Nuevos Paradigmas de las Ciencias Sociales Latinoamericanas

issn 2346-0377 (en línea) vol. X, n.º 20, julio-diciembre 2019, Aracelis I. Camacho B. pp. 85 a 94

Las leyes de justicia y paz, de reparación y

restitución de tierras y sus efectos en la

sociedad colombiana

Aracelis Isabel Camacho Bustamante*

The justice and peace laws, of reparation and

restitution of lands and their effects

on colombian society

Resumen

Ante la evidente violencia que viene padeciendo nuestro país, manifestada de varias mane-

ras, a través del paramilitarismo, de grupos guerrilleros, incluso miembros de la fuerza públi-

ca que han excedido sus facultades incurriendo en conductas al margen de la ley, surgen por

parte del gobierno dos propuestas jurídicas: La Ley de Justicia y Paz y la Ley de Reparación

de Víctimas y Restitución de Tierras. Estas leyes surgen en diferentes gobiernos y en diferen-

tes contextos, pero ambas tienen el firme propósito de alcanzar la tan anhelada paz que los

Colombianos reclamamos, a través del cese de las hostilidades y la reparación a las víctimas,

la restitución de sus tierras a indígenas y demás población desplazada. No obstante, la reali-

dad social ha demostrado que vienen provistas de falencias y vacíos que no han permitido el

logro de los objetivos propuestos.

* Abogada de la Universidad Libre de Barranquilla, especialista en Gestión Pública de

la Escuela Superior de Administración Pública y especialista en Derecho Comercial y

Marítimo de la Universidad Sergio Arboleda. Abogada litigante en derecho civil, comer-

cial, derecho laboral y administrativo. Docente catedrática Universidad del Magdalena

(2010-2019) derecho civil, comercial y consultorio jurídico; Docente catedrática Escuela

Superior de Administración Pública (2009-2019) y docente, Corporación Unificada

Nacional de Educación Superior (2008-2012)- derecho comercial, laboral, comercial in-

ternacional. E-mail: [

araceliscamacho63gmail.com

Aracelis Isabel Camacho Bustamante

N u e v o s Pa r a d i g m a s d e l a s C i e n c i a s S o c i a l e s L at i n o a m e r i c a n a s

issn 2346-0377 (en línea) vol. x, n.º 20, julio-diciembre 2019, Aracelis I. Camacho B.

Palabras clave: Reparación; Víctimas; Paz; Restitución; Desplazamiento.

Abstract

Our country is suffering a big wave of violence, we can see it through paramilitarism, guer-

rilla groups, including members of public force that have passed their own limits and power

incurring in conducts outside the law, appears, by the government, two legal options: first,

“The justice and peace law” and second “The victim and land repair law”.

These two laws

emerge in different governments and contexts, however both of them have the purpose of

chase and reach the beloved peace we all are, as Colombians, looking for and claims, through

the hostilitie’s end and the victim’s repair. However, the social reality shows they come with

so many mistakes that obstruct the final goal proposed in the beginning

Keywords: Reparation; Victims; Peace; Restitution; Displacement.

Fecha de presentación: 8 de abril de 2019. Revisión: 10 de abril de 2019. Fecha de aceptación: 15

de abril de 2019.

Introducción

La violencia y la permanente violación de los derechos humanos han

estado presentes a lo largo de la historia de nuestro país, cada gobier-

no ha propuesto alternativas de solución, mediación de los conflictos,

no obstante, no se evidencia una resolución efectiva para las víctimas

y menos para que no se produzca la repetición de estas conductas que

sin lugar a dudas producen grandes daños a los miembros de una so-

ciedad, los cuales pueden ser de orden sicológico, sociológico, físicos,

económicos, etc.

La armonía y la convivencia pacífica son necesarias para la vida

en sociedad, no obstante, cuando estas se encuentran afectadas surge

la inseguridad, la incredulidad, que bien podría tener su fuente en el

mismo Estado de quien los particulares esperan por lo menos el cum-

plimiento de sus principios, los cuales se encuentran consagrados en

el Preámbulo de la Constitución Política de Colombia de la siguiente

manera: “... con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar

a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igual-

dad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico,

Las leyes de justicia y paz, de reparación y restitución de tierras y sus efectos...

N u e v o s Pa r a d i g m a s d e l a s C i e n c i a s S o c i a l e s L at i n o a m e r i c a n a s

issn 2346-0377 (en línea) vol. x, n.º 20, julio-diciembre 2019, Aracelis I. Camacho B.

democrático y participativo que garantice un orden político, econó-

mico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la

comunidad latinoamericana”, sin embargo, estos principios constitu-

cionales no se cumplen a cabalidad, pero lo esencial es identificar la

problemática y buscar las vías de solución.

