El hacinamiento carcelario:

Un problema sin solución a la vista

Pablo Elías González Monguí*

mn

Prison overcrowding: A problem

with no solution in sight

Resumen

El hacinamiento de reclusos es uno de tantos problemas de la crisis de las prisiones en el

país. Desde 1998 ha sido diagnosticado por la Corte Constitucional como un estado de co-

sas inconstitucional, que se traslada a estaciones de policía y establecimientos de detención

transitoria. Pese a los varios requerimientos, el Estado colombiano no ha tomado las medidas

necesarias para superarlo. Se evidencia una política penal fallida, sin voluntad política y sin

un esfuerzo real para dar cumplimiento a las obligaciones de garantizar la dignidad y otros

derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad. En el incumplimiento está

comprometido no solo el Poder Ejecutivo, a cuyo cargo están las prisiones, sino también el

legislador que se ha negado a adoptar medidas de descriminalización de conductas, despri-

sionalización, alternatividad a la prisión y la justicia restaurativa. También lo están la Fiscalía

General de la Nación y los jueces penales en relación con la medida de aseguramiento de de-

tención preventiva que se aplica con muy alta frecuencia. Las cárceles que están en proyecto

no alcanzan a cubrir sino una mínima parte de las necesidades de cupos y la solución no está

tan solo en la construcción de más cárceles. Es necesario el diseño de una política criminal

coherente orientada a la protección de los derechos de las personas. Con voluntad política, el

Estado puede acometer soluciones temporales a corto plazo y definitivas en un plazo mayor,

que obedezca a un programa que se proponga cumplir para solucionar la violación de dere-

chos humanos en las prisiones del país.

*

Abogado, Doctor en Derecho, especializado en Derecho Penal y Criminología, especiali-

zado en Derecho Público, docente investigador de la Universidad Católica de Colombia.

Esta investigación es un producto del autor vinculado al grupo de investigación “Conflicto

y criminalidad”, línea de investigación “Conflicto y control social”; e-mail [pegonzalez @

ucatolica .edu .co], orcid [https ://orcid .org /0000-0002-4096-5187].

Nuevos Paradigmas de las Ciencias Sociales Latinoamericanas

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Pablo Elías González Monguí

Palabras clave: Prisiones; Hacinamiento; Dignidad humana; Derechos humanos; Ausencia de

voluntad política.

Abstract

The overcrowding of inmates is one of several problems of the prison crisis in the coun-

try, which since 1998 has been diagnosed by the Constitutional Court as an unconstitutional

state of affairs that has also been transferred to police stations and temporary detention

establishments. Despite the various requirements of the Colombian State, it has not taken

the necessary measures to overcome it, which highlights a failed penal policy, without politi-

cal will and real effort to comply with the obligations to guarantee dignity and other funda-

mental rights of people deprived of freedom. In this non-compliance, the executive power in

charge of prisons is not solely responsible; legislator who have refused to adopt measures to

decriminalize, reduce imprisonment, and adopt alternatives measures and restorative jus-

tice, also have their share of the burden. So does the Attorney General’s Office and penal

judges that too often issue preventive detention security measures. New prison projects will

not be enough to offset overcrowding in Colombia´s prison system. The solution is not solely

in the construction of more prisons, but to design a coherent criminal policy that is guided by

the protection of the rights of people. With political will, the State can undertake temporary

and definitive solutions in a longer-term horizon to comply with the protection against viola-

tion of human rights in the country’s prisons.

Keywords: Prisons; Slaughter; Human dignity; Human rights; absence of political will.

Fecha de presentación: 22 de enero de 2025. Revisión: 7 de febrero de 2025. Fecha de aceptación:

13 de marzo de 2025.

ef

I. Introducción

La política criminal es la manera de tratar a las personas que atentan

contra la convivencia social de todo tipo y lesionan o ponen en peligro

los bienes jurídicos¹por hechos que pueden tener trascendencia en

materia penal, policiva, civil, laboral o administrativa, con el fin prin-

cipal de prevenir la realización de conductas atentatorias contra la

coexistencia pacífica de las personas.

La política criminal abarca muchos aspectos de la vida social y

tiene que ver con las políticas públicas (economía, seguridad, vivien-

da, salud, empleo, bienestar, entre otros) que buscan mejorar la cali-

dad de vida de las personas, de lo que depende en buena medida la

1

Claus Roxin. Fundamentos político-criminales del derecho penal, Buenos Aires,

Hammurabi, 2008, p. 291.

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reducción de los delitos y otras formas divergentes contra la convi-

vencia social².

Una parte de la política criminal es la política penal, que tiene

que ver con la represión de los delitos mediante penas o medidas de

seguridad. Para ello el legislador crea una serie de normas penales di-

rigidas a sancionar a las personas que realizan comportamientos que

se adecúan a esas disposiciones. La creación de esas normas es una

construcción social del legislador que en nombre de la sociedad de-

fine cuáles son las conductas constitutivas de delitos y los destinata-

rios de estas, de tal forma que quien contravenga esas disposiciones,

potencialmente puede ser procesado, condenado y enviado a prisión,

que es la principal sanción en la estructura punitiva colombiana³.

La tendencia en materia penal –no solo en Colombia– es la crea-

2

Sobre la divergencia social escriben Germán Silva García, Fabiana Irala y Bernardo

Pérez Salazar. “Das distorções da criminologia do Norte global a uma nova cosmovi-

são na criminologia do Sul”, Dilemas: Revista de Estudos de Conflicto e Controle Social,

vol. 15, n.° 1, enero-abril de 2022, pp. 179 a 199, disponible en [https ://www .scielo .

br /j /dilemas /a /Rx4Q8 r CJ9x4T p GQRZ m x z KD s /?f ormat =html &lang =pt]; Germán Silva

García, Angélica Vizcaíno Solano y Bernardo Pérez Salazar. “The debate concerning

deviance and divergence: A new theoretical proposal”, en Oñati Socio-Legal Series, vol,

14, n.° 2, 2024, pp. 505 a 529, disponible en [https ://opo .iisj .net /inde x.php /osls /arti -

cle /view /1813/2197]. Ver también, Bernardo Pérez Salazar y Luisa María Acevedo.

Acción social y derecho”, en Germán Silva García (ed.). Tratado latinoamericano de so-

ciología jurídica, Bogotá, Instituto Latinoamericano de Altos Estudios –ilae–, 2023, pp.

147 a 190, disponible en [https ://libroselectronicos .ilae .edu .co /inde x.php /ilae /catalog /

view /392/878/1817]; Fernanda Navas Camargo. “Cognitive justice and social diver-

gence. Peaceful resistance through community-based tourism”, Revista Latinoamericana

de Sociología Jurídica, año 1, n.° 1, 2020, pp. 156 a 182, disponible en [https ://www .usi .

edu .ar /wp -content /uploads /2020/09/JUSTICIA-COGNITIVA-Y -DIVERGENCIA-SOCIAL.

pd f].

3

Germán Silva García, Pablo Elías González Monguí, Angélica Vizcaíno Solano y

Bernardo Pérez Salazar. “Abrir la caja de Pandora. Retos y dilemas de la criminolo-

gía colombiana”, en Novum Jus, vol. 15, n.° Especial, 2021, pp. 383 a 420, disponible en

[https ://novumjus .ucatolica .edu .co /article /view /4459/3998]. Esos procesos son incon-

gruentes, desordenados, ultra/punitivos y con frecuencia injustos, desiguales y discrimi-

natorios, al respecto: Germán Silva García, Cirus Rinaldi y Bernardo Pérez Salazar.

“Expansion of Global Rule by Law Enforcement: Colombia´s Extradition Experience 1999-

2017”, en Contemporary Readings in Law and Social Justice, vol. 10, n.° 1, 2018, pp. 104 a

129, disponible en [https ://addletonacademicpublishers .com /files /1363/EXPANSION-

OF-GLOBAL/1291/5-S ilva -G arcia -et -al .pd f]. Germán Silva García. “Delito político y

narcotráfico”, en La problemática de las drogas. Mitos y realidades, Bogotá, Externado

y Proyecto Enlace del Ministerio de Comunicaciones, 1998, pp. 65 a 90; Germán Silva

García y Rafael Velandia. “Dosificación punitiva. Igualdad y preferencias ideológicas”,

en Rafael Prieto Sanjuán (coord.). Sociología jurídica: Análisis del control y del conflicto

sociales, Bogotá, Externado, 2003, pp. 349 a 414.

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ción de otros tipos penales o el aumento de las penas, hasta tal punto,

que del Código Penal de 1890⁴en el que el homicidio simple tenía una

pena que oscilaba entre seis y 12 años (art. 600) y la pena de prisión

no podía exceder de 15 años (art. 59), y la de presidio no mayor de 20

años (art. 57), al Código Penal de 2000⁵–con todo y sus reformas–, el

homicidio simple puede tener una pena máxima de 25 años (art. 103)

y el agravado una pena de hasta 50 años (art. 104), pero puede llegar

a un máximo de 60 años cuando concurre con otros delitos⁶. Es lo que

se conoce como derecho penal expansivo o la maximización o expan-

sión del derecho penal⁷.

