Nuevos Paradigmas de las Ciencias Sociales Latinoamericanas issn 2346-0377

vol. I, n.º 2, julio-diciembre 2010, J. Vladimir Llano. pp. 123 a 146

Apuntes para la comprensión del

conflicto armado colombiano contemporáneo y la situacion de las víctimas

Jairo Vladimir Llano*

 

mn

 

Notes to the understanding of contemporary Colombian armed conflict and the situation of victims

 

Resumen

 

Para una mayor comprensión en términos jurídicos, políticos y sociales de la confrontación entre las fuerzas armadas del gobierno y los grupos armados disidentes en las últimas décadas del siglo xx e inicios del xxi, la concepción de conflicto armado se convierte en la más pertinente y adecuada con miras a una resolución del conflicto en un tiempo prudencial y con la pretensión de que las orientaciones que se desprenden de las decisiones de la Corte Interamericana de derechos humanos, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y propuestas como la ley de víctimas desde el ejecutivo y el parlamento o las investigaciones que adelantan las ong internacionales de derechos humanos sean llevadas a un feliz termino y el país puede proyectarse en la convivencia en los escenarios internacionales regionales y globales.

 

Palabras clave: Conflicto armado; Fuerzas armadas; Grupos guerrilleros; Derechos humanos y víctimas.

 

Abstract

 

For a better comprehension in juridical, political and social terms of the confrontation between the Army and the dissident armed groups in the last decades of the xxth Century and the beginning of the xxist Century, the conception of armed conflict becomes the most pertinent and adequate in the forthcoming of a resolution of the conflict within a prudential time, and the pretention that the orientations from the decisions of the Human Rights Interamerican Court, the Constitutional Court, the Supreme Court of Justice and proposals such as the victims Act from the Government and the Congress or investigation from international Non Governmental Organizations of Human Rights can be projected in the convenience of international regional or global sceneries.

 

Keywords: Armed conflict, Army, Guerrilla, Human rights, Victims.

 

Fecha de presentación: 28 de octubre de 2010. Revisión: 30 de noviembre 2010. Fecha de aceptación: 6 de diciembre de 2010.

ef

 

Los inicios del conflicto armado entre

gobiernos vs. guerrillas

 

Los antecedentes de la confrontación armada entre las guerrillas y las fuerzas oficiales que representaban los respectivos gobiernos se remonta hacia los mediados del siglo xx cuando aparecen las primeras organizaciones guerrilleras de carácter partidista1, teniendo su origen en el conflicto de los partidos tradicionales conservadores y liberales que se han turnado los espacios burocráticos de decisión al interior de las instituciones públicas desde el siglo xix y que se ha mantenido hasta la actualidad. Las tensiones y disputas por el acceso a las instancias de dirección del gobierno entre los partidos tuvo su manifestación más grave con el acontecimiento del asesinato del líder del partido liberal Jorge Eliécer Gaitán, convirtiéndose en el referente para que las confrontaciones armadas entre uno y otro partido se extendieran por todo el territorio nacional, los conservadores que se encontraban en el gobierno tenían a su disposición las fuerzas policiales y militares, mientras los liberales se organizaron en guerrillas con fuerte influencia en las zonas rurales, esta confrontación armada originaría desplazamientos masivos de población de lo rural a las ciudades, reformas y contrarreformas agrarias dirigidas por los caciques regionales de cada uno de los partidos2, y lo más grave, estaría representado en los asesinatos, las masacres y desaparecidos de ambos bandos y de ciudadanos que no tenían vinculación partidaria.

Las guerrillas liberales tuvieron un crecimiento inusitado en las regiones de Cundinamarca, Tolima, Huila y los Llanos Orientales, desestabilizando los gobiernos locales y resquebrajando las instituciones públicas centrales, situación que se puede determinar como insurreccional y que ponía en cuestionamiento el statu quo de las burocracias de ambos partidos, circunstancias que darían el paso al golpe militar de Rojas Pinilla3, posteriormente se entablarían diálogos con las guerrillas con el fin de pactar una negociación que incluyera los lideres del partido liberal en las instancias de decisión gubernamental a cambio de que estas se desintegraran, este pacto se concretizaría con la propuesta del Frente Nacional que consistiría en turnarse entre los partidos liberal y conservador los cargos de decisiones del gobierno por periodos sucesivos4, ante estos acontecimientos la mayoría de las guerrillas entregarían sus armas y se pondrían a disposición de los líderes del partido liberal, los restantes grupos guerrilleros que no compartían el proceso, en unos casos se convertirían en bandoleros dedicados a actividades de robo y chantaje a comerciantes, dineros y mercancías que en ciertos casos eran redistribuidos a la población más pobre, otros grupos conformarían las nuevas guerrillas comunistas, específicamente en los departamentos del Tolima, Huila, Cauca y Cundinamarca.

Estas guerrillas comunistas comenzarían como autodefensas, con el fin de confrontar la presión que ejercían caciques y terratenientes de los partidos tradicionales por la apropiación de las tierras de los campesinos y colonos que se encontraban en estas regiones. El gobierno central después de los acuerdos del Frente Nacional evitaría la creación y expansión de guerrillas que pusieran en cuestionamientos los gobiernos, por eso se determinarían desde el ejecutivo en concordancia con el parlamento, la persecución y acciones de las fuerzas militares sobre los campamentos de las guerrillas. Estos operativos realizados por los militares debilitarían la organización guerrillera pero su aniquilamiento sería difícil de lograr, estas acciones en un corto plazo fortalecieron los grupos guerrilleros, conformándose en los años 60 las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc) que comenzarían su estrategia de expansión por varias regiones, incorporando militantes para su causa, provenientes en su mayoría de las zonas campesinas e indígenas y uno que otro intelectual que encontraba en la revolución cubana un modelo a replicar para el contexto colombiano al unirse a las farc5; esta guerrilla ideológicamente tuvo su origen marxista y promulgaba el comunismo para el país.

La hegemonía de los partidos tradicionales en los gobiernos centrales y las administraciones locales sin la posibilidad que los partidos de oposición accedieran a estas instancias, el triunfo de la revolución cubana y los distintos movimientos revolucionarios sociales que se constituían en Latinoamérica, impulsaron a distintos sectores sociales a la conformación de guerrillas que tenían como pretensión tomar el poder político por las armas y la transformación de la realidad social de exclusión por sociedades más igualitarias como lo sucedido en los países donde las revoluciones triunfaban, es así como surgen el Ejercito de Liberación Nacional –eln– en los departamentos de Norte de Santander y Santander, incorporando en sus filas estudiantes, sindicalistas, sacerdotes, intelectuales y algunos sobrevivientes de las guerrillas liberales, esta guerrilla ideológicamente combinaba el marxismo, la teología de la liberación y el castrismo6; simultáneamente se conforma el Ejercito Popular de Liberación –epl– en la región de la Costa Atlántica vinculando en sus incipientes frentes campesinos, obreros, sindicalistas e intelectuales, este grupo se consideraba marxista, leninista y maoísta, cierta parte de sus militantes eran disidentes del Partido Comunista y de las farc7.