Permanentemente los colombianos somos víctimas de desplaza-

miento, violencia sexual, maltrato en el seno de la familia, trata de

mujeres y niños, reclutamiento forzado de menores, terrorismo por

parte de insurgentes, paramilitares, guerrilleros y demás personas

que vulneran y cercenan nuestros derechos.

Como alternativa en el año 2005, se crea la “Ley de Justicia y Paz”

y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación referenciada

en la Ley 975 de 2005, en el gobierno del presidente Álvaro Uribe

Vélez y posteriormente en el gobierno del presidente Juan Manuel

Santos la Ley 1448 de 2011 denominada “Ley de Reparación de

Víctimas y Restitución de Tierras”, las cuales fueron generadoras de

gran optimismo en lo referente al contribuir a una paz negociada

como solución al conflicto armado en Colombia.

La Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, mereció

el rechazo y la descalificación, ya que de muchas maneras se convirtió

en un factor negación de los derechos más elementales de las vícti-

mas, pues fue percibida como un engaño, para aparentar una supues-

ta desmovilización por parte de los paramilitares, con algunos rasgos

de reparación, que en todo caso fueron insuficientes ante la magnitud

de la afectación a la población víctima del conflicto.

En cuanto a la palabra justicia Norberto Bobbio nos realiza

el siguiente aporte: “El problema de la justicia es el problema de la

correspondencia o no de la norma a los valores superiores o finales

que inspiran un determinado orden jurídico” (Bobbio, 2005, p. 20).

De la misma manera en cuanto al concepto de justicia Hans Kelsen

expresó: “Es una relación entre los valores que han sido socialmente

aceptados como buenos, es justo aquel que realiza estas conductas”

(Kelsen, 2005, p. 10). No obstante en pro de la solución del conflicto

en nuestro país primero con los paramilitares y segundo con la guerri-

lla, con políticas del perdón y olvido con un alto grado de impunidad,

los conceptos de justicia han quedado rezagados, dando lugar a gran

resentimiento por parte de las víctimas y una sensación de incerti-

Aracelis Isabel Camacho Bustamante

N u e v o s Pa r a d i g m a s d e l a s C i e n c i a s S o c i a l e s L at i n o a m e r i c a n a s

issn 2346-0377 (en línea) vol. x, n.º 20, julio-diciembre 2019, Aracelis I. Camacho B.

dumbre e inseguridad en miembros de la sociedad. Contrario a lo que

ocurre con estos grupos al margen de la ley, los cuales se fortalecen y

se transforman en otros grupos de igual o peor denominación, incluso

en Bandas Criminales Emergentes como las bacrim, bajo la falacia de

una aparente desmovilización.

Estas leyes consagran un procedimiento especial, aplicable a

aquellas personas que han sido parte de grupos armados ilegales,

tanto de autodefensas como de guerrilleros y que voluntariamente

deciden entregarse, confesar sus delitos (cometidos durante y como

consecuencia de su participación en dichos grupos) y entregar los

bienes que tengan ilegalmente en su poder.

El artículo 1.° de la Ley 1448 de 2011 establece:

Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer un conjunto de medidas

judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas,

en beneficio de las víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 3º

de la presente ley, dentro de un marco de justicia transicional que posibiliten

hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación

con garantía de no repetición, de modo que se reconozca su condición de

víctimas y se dignifique a través de la materialización de sus derechos cons-

titucionales.

De tal manera, que los victimarios para hacerse acreedores de penas

mínimas en algunos casos y en otros para lograr el perdón total de

sus delitos y la impunidad de los mismos declararán las transgresio-

nes cometidas y brindarán toda la información a los familiares de las

víctimas para que de alguna manera estas personas salgan de la in-

certidumbre y dilema en que se encuentran y se enfrenten cada una

de ellas a su realidad por más aterradora que sea, es decir afronten su

verdad.

Con fundamento en la Ley de Justicia y Paz implementada por

el presidente Álvaro Uribe Vélez, los miembros de los grupos pa-

ramilitares, que fueron en última los únicos que aparentemente se

acogieron a la misma jamás cesaron en sus hostilidades, continuaron

con la perpetración de delitos, entre ellos homicidios individuales y

colectivos, amenazas, ataques contra la población civil, toma de re-

henes, torturas, desplazamientos forzados, reclutamiento de niños y

niñas y actos de violencia sexual.

Las leyes de justicia y paz, de reparación y restitución de tierras y sus efectos...