La creencia muy extendida por cierto que se agita como una ban-

dera en los programas por parte de los aspirantes al Congreso, es la

mayor expansión de la punitividad, como una supuesta política penal

que reduciría el delito, hasta el punto que en Colombia lograron una

reforma constitucional para imponer la pena de prisión perpetua, la

cual fue declarada inexequible por la Corte Constitucional⁸. Pero esos

efectos no han sido demostrados, por el contrario, la delincuencia en

nuestro país ha crecido y para confirmarlo basta con comparar las

cifras de cada año⁹. De por sí la creación de nuevos delitos aumen-

4

Francisco Bernate Ochoa y Francisco José Sintura Varela (eds. y comps.). Código

Penal de la República de Colombia. Ley 19 de 1890, Bogotá, Universidad del Rosario, 2019,

disponible en [https ://editorial .urosario .edu .co /pageflip /acceso -abierto /codigo -pe -

nal -1890.pd f].

5

6

Ley 599 de 24 de julio de 2000, “Por la cual se expide el Código Penal”, Diario Oficial, n.°

44.097 de 24 de julio de 2000, disponible en [https ://www .suin -juriscol .gov .co /view D o -

cument .asp ?ruta =L e y es /1663230].

En Europa la prisión como sanción nace en las casas correccionales en los siglos xviii y

xix, inspirada en la inquisición y los leprosarios que la usan como sanción, con la finali-

dad de disciplinar la conciencia de los reos, lo que lleva a la resocialización a convertirse

en la finalidad primordial de la pena durante un largo período, luego de lo cual se con-

vierten en instituciones reproducidas de manera mecánica en Colombia, que no compar-

tió las condiciones que dieron origen a ellas en el viejo continente. Germán Silva García.

“Crisis y transformaciones en el control social penal en el contexto de la cultura jurídica

colombiana”, en Cultura Latinoamericana, vol. 39, n.° 1, 2024, pp. 156 a 192, disponible

en [https ://editorial .ucatolica .edu .co /inde x.php /R ev C lat /article /view /6478/5394].

Pablo Elías González Monguí. “La maximización o expansión del derecho penal:

¿se moderniza o se vuelve más autoritario?”, en Novum Jus, vol. 19, n.° 2, mayo-agos-

to de 2025, pp. 355 a 382, disponible en [https ://novumjus .ucatolica .edu .co /article /

view /6894/6013].

7

8

9

Corte Constitucional. Sentencia C-349 de 14 de octubre de 2021, M. P.: Alejandro

Linares Cantillo, disponible en [https ://www .corteconstitucional .gov .co /relato -

ria /2021/c -349-21.htm].

Para un análisis sobre las tendencias criminales y los modelos predictivos aplicados para

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ta la tasa de criminalidad al definir como punibles otras conductas,

debido a que se suman a los otros que ya estaban definidos como ta-

les. Tampoco el aumento de penas ha demostrado que disuada a los

divergentes a cometer delitos, por el contrario, de un año a otro es

regular que las tasas aumentan.

La política penal del legislador colombiano ha sido de improvi-

sación. En forma continua se realizan reformas al Código Penal. En la

Ley 599 de 2000 ya citada, a la fecha de expedición y más adelante,

se han introducido otros tipos penales no contemplados en la legis-

lación anterior¹⁰como el genocidio y su apología, actos de discrimi-

nación, delitos contra personas y bienes protegidos por el derecho

internacional humanitario, manipulación genética, desaparición for-

zada, violencia intrafamiliar, desplazamientos forzados, los ciberde-

litos, delitos contra el patrimonio cultural sumergido, delitos contra

los animales, entre otros. Todos ellos, puede acarrear en potencia una

privación de la libertad intramural o, en forma sustitutiva, la prisión

domiciliaria. Desde su expedición, el Código Penal de 2000 ha tenido

729 reformas de sus artículos, algunos varias veces, la más amplia fue

la de la Ley 890 de 1.° de enero de 2004¹¹que incrementó las penas

en una tercera parte para el mínimo imponible y en la mitad para el

máximo a imponer según la descripción típica en la parte especial.

Muchas de las reformas no han tenido un estudio previo en rela-

ción con el posible impacto en materia de los costos que representa

su implementación, el número de fiscales, investigadores y jueces que

se deben incrementar para atender la violación a los tipos penales

creados, la infraestructura que estos requieren para ejercer sus labo-

res, el aumento del número de cupos que se necesitan en las prisiones

para alojar a quienes violan esas nuevas normas o por el aumento de

mejorar la capacidad anticipatoria y preventiva de la policía y la criminología en la re-

ducción de la criminalidad, ver Bernardo Pérez Salazar. “La criminología predictiva:

¿Un futuro próximo o una ficción en lontananza?”, en Novum Jus, vol. 18, n.° 3, septiem-

bre-diciembre de 2024, pp. 343 a 369, disponible en [https ://novumjus .ucatolica .edu .

co /article /view /5982/5620].

10 Decreto 100 de 23 de enero de 1980, “Por el cual se expide el nuevo Código Penal”, Diario

Oficial, n.° 35.461, de 20 de febrero de 1980, disponible en [https ://www .suin -juriscol .

gov .co /view D ocument .asp ?ruta =D ecretos /1705120].

11 “Por la cual se modifica y adiciona el Código Penal”, Diario Oficial, n.° 45.602, de 7 de julio

de 2004, disponible en [https ://www .suin -juriscol .gov .co /view D ocument .asp ?ruta =L e -

y es /1670085].

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penas que incrementa el tiempo de permanencia de los reclusos en

las prisiones, sobre todo, si esas reformas como es probable conlle-

varán a una reducción del número de delitos. El legislador improvi-

sa y nada de eso lo tiene en cuenta, de tal forma que la justicia debe

continuar por atender con el mismo personal y talento humano, en

las mismas instalaciones, con igual presupuesto, no obstante que las

necesidades aumentan debido a las reformas y con los mismos cupos

en las prisiones¹².

En la actualidad, el sistema judicial colombiano experimenta una

gran congestión que en buena medida ha sido provocada por la polí-

tica punitiva e improvisada del legislador, que ha tenido una política

penal incoherente orientada mediante la expansión del derecho pe-

nal, pues si cada vez existen más normas penales y un aumento de

penas con una finalidad de encarcelamiento intramural, pues lo lógi-

co debió ser que por su política carcelaria, a la par que profería sus

reformas, previera la creación de más cupos con nuevas prisiones o

la construcción de más pabellones en donde existiera esa posibilidad

y no llegar al punto de hoy en día, con un hacinamiento en las prisio-

nes existentes, pero también en las Unidades de Reacción Inmediata

–uri–, en locales de la policía judicial o en las estaciones de policía¹³.

Es una situación en verdad dramática e inhumana que viven las

personas privadas de la libertad con detención intramural, a causa

del hacinamiento, lo que lleva a plantear que el Estado colombiano y

sus Gobiernos de diferentes tendencias ideológicas, hasta el momen-

to han sido incapaces de solucionar esta situación¹⁴. El hacinamiento

12 En contraste con esta visión, ver el análisis que destaca cómo las políticas internacionales

anti-crimen transnacional recompensan a los organismos oficiales de control penal con la

expansión continua de sus poderes y presupuestos para llevar a cabo intervenciones ex-

traterritoriales, aumentando la violencia organizada, la corrupción y la infracción de los

derechos y libertades fundamentales. Germán Silva García y Bernardo Pérez Salazar.

“International Anti-Transnational Crime Policies and Corrupt Public-Private Coalitions:

Perspectives from a Criminology of the Global South”, Revista de Economía Institucional,

vol. 26, n.^o51, Segundo semester de 2024, pp. 139 a 163, disponible en [https ://revistas .

ue x ternado .edu .co /inde x.php /ecoins /article /view /9532/17435].

13 El hacinamiento, que ha seguido escalándose, había sido detectado y debatido hace años,

Germán Silva García. “Fluctuaciones de la población penitenciaria colombiana”, Derecho

Penal y Criminología, vol. 17, n .^os54/55, 1995, pp. 125 a 172.

14 Lady Andrea Beltrán Cárdenas. “El fin de la pena privativa de la libertad: Entre la uto-

pía y el confinamiento”, tesis de maestría, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia,

2019,

disponible

en

[https ://b ff repositorio .unal .edu .co /server /api /core /bits -

treams /98614214-78 bd -4403-993f-1 a 893423 aea 3/content].

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carcelario refleja la crisis de la prisión como pena, así como que no

existe voluntad política para buscar la resocialización de los condena-

dos y que fortalece la desocialización y las subculturas intramurales

que dificultan o evitan los procesos de reintegración social¹⁵.