Pese a la aparición de los distintos grupos guerrilleros, para el gobierno central estos no eran considerados desestabilizadores debido a su focalización, además contaban con el respaldo militar de sus fuerzas armadas que comenzaban a realizar operativos militares de envergadura en las regiones y localidades de influencia de las guerrillas, en estos operativos fueron debilitados las guerrillas del eln y del epl, por su parte, las farc, mantuvieron una estrategia de retaguardia y crecimiento de sus frentes en combatientes de forma modesta, pese a las persecuciones a las guerrillas estas lograron resistir las acciones militares y entraron en una segunda fase en década del 70, el movimiento estudiantil internacional y nacional, los movimientos guerrilleros que se conformaban en Centroamérica y el triunfo de la revolución Sandinista en 1979, imprimirían una nueva dinámica a las guerrillas colombianas, las farc, el eln y el epl ampliaron el número de combatientes multiplicando sus frentes en todo el territorio nacional, a su vez aparecieron grupos insurgentes innovadores como el M-19 que realizaba una militancia particularmente de carácter urbana y de acciones simbólicas de cierta trascendencia nacional, su ideología se consideraba socialdemócrata8; otra guerrilla en aparecer y que tenía su particularidad étnica fue el Movimiento guerrillero Quintín Lame con militantes y combatientes exclusivamente indígenas que reivindicaba la identidad y la recuperación de tierras colectivas consideradas ancestrales9.

 

La expansión guerrillera y la negociación

con el gobierno central

 

Ante la expansión de las guerrillas por diversas regiones del territorio nacional durante la década 80-90 se colocaba en cuestionamiento la estabilidad política, los intereses de las élites económicas y el statu quo de los sectores sociales hegemónicos, para impedir estos avances de los movimientos insurgentes, los distintos gobiernos llevaron a cabo distintas estrategias que oscilaban entre medidas represivas como el estatuto de seguridad o los estados de excepción donde se otorgaban y ampliaban las funciones de la fuerzas armadas gubernamentales a procedimientos judiciales sin previa investigación limitando los derechos de libertad de los ciudadanos y por otro lado medidas de convivencia por medio de los procesos de diálogo, acuerdos y negociaciones de paz que en ciertos casos culminarían con ruptura y en otros con propuestas como la apertura política que permitiría la conformación de partidos políticos de izquierda, de la cual saldrían movimientos políticos como la Unión Patriótica, Frente Popular y A luchar, cuyos líderes y militantes serían perseguidos, desaparecidos y asesinados por parte de ciertos funcionarios de los organismos de seguridad del Estado, los grupos paramilitares y escuadrones de la muerte de extrema derecha, situación que en pocos años llevaría al desmonte de estos partidos10, varios de los militantes sobrevivientes optarían por su protección por medio del asilo en los países centrales o por su vinculación a las guerrillas que justificaban por los pocos espacios de participación política que se gestaban desde las instancias de decisión gubernamental.

Los inicios de los 1990 muestran claramente la estrategia combinada por parte del gobierno tanto de fomentar la negociación con los grupos insurgentes como la confrontación militar, en estos años se desmovilizan los primeros grupos guerrilleros, el M-19, el epl y el Quintín Lame que pretendían la transformación de la sociedad y del Estado para que fuera incluyente y se redujeran la marginalidad socioeconómica de la mayoría de la población donde tenían su influencia, objetivos soportados en diversas ideologías que se perciben como socialdemócratas, marxistas o indigenistas, dependiendo de la procedencia del movimiento insurgente, estas reivindicaciones de los grupos desmovilizados se pasan al espacio de la arena política estatal por medio de su participación en la Constituyente11.

Acontecimiento que coincidencialmente también era impulsado por ciertas élites que consideraban necesario llevar a cabo para promocionar constitucionalmente el libre mercado proveniente del consenso de Washington, intereses opuestos pero coincidentes en el objetivo de la transformación jurídica del Estado colombiano, dándose inicio a la Asamblea Nacional Constituyente para construir una Constitución que sea a la vez progresista y adecuada a los desafíos de la globalización económica, situación contradictoria que se realizó, teniendo avances más benéficos para el interés de las élites económicas que los intereses sociales de la mayoría de los colombianos12. En esta constituyente entre los organizaciones de mayor votación, precisamente, se encontraba la alianza democrática M-19 partido que se conformo a partir de la desmovilización del grupo guerrillero; en esta Constituyente participaron delegados del epl, el movimiento Quintín Lame y del Partido Revolucionario de Trabajadores (prt) que se encontraban en negociaciones con el gobierno central; mientras los delegados de las guerrillas desmovilizadas iniciaban sus intervenciones en la Constituyente, se realizaba por parte de las fuerzas armadas colombianas la ofensiva militar contra Casa Verde donde se encontraban los máximos dirigentes de las farc13.

 

Intensificación del conflicto armado

gobiernos vs. guerrillas

 

Estos procedimientos militares contra las farc y el eln por parte de las fuerzas armadas gubernamentales se llevaron a cabo e intensificaron en el transcurso de la Constituyente y después de su promulgación, convirtiéndose en la estrategia gubernamental que mostraría los beneficios a que podían acceder los desmovilizados y la persecución que se realizaría a las guerrillas activas, en este tiempo de confrontación y persecución de las guerrillas que se encontraban en confrontación con el gobierno, estas continuaron con su crecimiento militar, multiplicando sus frentes en las zonas de influencia y expandiéndose hacia las ciudades por medio de milicias Bolivarianas organizadas por las farc y Revolucionarias o Populares por el eln14, es así como las posibilidades de que estas guerrillas se desmovilizaran o que fueran derrotadas militarmente se fue dilucidando desde las mismas instancias gubernamentales, debido en parte, a los pobres resultados de las desmovilizaciones que habían realizado los anteriores grupos insurgentes, la exclusión y la marginalidad se mantenían inamovibles, varios de los desmovilizados fueron asesinados por grupos de extrema derecha, otros terminaron vinculados actividades delincuenciales comunes, algunos fueron captados por los partidos tradicionales, entre otras opciones de vida que desvirtuaban la desmovilización por parte de las organizaciones guerrilleras activas.

Pese a que las desmovilizaciones por parte de las guerrillas activas no se encontraban en sus agendas en el periodo entre siglos, estas procedieron a participar en diálogos, acuerdos, negociaciones, zonas de encuentro y de despeje con el gobierno central para avanzar en propuestas políticas que motivaran en un primer momento la intensidad del conflicto armado y en una segunda fase la posibilidad de acabar estas confrontaciones que paulatinamente se habían agudizado en las distintas regiones. La pretensión era desmontar el conflicto armado que cada vez adquiría dimensiones complejas debido a que los involucrados y afectados se ampliaban a sectores sociales que hasta ese momento eran simples observadores; el crecimiento en los frentes guerrilleros por la incorporación masiva de combatientes, las derrotas militares sufridas por parte de las fuerzas armadas gubernamentales en las acciones adelantadas por las farc de desmantelar bases de las fuerzas militares, los secuestros masivos realizados por el eln en las entradas a las ciudades, entre otras acciones que desequilibraban la confrontación para el lado de las guerrillas dejando en cuestionamiento las instituciones públicas y alentando la posibilidad de que los frentes guerrilleros lleguen al poder por la vía armada.