N u e v o s Pa r a d i g m a s d e l a s C i e n c i a s S o c i a l e s L at i n o a m e r i c a n a s

issn 2346-0377 (en línea) vol. x, n.º 20, julio-diciembre 2019, Aracelis I. Camacho B.

Era realmente preocupante enterarnos que los supuestamente

“desmovilizados” fueron involucrados por el gobierno en labores de

inteligencia militar, y en actividades de protección y vigilancia, tales

como policías de carreteras, guardias, lo cual es patrocinado e incenti-

vado por instituciones gubernamentales, que entregan una contribu-

ción económica al desmovilizado.

Se denunciaron casos de actuación coordinada, ya que las vícti-

mas habrían sido entregadas por paramilitares, ejecutadas posterior-

mente por militares, y luego presentadas ante la prensa y la opinión

pública como integrantes de grupos armados muertos en combate, tal

como consta en informe de la Comisión Interamericana de Derechos

Humanos:

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos decide: 200. Que el es-

tado colombiano violó los derechos contenidos en los artículos 4.° (derecho

a la vida), 5.° (derecho a la integridad física), 8.° (garantías judiciales) y 25

(protección judicial), en concordancia con el artículo 1.1 de la Convención

Americana sobre Derechos Humanos, de la cual Colombia es Estado Parte, por

la ejecución extrajudicial de Arturo Ribón Avilán, Yolanda Guzmán Ortiz,

Martín Quintero Santana, Luis Antonio Huertas Puerto, Isabel Cristina

Muñoz Duarte, José Alberto Aguirre Gutiérrez, Jesús Fernando Fajardo

Cifuentes, Francisca Irene Rodríguez Mendoza, Javier Bejarano, José

Alfonso Porras Gil y Hernando Cruz Herrera y la falta de justicia en la

cual cayeron estos hechos.

201. Que el Estado colombiano no dio cumplimiento al compromiso estable-

cido en el artículo 2.° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,

de adoptar de acuerdo con sus procedimientos constitucionales y legales vi-

gentes, las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho de las personas

a obtener que se les haga justicia, mediante la sanción de los miembros de la

fuerza pública en servicio activo que en desempeño de actos del servicio vio-

laron el derecho a la vida (Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Informe n.° 26/97 Arturo Ribón Avila, Caso 11.142 [Colombia], parrs. 140 a

142).

Estas acciones conjuntas entre la fuerza pública y grupos paramili-

tares han sido la causa del desplazamiento en buena parte del país,

ya que se cometieron detenciones arbitrarias, tratos crueles desapa-

riciones forzadas y ejecuciones, especialmente dirigidas a personas

jóvenes, a los afro descendientes y a líderes indígenas.

Aracelis Isabel Camacho Bustamante

N u e v o s Pa r a d i g m a s d e l a s C i e n c i a s S o c i a l e s L at i n o a m e r i c a n a s

issn 2346-0377 (en línea) vol. x, n.º 20, julio-diciembre 2019, Aracelis I. Camacho B.

Respecto del marco normativo que desarrolla los deberes de pro-

tección de los niños, la Constitución Política en su artículo 44 establece:

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger

al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno

de sus derechos. Cualquier persona puede exigir a la autoridad competente

su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños

prevalecen sobre los derechos de los demás.

La Convención de los Derechos del Niño prohíbe el reclutamiento

de personas menores de 15 años, y su Protocolo facultativo estable-

ce dicha prohibición respecto de menores de 18 años. El Derecho

Internacional Humanitario consagra normas relativas a la protección

de la niñez en conflictos armados constituidas por el artículo 24 del

Convenio iv de Ginebra de 1949 y los Protocolos adicionales i y ii a los

convenios, que prohíben la participación directa e indirecta de niños

en las hostilidades.

A partir de estos conceptos, los niños y adolescentes vinculados

al conflicto son a todas luces víctimas y merecen especial protección

del Estado por tratarse de sujetos de derechos prevalentes. De acuer-

do a lo anterior, prima el interés superior de los niños en la aplica-

ción de las normas, y los elementos de verdad, justicia y reparación

deben estructurarse en función del restablecimiento de sus derechos

de manera oportuna y eficiente. Sobre este aspecto en el marco de los

conflictos negociados en Colombia, estos marcos normativos son con-

trario a los estándares internacionales ya que conceden beneficios ju-

rídicos a los responsables del delito de reclutamiento ilegal de meno-

res de edad, considerado como un crimen no susceptible de amnistía

ni de indulto. En este sentido, es importante recordar que en el marco

de la Convención sobre los derechos del niño y del derecho interna-

cional humanitario, el reclutamiento ilícito de menores le impone al

Estado un doble deber que no se está cumpliendo; de una parte, la

obligación de no reclutar menores de edad en sus filas y, de otra, la de

garantizar que los niños no sean reclutados por grupos combatientes.