Para efecto de este artículo, se toma la medición y las cifras oficia-

les del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –inpec– en materia

de hacinamiento, debido a que no se pretende establecer un sistema de

medición y además no existe un consenso sobre lo que se debe enten-

der por hacinamiento y cómo se debe medir¹⁶. Como el inpec no explica

cómo cuantifica los cupos en las prisiones, todo parece indicar que se

basa en la capacidad instalada de un establecimiento desde su cons-

trucción o adecuación posterior y el comparativo con el número de per-

sonas que alberga. A partir de esa simple operación determina si existe

sobrepoblación en el respectivo centro carcelario o penitenciario.

El inpec define la capacidad como el número de cupos disponi-

bles en un Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional –eron– y

el cupo lo define como un espacio físico. El índice de hacinamiento en

términos porcentuales y de número de cupos se obtiene de la canti-

dad de personas privadas de la libertad con respecto a la cantidad de

cupos definidos para cada eron¹⁷. Sin embargo, la capacidad instala-

da entendida como una cama y un espacio mínimo no es suficiente, el

espacio integral debe entenderse como aquel que en efecto puedan

disfrutar, en que existan también comedores, áreas sanitarias, áreas

comunes al aire libre, espacios para prácticas deportivas, talleres y

espacios para capacitación y estudio con fines de resocialización, en-

tre otros, pero en el medio colombiano son bastante insuficientes e

inhumanos¹⁸.

15 Lady Andrea Beltrán Cárdenas. “Delito y subcultura carcelaria: ¿Cómo minimizar el

proceso de desocialización?”, en Novum Jus, vol. 16, n.° 1, enero-junio de 2022, pp. 99 a

113, disponible en [https ://novumjus .ucatolica .edu .co /article /view /4107/4102].

16 Libardo José Ariza Higuera y Mario Andrés Torres Gómez. “Definiendo el hacina-

miento. Estándares normativos y perspectivas judiciales sobre el espacio penitencia-

rio”, Revista Estudios Socio-Jurídicos, vol. 21, n.° 2, julio-diciembre de 2019, pp. 227 a

258, disponible en [https ://revistas .urosario .edu .co /inde x.php /sociojuridicos /article /

view /7632/7158].

17 Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –inpec–. Informes y boletines estadís-

ticos, 2025, disponible en [https ://www .inpec .gov .co /atencion -y-servicio -a -la -ciudada -

nia /estadisticas /in f ormes -y-boletines -estadisticos].

18 En este orden de ideas, se entiende que “las cárceles son lugares bastante grandes o am-

plios, pero no así para las personas privadas de la libertad. Se dice que, en los centros

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En materia de densidad poblacional para las prisiones, existen

parámetros internacionales con reglas técnicas que pueden ser adop-

tadas por los Estados para definir el número de cupos de cada prisión,

como por ejemplo, los recomendados por el Comité Internacional de

la Cruz Roja –cicr–¹⁹, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el

Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela)²⁰, los Principios

y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de

Libertad en las Américas²¹, los Estándares de espacios para prisioneros

según el Comité para la Prevención de la Tortura²², entre otros. En

general, el inpec no cumple con los estándares internacionales rela-

cionados con los espacios dignos y adecuados para los reclusos, por

las deficiencias en infraestructura de la mayoría de las prisiones y la

sobrepoblación persistente²³.

penales más grandes, el espacio disponible versus el espacio para hacer actividades es

escaso”. Lo que nos permite inferir, desde una perspectiva del observador versus una

perspectiva del participante, el espacio siempre será insuficiente para acotar la ampli-

tud del concepto pragmático de “hacinamiento”. Mónica Rojas Víquez. “El hacinamien-

to carcelario como limitante en la transformación de las personas privadas de libertad”,

Revista latinoamericana de Derechos Humanos, vol. 35, n.° 1, i semestre de 2024, pp. 1

a 18, disponible en [https ://www .revistas .una .ac .cr /inde x.php /derechoshumanos /arti -

cle /view /19255/29497].

19 Comité Internacional de la Cruz Roja –cicr–. Agua, saneamiento y hábitat en las cárce-

les; Guía Complementaria, Ginebra, Comité Internacional de la Cruz Roja, 2013, disponi-

ble en [https ://www .icrc .org /sites /de f ault /files /e x ternal /doc /es /assets /files /publica -

tions /icrc -002-4083.pd f].

20 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito –unodoc–. “Reglas míni-

mas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos (Reglas Nelson Mandela)”,

Asamblea General, Resolución 70/175, anexo, aprobado el 17 de diciembre de 2015,

disponible en [https ://www .unodc .org /documents /justice -and -prison -re f orm /N elson _

M andela _R ules -S-eboo k.pd f].

21 Comisión Interamericana de Derechos Humanos –cidh–. “Principios y buenas prác-

ticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las américas”, 3-14 de

marzo de 2008, disponible en [https ://www .oas .org /es /CIDH/js F orm /?F ile =/es /cidh /

mandato /basicos /principiosppl .asp].

22 Consejo de Europa, Comité para la Prevención de la Tortura. “Living Space per

Prisoner in Prison Establishments: cpt standards”, Strasbourg, The UN Refugee Agency,

15 December 2015, disponible en [https ://www .re f world .org /polic y/legalguidance /

coecpt /2015/en /109385].

23 Al respecto, es importante tener una mirada sobre el entramado penal colombiano.

Véase: Jorge Enrique Carvajal Martínez et al. El entramado penal, las políticas públicas

y la seguridad, Bogotá, Universidad Católica de Colombia, 2015, disponible en [https ://

repositor y.ucatolica .edu .co /server /api /core /bitstreams /cc 153909-0 c f2-4867-873 e -

6 b f c 75 e 90 d f1/content]..

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El hacinamiento carcelario: Un problema sin solución a la vista

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Este es un trabajo de sociología jurídico-penal (criminología)²⁴y los

métodos que se aplican son el histórico, analítico y dialéctico con la téc-

nica de investigación documental. Su perspectiva teórica pretende ubi-

car el problema del hacinamiento en un contexto de conflicto social²⁵.

II. El estado de cosas

inconstitucional de las prisiones

El estado de cosas inconstitucional tiene que ver, en parte, con el haci-

namiento carcelario en el que se presenta la reiterada violación de los

derechos fundamentales de las personas, imputable a una autoridad

demandada, pero que también tiene que ver con factores estructura-

les²⁶y de precariedad de las prisiones colombianas.

El hacinamiento carcelario no es un problema reciente. En el si-

glo xx hubo varios momentos críticos con sobrepoblación carcelaria.

En 1995, el número de reclusos era de 31.960 con una sobrepobla-

ción de 4.138 reclusos (12.94%); en 1996 la población de internos

era de 38.062 con un sobrecupo de 9.760 reclusos (25.64%); en 1997

el número de reclusos era de 41.460 personas, con un sobrecupo de

12.243 personas (29.52%), y de la cifra total, 19.515 eran sindicadas,

es decir el 47% de la población reclusa²⁷. El último balance de haci-

namiento ascendió al 28,22%²⁸, sin incluir la sobrepoblación en los

centros transitorios de reclusión.

24 Germán Silva García. “Sobre el objeto, las fuentes y el oficio de la sociología jurídica des-

de una perspectiva interdisciplinaria. Problemas de investigación y teoría”, en Diálogos de

Saberes, n.° 17, 2003, pp. 117 a 139; id. “Aspectos fundamentales”, en Silva García (ed.).

Tratado latinoamericano de sociología jurídica, cit., pp. 15 a 58.

25 Pablo Elías González Monguí. “Conflicto y cambio sociales”, en Silva García (ed.).

Tratado latinoamericano de sociología jurídica, cit., pp. 59 a 97; Germán Silva García.

“Las teorías del conflicto y fenomenológica en el análisis sociojurídico del derecho”, en

Acta Sociológica, n.° 79, 2019, pp. 85 a 108, disponible en [https ://www .revistas .unam .

m x/inde x.php /ras /issue /view /79].

26 Corte Constitucional. Sentencia SU-090 de 2 de febrero de 2000, M. P.: Eduardo

Cifuentes Muñoz, disponible en [https ://www .corteconstitucional .gov .co /relato -

ria /2000/su 090-00.htm].

27 Corte Constitucional. Sentencia T-153 de 28 de abril de 1998, M. P.: Eduardo

Cifuentes Muñoz, disponible en [https ://www .corteconstitucional .gov .co /relato -

ria /1998/t -153-98.htm].

28 Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –inpec–. Tableros estadísticos, agosto

de 2025, disponible en [https ://www .inpec .gov .co /atencion -y-servicio -a -la -ciudadania /

estadisticas /tableros -estadisticos].

N u e v o s Pa r a d i g m a s d e l a s C i e n c i a s S o c i a l e s L at i n o a m e r i c a n a s

issn 2346-0377 (en línea) vol. XVI, n.º 31, enero-junio 2025, Pablo E. González M.