Ante este panorama los gobiernos redefinen su estrategia y priorizan la reorganización de las fuerzas armadas gubernamentales a través de la profesionalización del ejercito, policía y organismos de inteligencia, mejorar el equipamiento y ampliar la fuerza en combate, estos ajustes necesitarían amplios presupuestos en lo correspondiente al gasto militar, por tal razón se requeriría el apoyo del mayor socio comercial del gobierno colombiano, los Estados Unidos, que a través del plan Colombia invertirían varios millones de dólares en la transformación y modernización de las fuerzas armadas colombianas, incluyendo adquisición de equipos militares de ultima tecnología que tendrían como primer objetivo combatir el narcotráfico y posteriormente las guerrillas15, en poco tiempo se pasaría a la confrontación directa con las guerrillas originando la intervención de un tercero a favor del gobierno y sus fuerzas armadas, en una situación de conflicto armado interno; precisamente, a partir de esta intervención es cuando el conflicto se internacionaliza, se pasa de una confrontación doméstica e interna a una confrontación internacional de repercusiones regionales y globales.

 

La prevalencia del concepto conflicto

ante el de violencia y terrorismo

La reciente historia de Colombia esta atravesada por las constantes confrontaciones armadas entre guerrillas y fuerzas gubernamentales, para esta situación se han utilizado diferentes conceptos que tienen implicaciones tanto positivas o negativas para alguno de los grupos enfrentados como para encontrar salidas a la compleja circunstancia de disputas y confrontaciones entre los distintos protagonistas, en este orden de ideas, a continuación se examinara que implicaciones tiene la utilización del concepto de violencia o el de conflicto tanto para la compresión de los acontecimientos que se suceden cotidianamente en el contexto colombiano. La determinación de la instrumentalización o manipulación de cada uno de esto conceptos, como los aportes que se puedan deducir al referenciar una y otra propuesta en lo relacionado con la agudización de la confrontación o la que posibilite salidas concertadas que lleve al desmonte gradual de los enfrentamientos y los grupos que lo generan.

 

Antecedentes del concepto de violencia

para la situación colombiana

 

El termino violencia fue utilizado de forma recurrente por parte del gobierno, sus instituciones, ciertos académicos y algunos sectores sociales; en unos casos explicativos y en otros se manipulaba la percepción sobre los sucesos acontecidos a finales de la década del 40 y los años 50, que consistían en la confrontación armada, mucho más aguda en las zonas rurales que en las ciudades entre los militantes de los partidos conservador que se encontraban en el gobierno central y el partido liberal que era la oposición, sus partidarios tenían presencia en ciertas instancias de decisión nacional y regional, la intención de los líderes y las bases partidistas liberales era acceder a las instituciones públicas centrales, por su parte los conservadores querían expandir su dominio a las regiones y localidades de influencia liberal, originándose los correspondientes enfrentamientos por los intereses opuestos; estas confrontaciones se realizaron a lo largo del territorio nacional dejando como resultado miles de muertes, expulsión de campesinos a las ciudades de forma masiva, concentración de la tierra en los caciques regionales y locales de ambos partidos, entre otras situaciones negativas que resultan de los enfrentamientos armados generalizados, como en muchas situaciones de tensión y confrontación la mayoría de las victimas provenían de las zonas rurales marginadas.

Al denominarse estos sucesos históricos de la confrontación entre los partidos tradicionales como la “época de la violencia” se limita su explicación y la culpabilidad se diluye hasta el punto que la impunidad es la reinante; pese a que las victimas tanto en vidas como en lo correspondiente a la subsistencia económica de las familias de estos acontecimientos sean amplios sectores poblacionales de la sociedad colombiana. Esta concepción de la violencia que fue construida paradójicamente, por los líderes de ambos partidos al encontrarse a través del Frente Nacional y lograr los respectivos acuerdos políticos, mostrando como los intereses de las élites se imponen de nuevo al pretender que dichos acontecimientos queden en el olvido, rescatando prioritariamente el consenso y dejando estos hechos de forma restringida a las narraciones históricas, ocultando la jerarquización socioeconómica que se desprendieron al final de este periodo, Incluso, sectores sociales y políticos que fueron protagonistas de la confrontación como las guerrillas liberales provenientes de los departamentos del Llano, considerando estos sucesos como la revolución liberal, dando una connotación más cercana a los intereses de los campesinos que hacían parte de esta región, en contra de la concepción manipuladora e instrumental de violencia que se realizaba por parte de los lideres del partido16.

La aparición de las guerrillas de tendencia socialista y comunista como el eln, M-19, epl y las farc que comenzaban ampliar sus influencias en las zonas rurales, fomentaron una confrontación directa contra las élites políticas y económicas nacionales, y regionales teniendo como objetivo su destitución de las instancias de decisión, situación que llevo a las fuerzas armadas gubernamentales al fortalecimiento y ampliación de sus operativos en las zonas alejadas de colonización campesina donde estas guerrillas se fundaban y consolidaban. La confrontación genero la reelaboración del concepto de violencia, dependiendo de la apreciación ideológica y los intereses en juego; para las guerrillas se llevaba a cabo una revolución, considerando las acciones armadas que realizaban como parte de la violencia que se debería implementar en un proceso revolucionario, lo que se llamaría como la justificada violencia revolucionaria esencial para el triunfo de las guerrillas. Por su parte desde ciertos sectores gubernamentales se concibió la propuesta de la violencia como acción legítima del Estado para mantener el orden social, propuesta que justificaba las prácticas represivas por parte de las fuerzas armadas oficiales. Estas percepciones opuestas sobre el término de violencia y que se encuentran coincidentes con los intereses de cada uno de los grupos enfrentados, no es explicativa, por el contrario agudiza la confrontación.

 

La aparición del concepto de conflicto y

sus efectos en la confrontación

 

En los años 80 cuando los grupos insurgentes y el gobierno central comienzan los acercamientos para entablar diálogos, acuerdos y negociaciones, aparece el concepto de conflicto como parte explicativa de la situación de confrontación entre las guerrillas y las fuerzas militares, y que puede llevar a la terminación del mismo. Este termino tiene su sustento durante el transcurso del siglo xx en las distintas disciplinas que hacen parte de las ciencias sociales como la sociología17, la antropología y el derecho con el fin de comprender las complejas situaciones de confrontación armada a que acude en ciertas circunstancias los grupos humanos y que pueden resultar nocivas como lo ocurrido con los conflictos internacionales, además, de forma reciente se han constituido sendas teorías sobre el estudio de los conflictos, convirtiéndose en especialidad para académicos y gobernantes. Desde esta percepción los conflictos sociales se consideran como parte de la cotidianidad de las culturas humanas, lo crítico es cuando se llega a transgresiones del derecho internacional en el conflicto armado donde se expone la vida individual y colectiva de forma permanente.

El análisis sobre los enfrentamientos que a traviesa el país coloca a los actores en igualdad de condiciones, se exponen sus motivos, los intereses en disputa, las apreciaciones ideológicas que soportan las acciones armadas, los objetivos de las organizaciones enfrentadas, entre otras posibilidades que se pueden desprender de esta concepción para dirimir o transformar el conflicto armado en un conflicto de ideas e intereses donde se podría propugnar por el abandono de las acciones armadas por actividades políticas de movilización social donde los sectores confrontados sean claros en sus intenciones y objetivos políticos, impidiendo se vuelva a incurrir en las acciones militares.

