  
va que presupone una división sexual del trabajo naturalizada.  
La evidencia analizada permite afirmar que Familias en Acción  
no ha logrado conciliar su objetivo de combatir la pobreza económica  
con la necesaria transformación de las desigualdades de género. En  
primer lugar, la sobrecarga laboral femenina derivada de la corres-  
ponsabilidad que exige tiempo para asistir a capacitaciones, controles  
de salud y seguimiento escolar, profundiza la denominada “pobreza  
de tiempo” que afecta en forma desproporcionada a las mujeres en  
hogares empobrecidos. Como señala Brahma, esta situación se agra-  
va en contextos de pobreza de consumo, donde las mujeres destinan  
más tiempo al trabajo remunerado sin una reducción equivalente en  
el trabajo doméstico no remunerado, mientras que los hombres no  
presentan dicha asociación22.  
En segundo lugar, si bien el programa contribuye a la formación  
de capital humano mediante la condicionalidad educativa, esta inver-  
22 Brahma. “Time poverty and consumption poverty in India: A study through the lens of  
gender”, cit.  
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sión no se articula con políticas de inserción laboral igualitaria. La  
ausencia de incentivos diferenciales que premien el logro educativo,  
como sí ocurre en experiencias latinoamericanas comparables, y la  
desconexión con estrategias de protección y empleo femenino limitan  
el impacto transformador del programa sobre la autonomía económi-  
ca de las mujeres.  
En tercer lugar, los efectos del empoderamiento patrimonial son  
profundamente heterogéneos y dependen de factores como el tipo  
de tenencia de la propiedad, el marco institucional (matrimonio o  
unión libre) y el contexto geográfico. Como demuestran Gahramanov  
y otros, la propiedad exclusiva de la vivienda por parte de la mujer no  
se asocia con una menor violencia doméstica, por el contrario, es la  
copropiedad con el cónyuge, en especial en el marco de un acuerdo  
matrimonial legalmente vinculante, la que reduce la probabilidad de  
violencia psicológica y física. En zonas rurales, la propiedad compar-  
tida de tierra también actúa como un factor disuasivo de la violencia,  
cosa que sugiere que el empoderamiento patrimonial debe entender-  
se en clave relacional e institucional, no como una mera transferencia  
de activos a título individual23.  
A partir de estas conclusiones, se proponen las siguientes líneas  
de acción para orientar el diseño de políticas sociales hacia una pers-  
pectiva transformadora de las desigualdades de género:  
Corresponsabilidad compartida. Es necesario modificar los meca-  
nismos operativos de los ptmc para que las condicionalidades no re-  
caigan de manera exclusiva sobre las mujeres. La evidencia del muni-  
cipio de Paipa (Boyacá), donde en un 5% de los casos los hombres han  
asumido el rol de titulares, demuestra que existe flexibilidad operati-  
va que puede ser institucionalizada mediante cuotas de participación  
masculina en capacitaciones y el reconocimiento de la paternidad ac-  
tiva como condición del subsidio.  
Incentivos educativos diferenciales. Si bien los indicadores de ac-  
ceso a la educación básica en Colombia no presentan brechas signifi-  
cativas por sexo, se recomienda implementar incentivos que premien  
la promoción escolar y la permanencia en niveles superiores, en espe-  
cial, en contextos rurales donde las tasas de deserción femenina por  
razones de cuidado son más elevadas.  
23 Gahramanov, Gaibulloev y Younas. “Does property ownership by women reduce do-  
mestic violence? A case of Latin America”, cit.  
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Articulación con políticas de empleo y cuidado. La superación de  
la pobreza no puede reducirse a la formación de capital humano si no  
se acompaña de políticas que garanticen la inserción laboral de las  
mujeres en condiciones dignas y con servicios de cuidado accesibles  
(guarderías, jornadas escolares extendidas, centros de atención para  
adultos mayores). Esta articulación es indispensable para romper la  
trampa de la pobreza de tiempo.  
Promoción de la copropiedad patrimonial. Dado que la copropie-  
dad de vivienda y tierra reduce la incidencia de violencia doméstica,  
las políticas sociales deberían incluir componentes de educación pa-  
trimonial y asesoría legal que faciliten la titularidad compartida de  
los bienes adquiridos durante la relación conyugal o de unión libre,  
así como el registro de las mujeres como cotitulares de los subsidios  
de vivienda.  
En síntesis, la política social en Colombia requiere transitar de un  
enfoque que instrumentaliza a las mujeres como gestoras eficientes  
de la pobreza hacia un enfoque que las reconozca como sujetos de de-  
recho con autonomía económica, tiempo para el cuidado propio y li-  
bertad para decidir sobre su vida reproductiva, productiva y patrimo-  
nial. Solo así los ptmc podrán dejar de ser dispositivos ambivalentes  
que alivian la pobreza económica mientras perpetúan la desigualdad  
social de género.  
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