124

Pablo Elías González Monguí

Sobre la base de la percepción directa sobre dos prisiones y los

datos obtenidos, la Corte Constitucional expidió la primera sentencia

en relación con el hacinamiento carcelario, la T-153 de 1998²⁹, en la

que describe las condiciones infrahumanas e indignas en que encon-

traron a los recluidos en las cárceles La Modelo de Bogotá y Bellavista

de Medellín, con “situaciones infernales de hacinamiento” y muestran

la vergüenza para el Estado que se proclama respetuoso y garanti-

zador de los derechos fundamentales de las personas, prisiones que

apenas son una muestra de la situación generalizada de las demás

existentes en el país.

Las causas del hacinamiento carcelario tienen que ver, entre

otros, con el aumento del número de personas bajo detención pre-

ventiva, que se explica en forma parcial por la restricción explícita

de la legislación de otorgar la libertad provisional para una variedad

extensa de delitos, y el poco uso de los subrogados penales por parte

de los jueces³⁰. Luego, a la existencia en esa época (1998) de la justi-

cia regional, que en todos los delitos que por competencia conocía,

la medida procedente era solo la detención preventiva con reclusión

intramural, pero también a la violación de los términos para otorgar

las libertades que prolongan en forma innecesaria la permanencia de

algunos reclusos en las prisiones, agravado lo anterior por la insufi-

ciencia de cupos y las malas condiciones en infraestructura de estas³¹.

Las prisiones colombianas con hacinamiento carcelario, entre

otros problemas, no permiten cumplir en ninguna de ellas con el fin

teórico de la resocialización, una auténtica ficción³², de quien es se-

ñalado por el sistema penal como el infractor de la ley penal, pues

no pueden lograrlo con la disciplina, el trabajo, la capacitación, el es-

tudio, la formación del espíritu, la cultura, el deporte, la recreación,

y bajo un espíritu humano y solidario como lo determina la ley (art.

29 Corte Constitucional. Sentencia T-153 de 1998, cit.

30 Germán Silva García. “Una mirada crítica al uso de la pena de prisión por los jueces”,

Revista Nuevos Paradigmas de las Ciencias Sociales Latinoamericanas, vol. 1, n.° 1, ene-

ro-junio de 2010, pp. 59 a 86, disponible en [https ://nuevosparadigmas .ilae .edu .co /in -

de x.php /I lae O js /article /view /221/474].

31 Corte Constitucional. Sentencia T-153 de 1998, cit.

32 Germán Silva García. “La resocialización y la retribución. El debate contemporáneo so-

bre los fines y las funciones de la pena”, en Jaime Bernal Cuéllar (coord.). xxv Jornadas

Internacionales de Derecho Penal, Bogotá, Externado, 2003, pp. 307 a 341.

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El hacinamiento carcelario: Un problema sin solución a la vista

125

10.° Ley 65 de 19 de agosto de 1993³³). En efecto, la falta de espacios

dotados para el desarrollo de los recluidos intramuralmente en los

tópicos señalados antes, además por no tener unas condiciones ade-

cuadas para una vida digna en la prisión –como una cama, agua po-

table, servicios sanitarios, asistencia médica y hospitalaria, visitas de

los parientes en circunstancias decentes, entre otros–, mediatizada su

asignación por medio de la violencia o la corrupción, no conducen a

que exista un atisbo de resocialización y por el contrario, se encuen-

tran en detrimento de su dignidad e integralidad como personas³⁴.

Los aspectos señalados generan frustración, ocio y desocialización.

Por otra parte, tampoco se cumple con la separación entre sindicados

y condenados, con apartar a los reincidentes de los señalados como

delincuentes primarios, o separar a los miembros de la fuerza pública

y los indígenas de los demás reclusos, entre otros³⁵.

Aunque la privación de la libertad genera la restricción de varios

derechos fundamentales, el recluso no pierde los derechos a

la vida e integridad personal, la dignidad, la igualdad, la libertad religiosa, el

derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la salud y al debido

proceso, y el derecho de petición, mantienen su incolumidad a pesar del en-

cierro a que es sometido su titular³⁶.

Las condiciones de hacinamiento y vida de los reclusos en las prisiones

colombianas violan de modo flagrante la Constitución Política, el régi-

men penitenciario y carcelario, la ley procesal penal y los instrumen-

tos internacionales de derechos humanos³⁷que han sido aprobados

por el Estado colombiano con el compromiso de su cumplimiento³⁸.

33 Diario Oficial, n.° 40.999 de 20 de agosto de 1993, disponible en [https ://www .suin -juris -

col .gov .co /view D ocument .asp ?ruta =L e y es /30044243].

34 César Castillo Dussán, Fernanda Navas Camargo y Jaime Cubides Cárdenas.

“Reflexiones en torno a la cotidianidad e integralidad de los derechos humanos”, en

Novum Jus, vol. 16, n.° 1, enero-junio de 2022, pp. 23 a 50, disponible en [https ://novum -

jus .ucatolica .edu .co /article /view /4007/4092].

35 Corte Constitucional. Sentencia T-153 de 1998, cit.

36 Idem.

37 Sobre el particular, véase: Paola Alexandra Sierra Zamora. “Las globalizaciones, el de-

recho internacional y las implicaciones del nuevo orden mundial”, en Novum Jus, vol. 17,

n.° 1, enero-abril de 2023, pp. 9 a 12, disponible en [https ://novumjus .ucatolica .edu .co /

article /view /5089/4610].

38 Jaime Cubides Cárdenas (ed.). El control de convencionalidad (ccv): Fundamentación

e implementación desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Bogotá,

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126

Pablo Elías González Monguí

La Corte Constitucional concluyó en la Sentencia T-153 de 1998,

que es notoria la existencia de un estado de cosas inconstitucional en

el sistema penitenciario, no solo por el hacinamiento carcelario, sino

en relación con los aspectos antes señalados, por lo que en la parte

resolutiva adoptó órdenes dirigidas a las autoridades y entidades co-

rrespondientes del sistema de prisiones, a saber:

… Tercero.- ordenar al inpec, al Ministerio de Justicia y del Derecho y al

Departamento Nacional de Planeación elaborar, en un término de tres me-

ses a partir de la notificación de esta sentencia, un plan de construcción y

refacción carcelaria tendente a garantizar a los reclusos condiciones de vida

dignas en los penales. La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de

Nación ejercerán supervigilancia sobre este punto. Además, con el objeto de

poder financiar enteramente los gastos que demande la ejecución del plan

de construcción y refacción carcelaria, el Gobierno deberá realizar de inme-

diato las diligencias necesarias para que en el presupuesto de la actual vigen-

cia fiscal y de las sucesivas se incluyan las partidas requeridas. Igualmente,

el Gobierno deberá adelantar los trámites requeridos a fin de que el men-

cionado plan de construcción y refacción carcelaria y los gastos que deman-

de su ejecución sean incorporados dentro del Plan Nacional de Desarrollo e

Inversiones.

Cuarto.- ordenar al Ministerio de Justicia y del Derecho, al inpec y al

Departamento Nacional de Planeación, en cabeza de quien obre en cualquier

tiempo como titular del Despacho o de la Dirección, la realización total del

plan de construcción y refacción carcelaria en un término máximo de cuatro

años, de conformidad con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo e

Inversiones.

Quinto.- ordenar al inpec y al Ministerio de Justicia y del Derecho la suspen-

sión inmediata de la ejecución del contrato de remodelación de las celdas de

la Cárcel Distrital Modelo de Santafé de Bogotá.

Sexto.- ordenar al inpec que, en un término máximo de tres meses, recluya

en establecimientos especiales a los miembros de la Fuerza Pública que se

encuentran privados de la libertad, con el objeto de garantizar su derecho a

la vida y a la integridad personal.

Séptimo.- ordenar al inpec que, en un término máximo de cuatro años, se-

pare completamente los internos sindicados de los condenados.

Universidad Católica de Colombia, 2016, disponible en [https ://repositor y.ucatolica .edu .

co /server /api /core /bitstreams /23136 ab 4-51 ba -49 c 3-b 86 b -e 29 c 54 e 74 c 22/content].

N u e v o s Pa r a d i g m a s d e l a s C i e n c i a s S o c i a l e s L at i n o a m e r i c a n a s

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El hacinamiento carcelario: Un problema sin solución a la vista

127

Octavo.- ordenar a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior

de la Judicatura que investigue la razón de la no asistencia de los jueces de

penas y medidas de seguridad de Bogotá y Medellín a las cárceles Modelo y

Bellavista.

Noveno.- ordenar al inpec, al Ministerio de Justicia y del Derecho y al

Ministerio de Hacienda que tomen las medidas necesarias para solucio-

nar las carencias de personal especializado en las prisiones y de la Guardia

Penitenciaria.

Décimo.- ordenar a los gobernadores y alcaldes, y a los presidentes de las

Asambleas Departamentales y de los Concejos Distritales y Municipales que

tomen las medidas necesarias para cumplir con su obligación de crear y

mantener centros de reclusión propios.

Undécimo.- ordenar al Presidente de la República, como suprema autoridad

administrativa, y al Ministro de Justicia y del Derecho que, mientras se

ejecutan las obras carcelarias ordenadas en esta sentencia, tomen las

medidas necesarias para garantizar el orden público y el respeto de los

derechos fundamentales de los internos en los establecimientos de reclusión

del país.