 

Conflicto y diálogos

 

Esta percepción fue utilizada para los diálogos, acuerdos y posterior desmovilización de las guerrillas como el M-19, epl y Quintín Lame quienes en un primer momento fueron reconocidos por parte del gobierno como actores armados que tenían un carácter político, con sus respectivos intereses y apreciaciones ideológicas que serían no solamente respetadas sino impulsadas por parte de las instituciones públicas con el fin de reducir la confrontación armada y tener las posibilidades de la actuación política. Parcialmente se llevaron a cabo dichos reconocimientos, mientras se realizaban los diálogos, la desmovilización hasta la conversión en partidos políticos de estos grupos los gobiernos apoyaron el impulso de estos nuevos movimientos; cuando comenzaron su asenso político y se encontraban cercanos a las instancias de decisión, se truncaron los procesos, originando en las restantes guerrillas poca credibilidad en dichos tratados.

Debido a los resultados parcialmente aceptables de la desmovilización de las guerrillas se siguió utilizando la concepción de conflicto armado por parte de los gobiernos, los funcionarios públicos, los analistas, las ong y la sociedad en general, avanzando en la compresión del conflicto. Esta concepción y comprensión de la situación llevo a que se reanudaran los diálogos y acercamientos con las guerrillas que defendían la vigencia de la lucha armada para la transformación política y social; en este proceso de diálogos esporádicos y pasajeros se acepto por parte del gobierno la incorporación del derecho internacional humanitario para avanzar paulatinamente en el desmonte del conflicto armado18. Esta propuesta jurídica internacional reconoce para el caso colombiano el conflicto armado interno donde se aplican el protocolo ii de Ginebra, situación en la que ha sido esencial la participación de los países europeos y de ong transnacional como el Comité Internacional de la Cruz Roja, que un primer momento realizaron actividades de difusión sobre esta propuesta jurídica que regula los conflictos internos, entre los funcionarios gubernamentales, los actores armados y las poblaciones afectadas por la confrontación. En un segundo momento, se llevaron a cabo acciones humanitarias como la visita y atención de combatientes de las guerrillas detenidos en algunas prisiones, la entrega de secuestrados y rehenes, contactos entre gobierno y los grupos disidentes, zonas de encuentro, veedores de diálogos, entre otras actividades adelantadas desde la perspectiva del dih y la concepción del conflicto armado.

 

La reelaboración de la violencia y

el terrorismo para la confrontación reciente

 

En los finales del 90 y en los primeros años del siglo xxi el conflicto armado colombiano paso de diálogos, acercamientos y negociaciones entre el gobierno y las guerrillas de las farc y el eln a una intensificación de la confrontación armada que culminaría con las negociaciones19. Esta agudización se debió en parte a la entrada del Plan Colombia financiado por el gobierno de los Estados Unidos que combinaba tanto la estrategia antinarcóticos como la contrainsurgente, en esta fase el concepto de conflicto se desplazo recobrando importancia el término de violencia desde las percepciones gubernamentales, la manipulación y su instrumentalización por parte de los funcionarios pertenecientes a las instituciones públicas fue avasallador, ya no se reconocía explícitamente la legitimidad de la violencia por parte del Estado, sino quienes acudían a la violencia como práctica eran las guerrillas, el narcotráfico y la delincuencia común, siendo los directos afectados por sus acciones armadas los ciudadanos del común, circunstancias, que llevaron a que el gobierno denominara como violentos a los pertenecientes de estos grupos y afirmando que estas agrupaciones deban ser desenmascaradas no solamente por los organismos de seguridad del Estado sino por la misma sociedad que debe colaborar con las instituciones y su legitimidad.

Esta utilización del término de violentos para describir los diferentes grupos armados disidentes del gobierno promueven las acciones represivas y enteramente militarista por parte de las instituciones públicas responsables del control social, contando con el beneplácito por parte de ciertos sectores sociales que se perciben como afectados por las prácticas que llevan a cabo estas organizaciones, configurándose sutilmente el postulado de que los violentos se minimizan o limitan en sus respectivas acciones a través de procedimientos igual o más violentos a los que acuden en sus correspondientes prácticas. Esta concepción desde los actores armados como las guerrillas acentúa sus tendencias militaristas, al elevarse las pretensiones de que con las acciones armadas se avanza en la reducción de las guerrillas por parte del gobierno o por el contrario, las guerrillas consideran que la única posibilidad para lograr sus objetivos esta en el aumento de sus prácticas militares. Situación que realiza ruptura con la posibilidad de entablar diálogos y negociaciones entre las partes aumentando las confrontaciones armadas y dedicándose cada uno de los actores a la preparación y expansión de sus estrategias militares a mediano y largo plazo.

Estas percepciones de inclinación hacia lo represivo por parte del gobierno y el fortalecimiento en lo militar por parte de las guerrillas se agudiza con la apreciación de la guerra al terrorismo, que se inicia desde los Estados Unidos a raíz de los atentados del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York y que se expande hacia los países que tienen conflictos armados que se consideran aliados por parte de los estadounidenses como es el caso colombiano20, donde se financian ampliamente las actividades de fortalecimiento militar de los distintos organismos de seguridad del Estado a través de estrategias de mediano plazo propuestas desde los Estados Unidos como el Plan Colombia, llevando a considerar los diferentes grupos armados disidentes o clandestinos como terroristas por ambos gobiernos, acentuando aún más la confrontación entre los actores armados, restringiéndose notablemente la posibilidad de salidas negociadas al conflicto.

 

Bibliografía

 

Baxi, Upendra. “Operación ‘libertad perdurable’ ¿hacia un nuevo derecho internacional y otro orden mundial?”, Revista el Otro Derecho, n.° 28, Bogotá, ilsa, 2002.

 

Espinosa, Myriam Amparo. Surgimiento y andar territorial del Quintín Lame, Quito, Abya-Yala, 1996.

 

Ferrari, Vincenzo. Acción jurídica y sistema normativo. Introducción a la sociología del derecho, Madrid, Dykinson, 2000.

 

García Villegas, Mauricio. “Constitucionalismo perverso. normalidad y anormalidad constitucional en Colombia: 1957-1997”, en Boaventura de Sousa Santos y Mauricio García Villegas. El caleidoscopio de las justicias en Colombia, t. i, Bogotá, Uniandes, 2001.

 

Leongómez Pizarro, Eduardo. “Las farc-ep: ¿repliegue estratégico, debilitamiento o punto de inflexión?”, en Francisco Gutiérrez. Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en Colombia, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2006.

 

Nemogá, Gabriel Ricardo. “Contexto social y político de las transformaciones institucionales de la administración de justicia en Colombia”, en Boaventura de Sousa Santos y Mauricio García Villegas. El caleidoscopio de las justicias en Colombia, t. i, Bogotá, Universidad de los Andes, 2001.

 

Peña Aguilera, Mario. “Justicia guerrillera y población civil, 1964-1999”, en Boaventura de Sousa Santos y Mauricio García Villegas. El caleidoscopio de las justicias en Colombia, t. ii, Bogotá, Universidad de los Andes, 2001.

 

Peña Aguilera, Mario. “eln: entre las armas y la política”, en Francisco Gutiérrez. Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en Colombia, Bogotá, Norma, 2006.

 

Quintana Mejía, Oscar. “La Constitución de 1991 como proyecto inacabado”, Revista el Otro Derecho, n.° 28, Bogotá, ilsa, 2002.