Las leyes 975 de 2005 y 1448 de 2011, no garantizan la verdad

ni la reparación en relación con la totalidad de los delitos cometidos

por quienes se sometan a su trámite. Los términos de investigación

Las leyes de justicia y paz, de reparación y restitución de tierras y sus efectos...

N u e v o s Pa r a d i g m a s d e l a s C i e n c i a s S o c i a l e s L at i n o a m e r i c a n a s

issn 2346-0377 (en línea) vol. x, n.º 20, julio-diciembre 2019, Aracelis I. Camacho B.

son muy cortos para la magnitud y gravedad de los delitos cometidos,

y además en muchas ocasiones se desconoce si el procesado dice toda

la verdad como condición para obtener los beneficios, ni hay debate

probatorio en relación con los hechos que puedan imputarse al proce-

sado, de tal manera que las condenas por reparación que se adopten

como consecuencia de la ley estarán circunscritas a los daños pro-

bados en relación con los delitos que el desmovilizado acepte haber

cometido, que muy probablemente no serán todos los que efectiva-

mente haya cometido.

Por su parte la Ley 1448 que conserva muchos rasgos de su an-

tecesora la Ley 975 de 2005 ha incluido un aspecto bien importante

en el proceso de reparación y es el de la restitución de tierras, el cual

también adolece de muchas falencias, por lo que se encuentra en tela

de juicio su ineficacia.

En ese sentido el organismo señala que “cualquier acuerdo de

paz carecerá de sentido a menos que los derechos de las comunida-

des indígenas y afro descendientes a regresar a sus tierras y a deci-

dir cómo se usan tengan prioridad sobre el deseo de las empresas de

explotar esas tierras en su propio beneficio”, afirmó Erika Guevara

Rosas, directora del Programa Regional para América de Amnistía

Internacional.

Precisamente, pese a la búsqueda del retorno a sus tierras, unos

seis millones de personas que han sido objeto de desplazamiento

forzado de sus hogares como consecuencia del conflicto armado, no

encuentran garantías para el regreso a su territorio. Al menos ocho

millones de hectáreas de tierra –aproximadamente el 14 por ciento

del territorio del país– han sido abandonadas o adquiridas ilegalmen-

te. Los afectados son en su mayoría comunidades indígenas, afrodes-

cendientes y campesinas.

Muchas de estas comunidades se han visto obligadas a abandonar sus tierras

en repetidas ocasiones después de años de amenazas y homicidios de las

fuerzas de seguridad, los paramilitares, que a menudo actúan en conniven-

cia con los militares y las fuerzas guerrilleras. En muchos casos, el despla-

zamiento tiene lugar en zonas con potencial para la explotación económica,

incluida la minería (Colprensa, 2015).

Aracelis Isabel Camacho Bustamante

N u e v o s Pa r a d i g m a s d e l a s C i e n c i a s S o c i a l e s L at i n o a m e r i c a n a s

issn 2346-0377 (en línea) vol. x, n.º 20, julio-diciembre 2019, Aracelis I. Camacho B.

De igual manera, a pesar de la expedición de la Ley 1448 de 2011,

no se adecuó la administración para enfrentar este nuevo reto de tal

manera que entidades públicas como el igac, carece de la infraes-

tructura y logística y modernización necesaria que permita brindar

información oportuna y actualizada sobre los predios objeto de este

proceso.

La corrupción también ha sido un factor en contra de este proce-

so ya que personas que no son reales víctimas del conflicto han sido

beneficiadas de manera ilegal y se ha evidenciado tráfico de influen-

cia para asignación de recursos, incluso en altos niveles de la rama

judicial, en detrimento de los derechos de personas que han sufrido

verdadera afectación a causa de la violencia ya que el desplazamiento

forzoso es el resultado de una estrategia de los grupos armados para

consolidar su hegemonía territorial en ciertas regiones del país, con

fines económicos y políticos. De tal manera que una persona despla-

zada es doblemente víctima ya que además de ser agredidas por gru-

pos al margen de la ley son obligados a migrar en condiciones preca-

rias, lejos de amigos y familiares, sin perspectivas laborales.