Más adelante³⁹fue proferida otra sentencia de tutela, la cual reiteró el

estado de cosas inconstitucional de las prisiones colombianas y la cri-

sis y emergencia carcelaria, por las múltiples condiciones de vida in-

frahumana que se presentan, entre ellas el hacinamiento carcelario y

que violan la dignidad humana de todos los reclusos y otros derechos

humanos y de aquellos que gozan de especial protección (mujeres,

niños concebidos en prisión, extranjeros, personas con orientación

sexual diversa, indígenas y afrodescendientes). Estas prisiones son

calificadas como “depósitos de seres humanos”, que no respetan la

dignidad de las personas y que violan sus derechos fundamentales en

vez de estar orientadas hacia su resocialización⁴⁰.

La Corte Constitucional consideró que el hacinamiento era un

problema que debía solucionarse con urgencia, que no se resuelve

al construir más cárceles. Es un problema importante, que debe ser

el primero a enfrentar por el “efecto nefasto” que produce y del cual

39 Corte Constitucional. Sentencia T-388 de 28 de junio de 2013, M. P.: María Victoria

Calle Correa, disponible en [https ://www .corteconstitucional .gov .co /relato -

ria /2013/t -388-13.htm].

40 Idem.

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Pablo Elías González Monguí

depende la solución de otros problemas. El hacinamiento aumenta la

violencia y la menor capacidad para evitarla, los riesgos a la salud por

contagios y la deficiencia de la atención médica, las mayores dificul-

tades para acceder al mínimo bienestar y subsistencia y la imposi-

bilidad física para las visitas por parte de familiares y amigos, entre

otros⁴¹.

En efecto, el hacinamiento carcelario no se soluciona mediante la

creación de más prisiones, sino con menos encarcelamiento, se debe

reducir la imposición de la pena de prisión mediante la disminución

del número de personas privadas de la libertad, ya sea

por la edad que tienen, porque sufren una grave enfermedad terminal o por-

que su solicitud de libertad justificada no ha sido tramitada por el respectivo

juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, entre otras razones⁴².

También existen voces que apuntan a señalar que la detención pre-

ventiva excesiva o innecesaria también es otra causa que contribuye

al hacinamiento carcelario, debido a que no se tiene en cuenta que

la privación de la libertad es excepcional y es el último recurso de

control social que debe emplear el Estado (ultima ratio). Se han de-

sarrollado políticas de “populismo penal o punitivo”⁴³o de “huida al

derecho penal” con una visión retributiva antes que de justicia restau-

rativa y de resocialización. Se preguntó la Corte sobre si, a pesar de la

existencia del colapso del sistema penitenciario y carcelario actual,

debido a los índices de impunidad existentes, se privara de la libertad

a todas las personas que se debieran perseguir con éxito por todas las

conductas punibles, el hacinamiento sería mayor⁴⁴. En síntesis, dicho

41 Idem.

42 Idem.

43 Sobre esto ver, por ejemplo, Rafael Velandia Montes. La punitividad electoral en las po-

líticas penales contemporáneas, t. i, Bogotá, Instituto Latinoamericano de Altos Estudios

–ilae–, 2015, disponible en [https ://libroselectronicos .ilae .edu .co /inde x.php /ilae /ca -

talog /boo k/99]; id. La punitividad electoral en las políticas penales contemporáneas, t.

ii, Bogotá, Instituto Latinoamericano de Altos Estudios –ilae–, 2015, disponible en [ht -

tps ://libroselectronicos .ilae .edu .co /inde x.php /ilae /catalog /boo k/109]; id. “Populismo

penal en el siglo xxi: Un análisis de las noticias y su influencia sobre la punitividad en

la política penal colombiana”, en Estanislao Escalante Barreto (coord.). Política cri-

minal mediática, populismo penal, criminología crítica de los medios y de la justicia penal,

Bogotá, Ibáñez, 2018, pp. 119 a 146.

44 Corte Constitucional. Sentencia T-388 de 2013, cit.

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El hacinamiento carcelario: Un problema sin solución a la vista

129

fallo hizo mayor énfasis en la existencia de una política criminal “des-

articulada, reactiva, volátil, incoherente, ineficaz”⁴⁵, sin perspectiva de

protección de los derechos humanos de los reclusos, sin miras a unos

resultados más sostenibles.

Mediante la Sentencia T-762 de 16 de diciembre de 2015⁴⁶se re-

iteró el estado de cosas inconstitucional en las prisiones en relación

con el hacinamiento y demás problemas diagnosticados sobre estas,

que evidencia que continúa la violación masiva de los derechos cons-

titucionales de manera generalizada, con incumplimiento prolongado

de las obligaciones, la institucionalización de prácticas inconstitu-

cionales, la ausencia de medidas de tipo legislativo, administrativo o

presupuestal necesarias y eficaces para evitar la violación de dere-

chos. Esta visión fue complementada con los datos de 2014 sobre la

sobrepoblación carcelaria, la cual llegó a 35.749 reclusos, equivalente

a un hacinamiento del 45.9%⁴⁷. Además, “el 88% de la infraestructura

penitenciaria resulta inadecuada de acuerdo con los estándares re-

queridos”⁴⁸.

En la Sentencia T-762 de 2015 la Corte Constitucional avanzó en

la identificación de problemas estructurales más allá del hacinamien-

to y en torno al problema complejo de la crisis carcelaria y peniten-

ciaria. Se retoman los planteamientos de las sentencias anteriores y

se afirma que el Estado debe atender un primer problema estructural

que consiste en una política criminal desarticulada y el estado de co-

sas inconstitucional, para lo cual debe cumplir con unos mínimos de

política criminal que se sintetizan de la siguiente manera:

– La política criminal debe tener como objetivo la prevención. En

la aplicación del derecho penal debe primar el principio de ultima ra-

tio.

– La política criminal debe tener en cuenta que el principio gene-

ral es la libertad personal de forma estricta y reforzada y la excepcio-

nalidad es la restricción.

45 Idem.

46 Corte Constitucional. Sentencia T-762 de 16 de diciembre de 2015, M. P.: Gloria

Stella Ortiz Delgado, disponible en [https ://www .corteconstitucional .gov .co /relato -

ria /2015/t -762-15.htm].

47 Idem.

48 Departamento Nacional de Planeación –dnp–. “Bases para el Plan Nacional de

Desarrollo 2014-2018”, disponible en [https ://colaboracion .dnp .gov .co /CDT/P rensa /

B ases %20P lan %20N acional %20 de %20D esarrollo %202014-2018.pd f]

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130

Pablo Elías González Monguí

– La política criminal debe tener como objetivo primordial la

resocialización efectiva de los condenados. En este punto se debe en-

fatizar en que el Estado no tiene voluntad política de buscar la reso-

cialización de las personas debido a que no realiza acciones positivas

en tal sentido.

– La detención preventiva de las personas debe ser excepcional.

– “La política criminal debe ser coherente”, estable y consistente.

– “La política criminal debe estar sustentada en elementos empí-

ricos”. Debe estar fundamentada en información confiable, con infor-

mación seria y articulada, que permita evaluar y retroalimentar las

medidas que se adopten para cada etapa que se diseñe de la política

pública. Además, es necesario que la información delincuencial y pe-

nal esté unificada y sea de calidad.

– Desde el punto de vista económico, la política criminal debe

ser sostenible. El hacinamiento por el contrario genera problemas en

salud, en prolongación indebida de la permanencia, en ausencia de

resocialización, reincidencia, entre otros, que a la postre resultan más

gravosos en términos económicos y sociales (pérdida de legitimidad)

para el Estado.

– La política criminal debe respetar y proteger los derechos hu-

manos de las personas privadas de la libertad.

En relación con el segundo problema estructural del hacinamien-

to carcelario, la problemática se resume en lo siguiente:

– Son más las personas que ingresan a las prisiones que los que

salen en libertad.

– La construcción y adecuación de cupos deben respetar la digni-

dad humana y subsistencia de las personas.

– Son insuficientes los recursos económicos destinados a la finan-

ciación de la política penitenciaria y carcelaria y la política criminal.

El tercer problema estructural es la reclusión conjunta de sindi-

cados y condenados. A mayo de 2015, de los 119.378 internos a cargo

del inpec, el 38% (44.322 internos), estaban bajo detención preven-

tiva (sindicados). Este es un problema que desde 1998 fue señalado

por la Corte y sin embargo a 2015 no estaba superado, por el contra-

rio, aumentó.

El cuarto problema estructural tiene que ver con un sistema de

salud deficiente en las prisiones del país, que vulnera en forma grave

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El hacinamiento carcelario: Un problema sin solución a la vista

131

los derechos de los reclusos, por la reducida infraestructura, la falta

de dotación y de personal médico.

El quinto problema estructural de la mayoría de prisiones radica

en las condiciones de higiene y salubridad indignas, pese a que son

prohibidos constitucionalmente los tratos crueles, inhumanos y de-

gradantes, en este caso propiciados por el Estado.