 

Ramelli, Alejandro. “El derecho internacional humanitario como discurso político durante el desarrollo del conflicto armado colombiano”, en Rafael Prieto Sanjuán. Sociología Jurídica. Análisis del control y del conflicto social, Bogotá, Externado, 2003.

 

Restrepo, Jorge Alberto, Michel Spagat y Juan Fernando Vargas. “El conflicto en Colombia: ¿quién hizo qué a quien? Un enfoque cuantitativo (1988-2003)”, en Francisco Gutiérrez. Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en Colombia, Bogotá, Norma, 2006.

 

Rojas, Diana Marcela. “Estados Unidos y la guerra en Colombia”, en Francisco Gutiérrez. Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en Colombia, Bogotá, Norma, 2006.

 

Santos, Boaventura de Sousa y García Villegas, Mauricio. “Colombia: el revés del contrato social de la modernidad”, en Boaventura de Sousa Santos y Mauricio García Villegas. El caleidoscopio de las justicias en Colombia, t. i, Bogotá, Universidad de los Andes, 2001.

 

Téllez Ardila, Astrid Mireya. Las Milicias Populares. Otra expresión de la violencia social en Colombia, Bogotá, Rodríguez Quito Editores, 1995.

 

Tobón Ramírez, William. Urabá. Los inciertos confines de una crisis, Bogotá, Planeta, 1997.

 

Uprimny, Rodrigo. “Constitución de 1991, Estado social y derechos humanos: promesas incumplidas, diagnósticos y perspectivas”, en El debate a la constitución, Bogotá, ilsa, 2002.

* Doctor en derecho de la Universidad Externado de Colombia, antropólogo y especialista en antropología jurídica de la Universidad del Cauca, becario del Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati-España. Investigador y profesor del Instituto Latinoamericano de Altos Estudios −ilae−, e-mail: [jairoderecho1@hotmail.com].

1 Sobre en que momento histórico se inicia las confrontaciones armadas entre las guerrillas y las fuerzas armadas gubernamentales que perduran hasta la actualidad es un tema de amplio debate: “... existen dos lecturas enfrentadas en la historiografía colombiana. Por una parte, la de aquellos quienes sostienen que el conflicto actual echa sus raíces en el periodo de la Violencia, y que si bien los protagonistas centrales del enfrentamiento armado han cambiado, existe una continuidad básica entre ese período y la emergencia y consolidación de las guerrillas posrevolución cubana. Por otra, la de quienes plantean una diferenciación básica entre la guerra civil que enfrentó a los dos partidos tradicionales (1946-1953) y la violencia revolucionaria que emergió desde el triunfo de Fidel Castro, en 1959. Por ello, si tomamos como fecha de inicio la del período de la Violencia (1946), nuestro conflicto bien podía ser considerado el más antiguo del mundo. Si, por el contrario, como origen el efecto de la revolución cubana y el nacimiento de las denominadas “guerrillas de primera generación” –Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc), Ejercito de Liberación Nacional (eln) y Ejercito Popular de Liberación (epl)–, entre 1964 y 1967, solamente dos conflictos –la guerra entre Israel y Palestina y la disputa por la región musulmana de Cachemira, entre India y Pakistán– superan en duración la trágica lucha que afecta a nuestro país”. Eduardo Leongómez Pizarro. “Las farc-ep: ¿repliegue estratégico, debilitamiento o punto de inflexión?, en Francisco Gutiérrez. Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en Colombia. Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2006, pp. 173 y 174.

2 Las confrontaciones armadas entre los conservadores y los liberales en las zonas rurales originaba la redistribución o concentración de la tierra para los caciques del partido que dominara la localidad por medio de los grupos armados que lo apoyaran, situación que se llevo a cabo en regiones de aceptable producción agrícola como el Quindío, donde el café se convierte en el principal producto del departamento: “al afianzarse las cuadrillas de ambos bandos y la consecuente homogenización partidista de las veredas, quienes habían abandonado temporalmente sus terrenos son progresivamente llevados a vender, no importa a que precio […] Las oportunidades se posibilitan tanto a conservadores como a liberales, pues los procesos de homogenización operan de ambos lados, según las veredas. Las ventas de liberales, que ya se habían empezado a dar desde los primeros años de la violencia, serán ahora más frecuentes; las ventas de conservadores serán especialmente numerosos en la zona de cordillera desde 1954, y en la zona del río La Vieja conocerán su mayor intensidad desde 1958-1959, bajo la amenaza de las cuadrillas alineadas en el “mrl”. Carlos Miguel Sarmiento Ortiz. “‘La violencia’ y los negocios Quindío años 50 y 60”, en Ricardo Peñaranda y Gonzalo Sánchez. Pasado y presente de la violencia en Colombia. Bogotá, Cerec, 1991, p. 278.

3 Mientras los golpes militares en Latinoamérica tuvieron una larga duración el ocurrido en Colombia se limito a un periodo reducido: “La abstención electoral de los liberales a finales de 1949 propició el ascenso de Laureano Gómez a la presidencia de la república. Durante su administración el país se vio sometido a la comprobación trágica de la imposible aplicación de las teorías y postulados políticos y programáticos del Partido Conservador [...] Empeñado en su proyecto conservador para gobernar la sociedad colombiana, Gómez radicalizo aún más la oposición armada liberal y profundizó la división del Partido Conservador. El ospinismo fuertemente vinculado a la producción agroexportadora, con el auspicio de los liberales, organizó su derrocamiento mediante un golpe de Estado comandado por el general Gustavo Rojas Pinilla en 1953. Bajo la dictadura de Rojas Pinilla (1953-1957), la supremacía del poder ejecutivo sobre el legislativo fue absoluta […] se puede afirmar que el régimen de excepción de Rojas logró cumplir los dos cometidos para los cuales fue propiciado: en primer lugar, reprimir las luchas campesinas y contener el avance de la lucha reivindicativa de los trabajadores que perturbaran la acumulación de capital y, en segundo lugar, lograr la conciliación entre las diferentes fracciones de la clase política”. Gabriel Ricardo Nemogá. “Contexto social y político de las transformaciones institucionales de la administración de justicia en Colombia”, en Boaventura de Sousa Santos y Mauricio García Villegas. El caleidoscopio de las justicias en Colombia, t. i, Bogotá, Universidad de los Andes et al., 2001, pp. 232 y 233.

4 El Frente Nacional redujo la participación política a los partidos liberal y conservador que desde finales del siglo xix han tenido posiciones de decisión en los gobiernos nacionales y locales: “el Frente Nacional erradicó la violencia política de mediados del siglo xx y por ello llevo a cabo una importante tarea histórica. Sin embargo, este logro se produjo a un alto precio. En primer lugar, la ausencia de competencia política entre los partidos tradicionales redujo el sistema político casi a una mecánica clientelista y disminuyó drásticamente la participación electoral; en segundo lugar, el tratamiento militar de los reductos campesinos derivados de la época de la violencia que luchaban contra el Estado, condujo a la formación de la guerrilla, tal como sucedió un poco más tarde en otros países latinoamericanos; y en tercer lugar, el uso casi permanente del Estado de excepción, como sucedáneo del régimen militar, tuvo por efecto la conformación de una institucionalidad no sólo hermética desde el punto de vista político, sino anómala desde el punto de vista constitucional y democrático”. Boaventura de Sousa Santos y Mauricio García Villegas. “Colombia: el revés del contrato social de la modernidad”, en Santos y García Villegas. El caleidoscopio de las justicias en Colombia, cit., pp. 57 y 58.