Una investigación de la Contraloría delegada para el Sector Agro-

pecuario concluyó que “se debe mejorar la gestión administrativa del

Fondo de Restitución de Tierras, pues “ha sido difícil garantizar la

administración permanente bajo fiducia mercantil, ya que los proce-

sos licitatorios debieron declararse desiertos y la entidad acudió a un

contrato con sucesivas prórrogas”.

Este fondo es clave pues de allí salen los dineros para costear, por

ejemplo, las deudas de los beneficiarios de las sentencias de restitu-

ción como servicios públicos o impuesto predial. Del fondo también

salen los recursos para pagar las compensaciones a terceros de buena

fe o reubicaciones con los predios no se pueden restituir.

Otra de las advertencias de Maya consiste en que se deben dar

más garantías de seguridad para que, a quienes se les devuelven sus

inmuebles, en efecto puedan volver. A pesar de que la Contraloría

tomó una muestra y constató que en la mayoría se ha adelantado el

proceso de retorno de las víctimas beneficiadas con la restitución, hay

otros casos en donde las dificultades persisten.

Las leyes de justicia y paz, de reparación y restitución de tierras y sus efectos...

N u e v o s Pa r a d i g m a s d e l a s C i e n c i a s S o c i a l e s L at i n o a m e r i c a n a s

issn 2346-0377 (en línea) vol. x, n.º 20, julio-diciembre 2019, Aracelis I. Camacho B.

Así sucedió con el predio “El Capitolio”, ubicado en el corregimiento Canutal,

del municipio de Ovejas (Sucre). Pese a que hace más de dos años les noti-

ficaron a las víctimas sobre el fallo de restitución a su favor, no han podido

retornar porque el predio está ocupado por terceros que “a través de actos

violentos impiden la entrega material del inmueble (El Tiempo, 2015).

Conclusión

Se ha evidenciado a través de dos gobiernos diferentes, su interés en

hacer frente en Colombia al flagelo de la violencia a través del diálo-

go con los diferentes grupos alzados en armas, logrando acuerdos en

la búsqueda incesante de garantizar la paz a todos los habitantes de

nuestro país.

Sin embargo con relación a estos procesos se han elaborado le-

yes que gozan de total validez ya que ha sido expedidas con autori-

dad o legitimidad, se encuentran vigentes y además se han ajustado

completamente a la jerarquía normativa; pero a pesar de esto no han

logrado el resultado esperado ya que los victimarios o supuestamen-

te desmovilizados en su mayoría han mutado de grupo insurgente,

burlando al Estado y a toda la sociedad colombiana, obteniendo be-

neficios concedido por la ley y continuando sus actividades bélicas al

margen de la ley.

Por otra parte las leyes en cargadas de la protección de las vícti-

mas han sido hasta el momento ineficaces ya que si bien se ha realiza-

do de manera alguna un buen porcentaje de reparaciones, el número

de reclamaciones excede lo presupuestado por el estado y la admi-

nistración pública no se encuentra preparada estructural ni financie-

ramente para afrontar este reto. No podemos olvidar el papel de la

corrupción que ha permitido el usufructo de beneficios y concesiones

de tierras altamente productivas a familiares y amigos de políticos

y demás funcionarios del Estado, negando a los desplazados, verda-

deras víctimas de la violencia, la posibilidad de regreso a su entor-

no social y peor aún el temor de los desplazados a volver a su tierra

atendiendo a que los supuestos desmovilizados siguen dominando la

región bajo otra denominación.

Aracelis Isabel Camacho Bustamante

N u e v o s Pa r a d i g m a s d e l a s C i e n c i a s S o c i a l e s L at i n o a m e r i c a n a s

issn 2346-0377 (en línea) vol. x, n.º 20, julio-diciembre 2019, Aracelis I. Camacho B.

Referencias

Bobbio, Norberto. Teoría general del derecho, Bogotá, Temis, 2015.

Colprensa. “Amnistía Internacional advierte fallas en restitución de tierras”, El Universal,

4 de noviembre de 2015, disponible en: [

www.eluniversal.com.co/colombia/amnistia-

internacional-advierte-fallas-en-restitucion-de-tierras-210215-ISEU312974

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Informe n.° 26/97 Arturo Ribón Avila, Caso

11.142 (Colombia)”, en Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

1997, febrero de 1998, disponible en: [

www.cidh.org/annualrep/97span/97indice.htm

Justicia. “Contralor General alerta fallas en proceso de restitución de tierras”, El Tiempo,

Bogotá, 25 de noviembre de 2015, disponible en: [

www.eltiempo.com/archivo/

documento/CMS-16440605

Kelsen, Hans. ¿Qué es la justicia?, México, Edit. Coyoacán, 2005.