A comienzos de 2022, el hacinamiento en estaciones de policía y

centros de detención transitoria (uri de la Fiscalía y lugares simila-

res)⁴⁹, en donde inconstitucionalmente se prolonga por más de 36 ho-

ras la estancia de las personas recién privadas de la libertad, en algu-

nos casos, durante días y meses, situación en la que se incurre en una

violación sistemática a los derechos fundamentales, de la dignidad

humana, la integridad física y la libertad personal de los detenidos.

Estos lugares de reclusión transitoria no están diseñados ni destina-

dos para privar de la libertad a seres humanos más allá del término

constitucionalmente establecido. En algunos casos el hacinamiento

tuvo tasas de sobrepoblación superiores al 900%, los privados de la

libertad ascendieron a 19.471, pero con una capacidad máxima de

6.727, con un exceso de 12.744 personas. Se pudo establecer que la

problemática del Sistema Penitenciario y Carcelario se trasladó a estos es-

pacios en los que existen luchas por el poder y se presentan riñas, intentos

masivos de fuga, homicidios, ingreso de estupefacientes e incremento de en-

fermedades⁵⁰.

En agosto de 2025 el hacinamiento en los centros de detención tran-

sitoria ascendió a las 20.000 personas⁵¹.

Más adelante, la Corte Constitucional tuteló los derechos de

otros reclusos mediante las sentencias T-089 de 2024⁵²y SU-512 de

49 Corte Constitucional. Sentencia SU-122 de 31 de marzo de 2022, MM. PP.: Diana

Fajardo Rivera, Cristina Pardo Schlesinger y José Fernando Reyes Cuartas, dispo-

nible en [https ://www .corteconstitucional .gov .co /relatoria /2022/su 122-22.htm].

50 Idem.

51 Mauricio Villamil. “inpec alerta por hacinamiento de 20.000 sindicados en estaciones

de policía y déficit de 40.000 cupos en cárceles”, en Bogotá, Infobae, 6 de febrero de 2025,

disponible en [https ://www .in f obae .com /colombia /2025/02/07/inpec -alerta -por -ha -

cinamiento -de -20000-sindicados -en -estaciones -de -policia -y-deficit -de -40000-cu -

pos -en -carceles /].

52 Corte Constitucional. Sentencia T-089 de 21 de marzo de 2024, M. P.: Jorge

Enrique Ibáñez Najar, disponible en [https ://www .corteconstitucional .gov .co /relato -

ria /2024/t -089-24.htm].

N u e v o s Pa r a d i g m a s d e l a s C i e n c i a s S o c i a l e s L at i n o a m e r i c a n a s

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132

Pablo Elías González Monguí

2024⁵³, en que se recaban los planteamientos que se han señalado

antes sobre la violación de los derechos fundamentales de los reclu-

sos. Sumado a lo anterior, en la última sentencia se plantea además el

déficit estructural en la protección de esos derechos de las personas

que son recluidas y tienen una condición de discapacidad psicosocial,

para lo cual ordenó “al Gobierno nacional la elaboración de una po-

lítica pública integral que haga frente a la compleja situación de esta

población en el sistema penal, penitenciario y carcelario”⁵⁴. Si las pri-

siones no están en capacidad de garantizar los derechos humanos de

las personas sin condición de discapacidad mucho menos lo están en

relación con las que sí se encuentran en esta situación por cualquier

limitación⁵⁵.

Como también se han presentado problemas en el suministro

de la alimentación en los centros transitorios de detención, la Corte

Constitucional mediante el Auto 887 de 19 de junio de 2025 le orde-

nó a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –uspec– con-

tinuar con la prestación del servicio alimentación en dichos centros

hasta tanto la entidad territorial correspondiente, acredite la imple-

mentación del plan y el suministro referido que garantice “condicio-

nes de continuidad, suficiencia, calidad y adecuación”⁵⁶.

III. Las reglas de equilibrio

y el equilibrio decreciente

La Corte Constitucional ha considerado que uno de los remedios jurí-

dicos para que no se violen los derechos fundamentales de los reclu-

sos y para tratar de reducir y evitar el hacinamiento, era llevar a cabo

53 Corte Constitucional. Sentencia SU-512 de 4 de diciembre de 2024, MM. PP.: Natalia

Ángel Cabo y Cristina Pardo Schlesinger, disponible en [https ://www .corteconstitu -

cional .gov .co /relatoria /2024/su 512-24.htm].

54 Idem.

55 Al respecto, para una exposición sistemática del tema ver Johana Barreto Montoya.

“Las personas con discapacidad en contextos de conflicto armado y crisis sanitarias. El

caso colombiano”, Revista Científica General José María Córdova, vol. 23, n.° 50, abril-junio

de 2025, pp. 465 a 484, disponible en [https ://revistacientificaesmic .com /inde x.php /es -

mic /article /view /1468/1448].

56 Corte Constitucional. Auto 887 de 19 de junio de 2025, M. P.: Jorge Enrique Ibáñez

Najar, disponible en [https ://repositorio .minjusticia .gov .co /politica -criminal /au -

tos /A-897-27_A uto _continuidad _servicio _de _alimentacion %20%281%29.pd f].

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El hacinamiento carcelario: Un problema sin solución a la vista

133

una medida excepcional, mediante la aplicación de las reglas de equi-

librio y equilibrio decreciente. Consiste en limitar el ingreso de per-

sonas a las prisiones al límite de capacidad de cada establecimiento⁵⁷.

Esta medida resulta muy difícil de aplicar si se tiene en cuenta

que los jueces tienen la facultad autónoma –de acuerdo con la ley

procesal– para imponer la detención preventiva o la condena de las

personas, sin examinar si la reclusión de una persona contribuye o no

al hacinamiento, debido que esa parte le corresponde solucionarla al

Ejecutivo nacional y a los municipios.

La aplicación de estas reglas no opera si, por otra parte, no se to-

man medidas estructurales representadas en políticas públicas para

superar el estado de cosas inconstitucional, debido a que se excede

la capacidad y las funciones de los jueces, motivo por el cual las re-

glas de equilibrio decreciente fueron suspendidas en forma temporal

por la Sentencia SU-122 de 31 de mayo de 2022⁵⁸. Debido a que no

ha existido una verdadera voluntad política encaminada a solucionar

el problema del hacinamiento, las autoridades penitenciarias aplican

las reglas de equilibrio y equilibrio decreciente para disminuir y evi-

tar el hacinamiento en determinado centro carcelario o penitenciario,

lo que impide el ingreso de más privados de la libertad que quedan en

las estaciones de policía o en las uri de la Fiscalía, lo que ha trasladado

gran parte del problema a autoridades que no tienen la competencia

para la custodia más allá de las 36 horas, ni tienen las instalaciones y

los recursos necesarios para garantizar mínimamente la dignidad de

las personas y otros derechos.

IV. Las cifras actuales del hacinamiento carcelario

En el cuadro siguiente, tomado del inpec⁵⁹, se refleja la situación del

hacinamiento carcelario a nivel nacional, según la capacidad, la po-

blación existente y la sobrepoblación (índice de hacinamiento en las

prisiones).

57 Corte Constitucional. Auto 110 de 11 de marzo de 2019, M. P.: Gloria Stella

Ortiz Delgado, disponible en [https ://www .corteconstitucional .gov .co /relatoria /au -

tos /2019/a 110-19.htm].

58 Corte Constitucional. Sentencia SU-122 de 31 de marzo de 2022, MM. PP.: Diana

Fajardo Rivera, Cristina Pardo Schlesinger y José Fernando Reyes Cuartas.

59 inpec. Tableros estadísticos, cit.

N u e v o s Pa r a d i g m a s d e l a s C i e n c i a s S o c i a l e s L at i n o a m e r i c a n a s

issn 2346-0377 (en línea) vol. XVI, n.º 31, enero-junio 2025, Pablo E. González M.

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Pablo Elías González Monguí

Fuente: inpec. Tableros estadísticos, cit.

Además de las 22.000 personas que registra la reclusión en centros

transitorios de detención, en el inpec son 22.904 cupos (28.2%) los

de sobrepoblación. En total el hacinamiento asciende a 44.904 cupos

(55.34% de hacinamiento).

V. La falta de voluntad política

en la solución del hacinamiento

La Sentencia T-388 de 2013 ya citada señaló que el problema del ha-

cinamiento carcelario no se soluciona con la creación de más cupos

carcelarios, sino que requiere un ajuste de la política criminal para

superar su debilidad, reactividad, volatibilidad, incoherencia, que

apunta básicamente al aumento de penas (populismo punitivo), más

bien poco reflexiva frente a la realidad nacional, subordinada a la po-

lítica de seguridad con la necesidad de ser proveída de una adecuada

fundamentación empírica, para combatir la criminalidad y lograr la

resocialización de los condenados. Esto, de tiempo atrás, ha generado

múltiples críticas al populismo penal que sin duda domina la política

penal colombiana⁶⁰.