5 Los inicios de la guerrilla más antigua de Latinoamérica se remonta a finales de los años 1960 cuando a partir de varios encuentros de los insurgentes deciden denominarse farc: “a finales de 1965 con presencia de 100 combatientes la llamada i Conferencia del Bloque Sur en Riochiquito (Cauca) [...] Dos años más tarde, en la ii Conferencia Guerrillera, celebrada en la región del Pato (Meta), el Bloque Sur cambia de nombre y pasa a denominarse Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc) [...] el cambio de nombre buscaba expresar la voluntad de este movimiento guerrillero de pasar de una estrategia eminentemente defensiva a una estrategia más ofensiva, para lo cual sus 350 hombres son distribuidos en seis frentes guerrilleros”. Leongómez Pizarro. “Las farc-ep: ¿repliegue estratégico, debilitamiento o punto de inflexión?”, cit., p. 182.

6 La inconformidad con el Frente Nacional que impedía la participación política de sectores críticos y de izquierda en las instancias de decisión del gobierno central, a lo que se sumaba el modelo de revolución cubana llevarían a que varios grupos sociales conformaran la guerrilla del eln: “el eln surge en 1964, en el Magdalena Medio Santandereano, en una región que en los años cincuenta había sido escenario de la actividad de la guerrilla liberal dirigida por Rafael Rangel Gómez y en que la primera parte de los años sesenta había tenido alguna notoriedad el Movimiento Revolucionario liberal (mrl). En la zona también existía una importante tradición de luchas obreras, debido al centro petrolero de Barrancabermeja y había irrumpido recientemente un fuerte movimiento estudiantil liderado por la Asociación de Estudiantes Universitarios de Santander (Audesa). El grupo inicial del eln estuvo constituido por estudiantes universitarios identificados con la posibilidad de repetir el proceso surgido por la revolución cubana, algunos campesinos portadores de la memoria partidista de la década anterior y unos pocos obreros que contaban con cierta trayectoria en el movimiento sindical […] El efecto inicial del eln fue también resultado de la vinculación a sus filas del sacerdote Camilo Torres, quien había atraído la atención nacional de impulsar el Frente Unido, un movimiento de oposición al Frente Nacional y que planteaba la necesidad de diversas transformaciones revolucionarias para el país”. Mario Peña Aguilera. “eln: entre las armas y la política”, en Francisco Gutiérrez. Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en Colombia, Bogotá, Norma, 2006, p. 214.

7 El inicio de la guerrilla del epl se remonta a las discusiones internas del Partido Comunista donde un sector de militantes reclamaban acciones de mayor envergadura para la transformación social que no se promovían desde el Partido, constituyéndose una disidencia que reclamaba la vía armada: “el epl tuvo su origen en septiembre de 1963 cuando el 29 pleno del Partido Comunista de Colombia expulso de su seno una fracción disidente acusándola de desviaciones izquierdistas. Esta fracción dio lugar, dos años después, el Partido Comunista Marxista-Leninista, pc-ml, de ideología maoísta y reconocida por el Partido Comunista Chino, con objetivos revolucionarios definidos por la lucha armada en el campo como escenario principal. Una de las regiones escogidas para el implante guerrillero se situaba en la parte alta del Río Sinú con el San Jorge, en el departamento de Córdoba, abierto tanto a las montañas antioqueñas como el Gran Urabá, sede de antiguas de guerrillas liberales y refugio de rebeldes llegados de distintos puntos del país”. William Tobón Ramírez. Urabá. Los inciertos confines de una crisis, Bogotá, Planeta, 1997, p. 83.

8 La guerrilla del M-19 se caracterizo por sus acciones simbólicas y por las simpatías de las que gozaba en la población de los barrios marginados de las principales ciudades: “el ascenso de los movimientos populares y el debate interno de las guerrillas coincidió con la aparición de nuevos grupos guerrilleros y con el fortalecimiento de sus redes urbanas. Nacieron en ese contexto el Movimiento 19 de abril M-19, la Autodefensa Obrera –ado– y el grupo indigenista Quintín Lame. De los tres, el de mayor relevancia fue el M-19, tanto por su impacto social como porque se apartó de algunos de los rasgos y métodos de las organizaciones políticas y militares de izquierda. El M-19 no solo rompió con las abstracciones teóricas de la izquierda tradicional, sino que se abstuvo de matricularse en alguna vertiente del marxismo internacional. Con ello se alejaba tanto las referencias poco atractivas y a los héroes y episodios revolucionarios de otras culturas, como del examen de los problemas colombianos a través de dogmas sacralizados del marxismo. A cambio el M-19 se apoyó en el imaginario político del país recuperando a los héroes nacionales y las luchas históricas inconclusas contra la oligarquía y la ampliación a la democracia. La ruptura también se hizo extensiva a los métodos de acción política ya que este movimiento se caracterizó por tratar de obtener simpatía y legitimidad apelando a actos espectaculares, al uso de símbolos y a las campañas de propaganda”. Mario Peña Aguilera. “Justicia guerrillera y población civil, 1964-1999”, en Santos y García Villegas. El caleidoscopio de las justicias en Colombia, t. ii, cit., pp. 405 y 406.

9 El movimiento guerrillero Quintín Lame se caracterizo por sus objetivos de lucha por el reconocimiento de los pueblos indígenas y por su organización local que se concentro en el departamento del Cauca donde se acentúan diversidad de comunidades indígenas: “... podemos observar los gérmenes organizativos que dieron nacimiento al QL (Quintín Lame). Los grupos de apoyo fueron la reproducción gestada desde el mundo social. Sus integrantes obedecían a la misma gama social diversificada y agrupada en una nueva identidad; había entre ellos hablantes y no hablantes del Nasa Yuwe, afroamericanos, campesinos, viejos cabildantes, familias enteras, hombres, mujeres y niños que poco a poco se fueron transformando […] Los grupos de apoyo, inscritos en esta memoria social, dispersos en los diferentes resguardos, se transformaron en grupo móvil: el Comando Armado Quintín Lame. Se dieron a conocer públicamente en diciembre de 1984 en una acción no sólo política sino que se llevó a cabo como una expresión de defensa territorial lograda con la recontextualización histórica por un acto significativo y material. Un mes después del último desalojo en diciembre de 1984, el día anterior a la toma de Santander de Quilichao, van llegando grupos pequeños de 20 hasta sumar unas 120 personas armadas entre hombres y mujeres. Se van ubicando en sitios estratégicos y empiezan a distribuir volantes y arengar a la población presentándose como QL. en ‘defensa a las comunidades indígenas’ y como respuesta al desalojo y posteriores asesinatos de líderes. Con esta primera aparición se da a conocer el QL a la luz pública”. Myriam Amparo Espinosa. Surgimiento y andar territorial del Quintín Lame, Quito, Abya-Yala, 1996, pp. 65 y 66.

10 Los movimientos políticos de izquierda reconocidos legalmente y las organizaciones de derechos humanos en las últimas décadas han sido perseguidos, reprimidos y eliminados físicamente por los grupos de extrema de derecha: “desde mediados de los ochenta se inicia el tenebroso ascenso de los asesinatos políticos y las desapariciones […] en 1983, durante las negociaciones del proceso de paz sólo se conocieron 1.325 detenciones políticas, pero el número de desapariciones superó el centenar de personas y se presentan aproximadamente 600 asesinatos políticos. La gran mayoría de estas acciones fueron atribuidas –incluso por alto funcionarios del Estado– a grupos paramilitares. Estos grupos se conformaron en las zonas de la frontera agrícola con el objeto de la luchar contra la guerrilla, y luego se extendieron a las zonas urbanas contra lideres populares de todo tipo y, con un ensañamiento especial, contra la organización política de izquierda conocida como Unión Patriótica […] Se calcula que más de mil militantes de esta agrupación fueron asesinados entre ellos su presidente, dos de sus candidatos a la presidencia, alcaldes, senadores y militantes. El movimiento M-19 también fue minado con el asesinato de su líder y candidato a la presidencia Carlos Pizarro. Cinco meses después fue acribillado el candidato a la presidencia de la Unión Patriótica Bernardo Jaramillo. Pero la eliminación selectiva de los opositores políticos no solo afecto las filas de la izquierda; posteriormente cayeron periodistas como Guillermo Cano, defensores de derechos humanos como el director del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de Antioquia Héctor Abad Gómez”. Mauricio García Villegas. “Constitucionalismo perverso. normalidad y anormalidad constitucional en Colombia: 1957-1997”, en Santos y García Villegas. El caleidoscopio de las justicias en Colombia, t. i, cit., p. 325.

11 Inicialmente la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente estaba relacionada con el proceso de paz adelantados con los grupos insurgentes, pretendiendo se afirmara la posibilidad de extenderse a todos los grupos armados disidentes de los gobiernos: “la Asamblea Constituyente de 1991 tuvo una composición bastante pluralista para los estándares colombianos, en donde la política ha estado usualmente controlada por los partidos liberal y conservador. Este carácter, así como un cierto optimismo que se vivió en esa coyuntura histórica debido a la negociación de paz exitosa con algunas fuerzas insurgentes –como el M-19 y el epl– y a las mismas esperanzas cifradas en el proceso constituyente, llevó a que en la Asamblea tendiera a dominar el siguiente diagnóstico: la exclusión social, la intolerancia, las limitaciones a la participación política y las violaciones de los derechos humanos eran algunos de los factores esenciales de la crisis colombiana. La nueva Constitución debía entonces enfrentar esos defectos de la política y la sociedad colombianas; había entonces que instituir un orden constitucional que controlara la arbitrariedad del estatal, favoreciera la participación de las nuevas fuerzas políticas, estimulara el pluralismo y lograra mayor justicia social. Los constituyentes creyeron encontrar en la idea del Estado social y democrático de derecho, de amplia aceptación en el derecho constitucional contemporáneo, una formula política que enriquecida con los aportes del multiculturalismo y del reconocimiento a la diversidad, permitiera poner en marcha ese proyecto histórico de desarrollar una sociedad menos arbitraria y más pluralista, participativa y justa”. Rodrigo Uprimny. “Constitución de 1991, Estado social y derechos humanos: promesas incumplidas, diagnósticos y perspectivas”, en El debate a la Constitución, Bogotá, ilsa, 2002, pp. 55 y 56.

12 Pese a los avances en materia del reconocimiento de los derechos sociales fundamentales, los sucesos recientes demuestran que el libre mercado que se encuentra constitucionalmente propuesto se impuso sobre las necesidades de la inmensa mayoría de colombianos: “Eesta constitución de 1991 que hoy nos hemos propuesto evaluar fue vista como un pacto de paz, pero quizás sólo fue un elemento de armisticio con uno de los grupos de insurgencia, que sirvió eficientemente para echar andar aquellas tendencias neoliberales armónicas con la nueva época del capital. En medio de las discusiones algunas bizantinas como siempre y otras intrascendentes o ingenuas, se colocó en todo su articulado el espíritu de la nueva era del capitalismo, bajo el disfraz ampuloso de esa amplia y prolífica declaración de derechos fundamentales y de derechos de todas las generaciones, de la cual se jactan aún sus autores y muchos de sus devotos, o de los cambios del régimen político o, lo que es aún peor, del espejismo de la descentralización y de la autonomía regional y local, que ha servido más para contribuir al desmonte del Estado, que para alcanzar la ansiada autonomía e independencia del vilipendiado centralismo, o de la trampa de la participación ciudadana y comunitaria introducida como nuevo elemento de la legitimación, para que todas las cargas y desdichas sean impotables a nosotros mismos”. Víctor Manuel Moncayo. “La Constitución de 1991 y el Estado de la nueva era del capitalismo”, en El debate a la Constitución, Bogotá, ilsa, 2002, p. 18.

13 La estrategia gubernamental de combinar la negociación y la guerra al mismo tiempo quedó demostrado con el inicio del proceso constitucional de 1991, por un lado, se realizan los pactos con ciertos sectores de la insurgencia y por otro se inicia una ofensiva militar contra las guerrillas no desmovilizadas: “la Constitución de 1991 es un pacto que nace muerto, tanto en términos del contractualismo más ortodoxo, como el hobbesiano por ejemplo, para el que la paz es básicamente un principio fundamental del orden social, como del liberalismo clásico en términos de una autentica participación popular. Nace muerto porque el día en que se vota la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente (el 9 de diciembre de 1990), se desata la ofensiva contra Casa Verde, que había sido el símbolo de los diálogos de paz durante más de diez años, lo cual no puede ser tomado como un hecho irrelevante, pues simbólicamente signó el nacimiento de la Constitución de 1991 como un pacto de guerra más que como un pacto de paz. Se cerraron los cauces para un diálogo nacional, no solamente con las farc, sino con todos los grupos alzados en armas que no se integraron al proceso, y ésa no era la intención ni el deseo por los cuales los colombianos habían abierto las puertas para la convocatoria de una nueva Constitución”. Oscar Quintana Mejía. “La Constitución de 1991 como proyecto inacabado”, Revista el Otro Derecho, n.° 28, Bogotá, ilsa, 2002, p. 149.

14 El avance guerrillero hacia las ciudades se configuro por medio de las llamadas milicias como parte de su estrategia de expansión: “... las milicias constituyen particular de privatización de la fuerza por vía de la ilegalidad institucional que gana legitimidad y reconocimiento entre los habitantes de los barrios que en operan. En Medellín, se expresan con toda claridad estas tres tendencias: Las Milicias Bolivarianas, que operan además en Bogotá y otras ciudades del país, actúan bajo las ordenes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, farc, las del ‘6 y 7 de Noviembre’, ‘brp’ (Brigadas Revolucionarias Populares) y ‘América Libre’, con influencia del Ejercito de Liberación Nacional, eln; Milicias Populares con influencia del Ejercito Popular de Liberación […] en Santafé de Bogotá básicamente operan dos grupos milicianos: las Milicias Bolivarianas y las Milicias Revolucionarias del eln”. Astrid Mireya Tellez Ardila. Las milicias populares. Otra expresión de la violencia social en Colombia, Bogotá, Rodríguez Quito Editores, 1995, p. 70.