El Gobierno de Gustavo Petro Urrego presentó el Proyecto de

60 Germán Silva García. “Unarevisióndelanálisiseconómicosobreelderecho”, enEconomía

Institucional, vol. 2, n.° 2, 2000, primer semestre de pp. 173 a 196, disponible en [https ://

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El hacinamiento carcelario: Un problema sin solución a la vista

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Ley número 336 de 2023 Cámara-277 de 2023 Senado, cuyo objetivo

era “humanizar la política criminal y penitenciaria para contribuir a

la superación del estado de cosas inconstitucional” de las prisiones⁶¹.

Fue radicado el 6 de febrero de 2023 pero tuvo desde el comienzo po-

nencia negativa y fue archivado el 20 de junio de 2023 por tránsito de

legislatura. Desde un comienzo, los legisladores consideraron que no

contribuiría a la reducción del hacinamiento ni a la superación de la

violación masiva de derechos humanos en las prisiones, debido a que

no mejoraría las condiciones de reclusión de las personas privadas de

la libertad⁶².

Al contrario de la opinión de la Comisión Primera Constitucional

Permanente de la Cámara de Representantes, el proyecto sí iba a pro-

ducir efectos relacionados con el cambio de política criminal y con

solucionar en parte el hacinamiento carcelario, pero con tal que este

factor pesara contra el Gobierno Petro, hubo oposición y es aún un

asunto sin solucionar.

El proyecto tenía como primer objetivo la “racionalidad, cohe-

rencia y proporcionalidad de las penas”, también “ajustar los topes

máximos de las penas” y “focalizar los esfuerzos de la administración

de justicia en la persecución de la criminalidad grave, muy grave y

reincidente”. Para esto se propuso la despenalización de algunas con-

ductas punibles, por su menor gravedad, o debido a que podrían ser

juzgadas por otras jurisdicciones o mecanismos judiciales diferentes

o por otras instancias sociales o comunitarias.

Se propuso entonces la derogatoria de varios tipos penales esta-

blecidos en el Código Penal de 2000:

61 Congreso de la República. Proyecto de Ley 336 de 2023 Cámara, 277 de 2023 Senado,

“Por medio de la cual se humaniza la política criminal y penitenciaria para contri-

buir a la superación del estado de cosas inconstitucional y se dictan otras disposicio-

nes. [Reforma penitenciaria]”, trámite en “Congreso visible”, Bogotá, Universidad de

Los Andes, disponible en [https ://congresovisible .uniandes .edu .co /pro y ectos -de -le y/

ppor -medio -de -la -cual -se -humaniza -la -politica -criminal -y-penitenciaria -para -contri -

buir -a -la -superacion -del -estado -de -cosas -inconstitucional -y-se -dictan -otras -disposicio -

nes -re f orma -penitenciaria /12895/].

62 Óscar Rodrigo Campo Hurtado y Marelen Castillo Torres. “Informe de ponencia ne-

gativa para primer debate al Proyecto de Ley número 336 de 2023 Cámara, 277 de 2023

Senado”, Gaceta del Congreso, n.° 479, 15 de mayo de 2023, pp. 1 a 12, disponible en [ht -

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Pablo Elías González Monguí

– Del tipo penal de inasistencia alimentaria para que se acudiera

a la jurisdicción civil⁶³.

– Del artículo 103A en relación con el homicidio de menores de

edad debido a que existe el agravante en el artículo 104 y por otras

consideraciones de política penal.

– De los artículos 201 (violación a la libertad religiosa), 202 (im-

pedimento y perturbación de ceremonia religiosa), 203 (daños o agra-

vios a persona o cosas destinadas a culto) y 204 (irrespeto a cadáve-

res), que debe ser tratado más por la instancia policial que judicial.

– De los artículos 220 a 225, 227 y 228 de que trata el título v

como los “delitos contra la integridad moral” (calumnia e injuria), a

excepción del artículo 226 sobre “injuria por vías de hecho”, debido al

desgate judicial, a la poca terminación de los procesos con sentencia y

a que esos asuntos pueden ser abordados con mayor efectividad por

la jurisdicción civil.

– Del artículo 237 sobre el incesto, propuesta que generó mucha

oposición con contenido religioso.

– Del artículo 238 sobre supresión, alteración o suposición del

estado civil.

– Del artículo 248 sobre emisión y transferencia ilegal de cheque,

se debe despenalizar por tratarse más que todo de la penalización por

deudas civiles⁶⁴.

– Del artículo 389-A sobre elección ilícita de candidatos.

– Del artículo 462 sobre aceptación indebida de honores.

Además, el Proyecto planteó “Ajustes al régimen de acceso a be-

neficios administrativos y subrogados penales y fortalecimiento del

tratamiento penitenciario y la reinserción social”, lo que permitiría

la posibilidad de la alternatividad de la prisión domiciliaria con una

función principal y que la prisión intramural solo fuera utilizada en

forma excepcional.

63 Su descriminalización ha sido planteada de tiempo atrás, con fundamento en estudios

críticos: Germán Silva García. “Exploración sociojurídica sobre el delito de inasistencia

alimentaria”, en Gonzalo Cataño Molina (coord.). Teoría e investigación en sociología

jurídica, Bogotá, Externado, 2003, pp. 323 a 352.

64 Germán Silva García. “La construcción social de la realidad. Las ficciones del discurso

sobre la impunidad y sus funciones sociales”, en Via Inveniendi et Iudicandi, vol. 17, n.°

1, 2022, pp. 105 a 123, disponible en [https ://revistas .usantotomas .edu .co /inde x.php /

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El hacinamiento carcelario: Un problema sin solución a la vista

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El segundo objetivo era el de reforzar la justicia restaurativa con

el fortalecimiento del principio de oportunidad y la mediación, para la

resolución útil y expedita de los conflictos penales, con maximización

de los derechos de las víctimas y con reparación efectiva⁶⁵.

La implementación de procedimientos alternativos de media-

ción, justicia restaurativa y mecanismos de justicia de paz, evita que

casos no graves lleguen a la prisión; promueve en cambio la repara-

ción y disminuye de manera comprobada la presión sobre el sistema

carcelario⁶⁶. Estas prácticas, además de fortalecer la confianza comu-

nitaria y facilitar la reintegración social de quienes cometen infraccio-

nes, han demostrado ser eficaces en la disminución de la sobrecarga

del sistema carcelario y en la optimización de los recursos judiciales,

configurándose como una respuesta más humana, eficiente y sosteni-

ble frente a los retos de la justicia penal contemporánea⁶⁷.

En tercer lugar, solucionar el problema del hacinamiento carcela-

rio. Para esto se buscaría la implementación real del modelo progre-

sivo de cumplimiento de las penas, en procura que los internos ten-

gan mayor contacto con la familia y social en la medida que cumplan

la pena y no sean aisladas de la sociedad, esto es, desocializadas. Se

buscaba el cumplimiento de la obligación del Estado de fortalecer el

programa que los debe preparar para la libertad y los programas de

resocialización, para reintegrar a los penados a la sociedad en condi-

ciones tales que no vuelvan a cometer delitos (reincidencia).

65 Elementos sobre estas recomendaciones en Germán Silva García y Marlon Díaz.

“¿Justicia penal o justicia premial? Un análisis sociojurídico sobre la justicia penal en

Colombia”, en Angélica Cuéllar Vázquez e Iván García Gárate (coords.). Reformas

judiciales, prácticas sociales y legitimidad democrática en América Latina, México D. F.,

Universidad Nacional Autónoma de México –unam–, 2015, pp. 109 a 137; Germán Silva

García y Pamela Tinoco Ordóñez. “La justicia restaurativa. Un parangón entre la jus-

ticia penal y la transicional”, en Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política,

Humanidades y Relaciones Internacionales, año 26, n.° 57, 2024, pp. 483 a 504, disponible

en [https ://revistascientificas .us .es /inde x.php /araucaria /article /view /26801/23317].

66 Omar Antonio Herrán Pinzón, Jaime Alberto Sandoval Mesa y Jesús E. Sanabria

Moyano, “Los procedimientos alternativos en la resolución de conflictos en el proceso

de paz colombiano”, en Principia Iuris, vol. 18, n.° 39, julio-diciembre de 2021, pp. 89

a 109 disponible en [https ://revistas .santototunja .edu .co /inde x.php /piuris /article /

view /2534/2084].

67 Laura C. Gamarra Amaya. “The effectiveness of international law in protecting girls

recruited by Colombian non-state armed groups”, Revista Científica General José María

Córdova, vol. 23, n.° 51, julio-septiembre de 2025, pp. 659 a 681, disponible en [https ://

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Pablo Elías González Monguí

También se propuso el ajuste del tiempo máximo de prisión en

los casos de concurso de delitos (50 años) y de delito singular (40

años). Además, el ajuste en caso de flagrancia que permita que se le

otorgue la justicia premial al imputado, así como ajustes a la medida

de aseguramiento de detención preventiva; en las reglas de imposi-

ción de multas impuestas conjuntamente con la pena de prisión; o la

suspensión especial de la ejecución de la pena en el caso de pequeños

agricultores.