15 Dado el crecimiento y fortalecimiento de las guerrillas, y la expansión del narcotráfico, los Estados Unidos intensifican su intervención en el país por medio del Plan Colombia con el objetivo de neutralizar el negocio del narcotráfico y el avance guerrillero que ponía en peligro la estabilidad del gobierno colombiano aliado incondicional en la región: “... Washington ha considerado el Plan Colombia el programa clave en su estrategia antinarcóticos para la región andina […] El plan implica, a su vez, un cambio sustancial en la estrategia militar colombiana frente al conflicto armado […] Con este objetivo se diseñó un programa que buscaba mejorar la recolección y el procesamiento de la información, así como el desarrollo de un sistema de comunicaciones integrado. Se crearon, entonces, brigadas de despliegue rápido y se busco una mejor integración entre las fuerzas de tierra y aire para conducir operaciones nocturnas. La entrega de 16 helicópteros UH-60 Black Hawk y 30 UH-IH Huey para el transporte de tropas, así como la creacción de otros dos batallones antinarcóticos, buscaban que las Fuerzas Armadas colombianas pudieran utilizar sus ventajas en número y en poder de combate, y de esta forma estuvieran en condiciones de quitarle a las guerrillas la iniciativa táctica y operacional”. Diana Marcela Rojas. “Estados Unidos y la guerra en Colombia”, en Francisco Gutiérrez. Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en Colombia, Bogotá, Norma, 2006, pp. 50, 51 y 52.

16 Las guerrillas liberales del Llano paulatinamente habían logrado cierta autonomía con respecto a los dirigentes del partido, configurando una concepción particular que pretendía una revolución para mejoras las condiciones de los campesinos llaneros, apreciación que estaba por encima de la confrontación partidaria: “la radicalización de la lucha campesina llegó a constituir un abierto desafió al gobierno central. Las guerrillas del Llano habían declarado ya la guerra al Estado y amenazaban con extender el conflicto a amplias regiones agrícolas de influencia liberal. La misma dirección liberal perdía paulatinamente el control de las huestes armadas que habían promovido. Las leyes de la región de los Llanos Orientales y el orden social que buscaban regular, constituyen una referencia de primer orden para el estudio de lo que contemporáneamente ha llegado a conocer como pluralismo jurídico. Frente a la legalidad constituida del Estado, se formuló un régimen jurídico paralelo fundamentado en usos y costumbres surgidos en tiempo de guerra, respaldado por las armas del movimiento guerrillero”. Gabriel Ricardo Nemogá. “Contexto social y político de las transformaciones institucionales”, cit., pp. 234 y 235.

17 Desde la sociología el conflicto ha sido considerado esencial para comprender las interacciones humanas, es así como en el interior de las teorías macrosociológicas se encuentran las teorías del conflicto: “las teorías del conflicto de distinguen de las teorías de la integración por el hecho que no contemplan la sociedad como un conjunto de roles que interactúan armónicamente, sino más bien como un conjunto de roles en tensión manifiesta o latente, situados en posiciones asimétricas en la escala de la estratificación social. De aquí que se desprenden dos consecuencias. En primer lugar, la representación que ofrecen de la acción social es menos abstracta que la funcionalista: los sujetos no se encuentran tan fuertemente aprisionados en el esquema simbólico del estatus-rol, y conservan su protagonismo como artífices de la acción misma. En segundo lugar, estas teorías representan el cambio social en términos no evolutivos, sino de discontinuidad”. Vincenzo Ferrari. Acción jurídica y sistema normativo. Introducción a la sociología del derecho, Madrid, Dykinson, 2000, pp. 22 y 23.

18 El derecho internacional humanitario para los conflictos sean internacionales o internos colocan en igualdad de condiciones a los distintos actores armados, situación que fue concebida como negativa para ciertas élites que consideraban este procedimiento como reconocimiento jurídico que fortalecería la guerrilla: “… algunos sectores influyentes de la sociedad colombiana a finales de la década de los años 80 veían con muy malos ojos las normas humanitarias, en concreto el Protocolo ii de Ginebra de 1977, por cuanto se consideraba que la adhesión del Estado a este instrumento internacional comportaba una ventaja política y militar para la guerrilla. En otros términos, el dih era considerado como un obstáculo para el mantenimiento del orden público; un medio para que los miembros de los grupos armados fueran considerados en igualdad de condiciones con los integrantes de la fuerza pública; en otras palabras, para que se les tratase no como delincuentes comunes sino como combatientes. Se especulaba además muchísimo sobre la vigencia y los alcances de figuras del derecho internacional clásico como aquella del reconocimiento de beligerancia y las relaciones de ésta con la adhesión al Protocolo ii de Ginebra de 1977”. Alejandro Ramelli. “El derecho internacional humanitario como discurso político durante el desarrollo del conflicto armado colombiano”, en Rafael Prieto Sanjuán. Sociología Jurídica. Análisis del control y del conflicto social, Bogotá, Externado, 2003, p. 270.

19 En los años finales de la década de 1990 el conflicto armado aumento su escala en la confrontación entre los distintos actores: “en 1991 las fuerzas del gobierno desarrollaron una ofensiva importancia contra posiciones estratégicas de las farc […] En el período inmediatamente posterior (1992-1995), que hemos llamado de estancamiento, tanto la intensidad del conflicto como la frecuencia de eventos disminuyó de manera casi continua. Finalmente, a partir de 1996 se inició el periodo de recrudecimiento, en el que se nota un incremento importante tanto de la intensidad del conflicto como en la frecuencia de combates y ataques. Este período de recrudecimiento terminó en 2002 cuando, de hecho, se alcanzó la mayor intensidad del conflicto armado”. Jorge Alberto Restrepo, Michel Spagat y Juan Fernando Vargas. “El conflicto en Colombia: ¿quién hizo qué a quien? Un enfoque cuantitativo (1988-2003)”, en Francisco Gutiérrez. Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en Colombia, Bogotá, Norma; 2006, p. 520.

20 A partir de la agresión sufrida en el centro financiero de los Estados Unidos, se inicia la guerra al terrorismo en el contexto global, con el respectivo apoyo de los Estados considerados como aliados y amigos: “lo que hace el 11 de septiembre conmovedoramente inaugural es que clava el terror en el corazón mismo de la primera ciudad global del mundo y ataca además el poderío del Pentágono, exponiendo al hegemónico superpoder solitario de la posguerra fría a aguda crisis de racionalidad nerviosa […] Igualdad soberana de todos los Estados, incluyendo los fuertes, ahora también significa en la vulnerabilidad estatal: dicha vulnerabilidad, además, comienza a operar como una fuente de fortaleza. Ya están en su sitio nuevas formas de articular la legitimación del poder global: el patriotismo global del Norte, una especie de versión neo-kantiana globalizante de ‘cosmopolitismo’, ahora en elaboración trae consigo devoción ciudadana a la ‘guerra contra el terror’, y la división aguda y siempre creciente entre ciudadanos ‘globales’ y seres humanos ‘violentos’ y ‘proscritos’. Una nueva guerra fría parece estar elaborándose, en el que el ‘patriotismo constitucional’ se esforzará, nuevamente, para justificar la reproducción global de ‘personas sin derechos’ en servicios de ‘nuestro’ futuro común”. Upendra Baxi. “Operación ‘libertad perdurable’ ¿hacia un nuevo derecho internacional y otro orden mundial?”, Revista el Otro Derecho, n.° 28, Bogotá, ilsa, 2002, pp. 15 y 16.