Todo lo anterior apuntaba a crear un ambiente y la percepción

de una mayor seguridad. Se perdió una oportunidad de impactar de

manera positiva en el tema del hacinamiento carcelario y dar un vira-

je a la política penal carcelaria, pero los legisladores que le apuestan

a maximizar las penas no lo permitieron. Claro está que en la funda-

mentación del proyecto nunca se dijo en cuántos cupos se reduciría el

hacinamiento carcelario y el tiempo que esto tomaría.

La Ley 2446 de 11 de febrero de 2025⁶⁸mediante la cual se crea

la política pública de cárceles productivas –pcp–, establece incentivos

tributarios y administrativos para que se vinculen entidades y orga-

nizaciones a esos programas carcelarios que apuntan a la resocializa-

ción de los penados con la participación de la empresa privada, pero

que no contribuye a la reducción del hacinamiento carcelario.

Por otra parte, se tramitó el Proyecto de Ley 281 de 2024, pre-

sentado por la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Justicia y

del Derecho y la Fiscalía General de la Nación, el cual fue aprobado

como Ley 2477 de 11 de julio de 2025⁶⁹, con el que se busca realizar

un cambio estructural al sistema de justicia penal y garantizar que sea

más ágil y eficaz, aunque quedaron limitaciones que venían de leyes

anteriores⁷⁰. Por el contenido de esta ley es predecible que no va a

impactar en la disminución del hacinamiento carcelario.

68 Diario Oficial, n.° 53.027, de 11 de febrero de 2025, disponible en [https ://www .suin -ju -

riscol .gov .co /view D ocument .asp ?ruta =L e y es /30054513].

69 Diario Oficial, n.° 53.178, de 11 de julio de 2025, disponible en [https ://www .suin -juris -

col .gov .co /view D ocument .asp ?ruta =L e y es /30055247].

70 MinisteriodeJusticiaydelDerecho.“ComisiónPrimeradelaCámaradeRepresentantes

aprobó proyecto de ley para una justicia más ágil y eficaz”, 13 de mayo de 2025, dispo-

nible en [https ://www .minjusticia .gov .co /S ala -de -prensa /P aginas /C omision -P rimera -

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El hacinamiento carcelario: Un problema sin solución a la vista

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VI. Las soluciones al hacinamiento carcelario

El Estado colombiano no ha emprendido con voluntad política la ta-

rea de reducir el hacinamiento carcelario, sea con medidas definitivas

o temporales. Se construyen tres nuevas prisiones así: en San Ángel,

Magdalena (1.974 cupos); Riohacha, Guajira (1.722 cupos), previstas

para diciembre de 2025; y Pilamo en Pereira, Risaralda (1.500 cupos)

prevista su terminación en diciembre de 2026⁷¹. En total suman 5.196

cupos que tendrán un impacto mínimo frente a los 42.000 cupos que

se requieren en la actualidad.

Siempre que se tenga la voluntad política encaminada a la solu-

ción del hacinamiento carcelario en términos de garantizar los cupos

intramurales en condiciones de dignidad humana, debe apoyarse

en las ciudades y municipios con mayor capacidad económica para

habilitar edificaciones destinadas a quienes son calificados como de

mediana o mínima seguridad. Para efecto de la consecución de los

inmuebles debe apoyarse en entidades como la Sociedad de Activos

Especiales –sae– para que destine los inmuebles en proceso o con ex-

tinción de dominio, o tomar en arrendamiento inmuebles que pue-

dan ser adecuados en corto tiempo para albergar al porcentaje que

se encuentra en hacinamiento. Esto implica una política de choque

que debe responder a la mitigación de la emergencia carcelaria que se

vive en el país, que permita conseguir las instalaciones, adecuarlas y

vincular y capacitar personal mediante contratación directa o a través

de terceros que realicen esa labor de custodia. Hasta el momento el

Estado no ha emprendido actividades tendientes a solucionar de ma-

nera temporal o definitiva el problema del hacinamiento.

Tampoco se debe renunciar a replantear y proponer de nuevo

una reforma penal que implique un cambio de la política en materia

de prisiones, que no solo piense en el encarcelamiento de las perso-

nas, sino también con fórmulas de alternatividad en materia de penas

y con énfasis en la justicia restaurativa como lo ha planteado la Corte

Constitucional⁷².

71 Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –uspec–. “Avance nuevos cupos.

San Ángel, Riohacha, Pilamo”, febrero 2025, disponible en [https ://www .minjusticia .gov .

co /S ala -de -prensa /D ocuments /PRESENTACION-AVANCE-PROYECTOS-SRP-1-FEB.pd f];

Ministerio de Justicia y del Derecho. “En último debate Congreso aprueba Reforma a

la Justicia”, 27 de mayo de 2025, disponible en [https ://www .minjusticia .gov .co /S ala -de -

prensa /P aginas /E n -ultimo -debate -C ongreso -aprueba -R e f orma -a -la -J usticia .asp x].

72 En la doctrina se localizan distintas variantes de la finalidad retributiva, una de las cuales

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140

Pablo Elías González Monguí

La crisis penitenciaria no solo es en Colombia, sino que se ex-

presa también en el conjunto de América Latina. Esta situación debe

entenderse como una consecuencia y no como la causa del proble-

ma, pues la sobrepoblación carcelaria es reflejo del aumento de tipos

penales y de penas, vinculadas, entre otras causas, a problemas de

desarmonía personal, económica, cultural y desventajas sociales. La

falta de medios suficientes para satisfacer las necesidades básicas im-

pulsa a muchos individuos hacia el delito, lo que pone en evidencia

la gran responsabilidad del Estado en garantizar bienestar y un nivel

de vida adecuado para las poblaciones. En este sentido, la situación

revela la existencia de unos Estados que no cumplen a plenitud sus

funciones, lo que exige replantear las políticas públicas y la política

criminal para responder de manera efectiva a las finalidades esencia-

les de bienestar de la población⁷³.

Conclusiones

El hacinamiento carcelario es un problema crónico que afecta la dig-

nidad de las personas privadas de la libertad y viola los derechos fun-

damentales de la vida, la integridad personal, la igualdad, la salud, el

trabajo, el estudio y el derecho a una sana convivencia que apunte a

la resocialización. Aunque las personas privadas de la libertad están

bajo un régimen de sujeción del Estado, este no cumple con lo que le

corresponde de garantizar la dignidad y los derechos humanos de es-

tas personas, que se deben respetar por la condición de seres huma-

nos con independencia de la responsabilidad penal que se les pueda

imputar.

Además, el problema del hacinamiento carcelario se ha traslada-

do a los lugares de detención transitoria, en donde la situación es to-

davía más violatoria de los derechos humanos, debido a que son sitios

hace énfasis en la negación del delito, mediante la justa imposición de un sufrimiento al

penado, como forma de desaprobar su accionar, Delito y reacción penal”, en Silva García

(ed.). Tratado latinoamericano de sociología jurídica, pp. 369 a 419, disponible en [ht -

tps ://libroselectronicos .ilae .edu .co /inde x.php /ilae /catalog /view /392/878/1817], pp.

399 y 400.

73 Saúl Adolfo Lamas Meza. “Análisis de la situación penitenciaria en México y su inminen-

te transformación restaurativa”, en Novum Jus, vol. 17, n.° 1, enero-abril de 2023, pp. 283

a 309, disponible en [https ://novumjus .ucatolica .edu .co /article /view /4083/4607].

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El hacinamiento carcelario: Un problema sin solución a la vista

141

que no tienen las mínimas condiciones para albergar tantas personas

privadas de la libertad.

Por la intensidad del problema del hacinamiento carcelario y la

ausencia de medidas efectivas tendientes a su solución, se puede con-

cluir que el Estado, las entidades encargadas de proyectar la política

criminal y penal y los gobernantes, no tienen la voluntad política de

solucionarlo pese a las decisiones de la Corte Constitucional. Incluso

el legislador perdió una importante oportunidad de discutir el pro-

blema y apuntar a su solución con el proyecto de ley que presentó el

Gobierno Petro, el cual era un paso para lograr un buen impacto en la

solución del problema.

Existe una gran indolencia moral de los Gobiernos y de la socie-

dad frente al problema del hacinamiento carcelario, cuya solución es

necesaria para que se pueda producir un proceso de resocialización

de los penados. Unas personas mancilladas en su dignidad, con gra-

ves violaciones de muchos derechos, cuando salen de la prisión ex-

perimentan una gran frustración, dolor y resentimiento, y no están

preparados para una reinserción social. Han perdido la posibilidad de

un futuro mejor.

Se debe tener en cuenta que el hacinamiento es una de las tantas

situaciones negativas que existen en las prisiones y que estas tienen

problemas estructurales graves cuya solución requiere de la inversión

de bastantes recursos económicos, debe obedecer a un programa en

el tiempo y contar con la voluntad política gubernamental.

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