Expresiones regionales del
paramilitarismo en Colombia:
El caso del “Bloque Tolima” de las AUC
Bernardo Pérez Salazar*
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Regional Expressions of paramilitarism in Colombia:
The case of the "Tolima Bloc" of the AUC
Resumen
Este artículo analiza a los congresistas investigados por la Corte Suprema de Justicia por sus vínculos con el paramilitarismo, a partir de una denuncia presentada por la Auditora General de la Nación, Clara López Obregón. Todo esto, por las declaraciones obtenidas en los procesos con base en la Ley 975 de 2005 de Justicia y Paz, que ofrecía beneficios judiciales a personas vinculadas a grupos organizados al margen de la ley, que se hubieren desmovilizado y brindaran colaboración a la reconciliación nacional, que involucraban a políticos con los grupos irregulares.
Palabras clave: Para-política; Ley 975 de 2005; Grupos al margen de la ley; Autodefensas Unidas de Colombia; Reconciliación.
Abstract
This paper analyzes the congressman under investigation by the Supreme Court, for their connections with paramilitaries, from allegations presented by the General Auditor, Clara López Obregón. All of this, because of the depositions under de Act 975 from 2005 “Justice and Peace Act”, which offered judicial benefits to people within aggrupation’s working out of the law, that surrendered their weapons and gave effective collaboration to the national reconciliation, giving information about politicians involved with the armed groups.
Keywords: Paramilitaries, Act 975 from 2005, Aggrupation’s working out of the law, United Colombian Auto Defenses, Reconciliation.
Fecha de presentación: 11 de septiebre de 2010. Revisión: 15 de noviembre 2010. Fecha de aceptación: 6 de diciembre de 2010.
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Introducción
A abril de 2008 la relación de congresistas en ejercicio investigados por la Corte Suprema de Justica debido a presuntos nexos con grupos paramilitares era la siguiente: 30 senadores y 26 representantes vinculados a indagaciones e investigaciones de los cuales 18 senadores y 12 representantes estaban detenidos. La afiliación partidista y origen regional de los vinculados es amplia: diez pertenecen al Partido Conservador, ocho al Partido Liberal, siete a Cambio Radical, cinco a Colombia Democrática y a Convergencia Ciudadana respectivamente, cuatro a Apertura Liberal, tres al Partido de la U e igualmente a Alas Equipo Colombia, para solo referir los más visibles. Antioquia (5 senadores y 1 representante), Córdoba (4 senadores y 2 representantes), Magdalena (2 senadores y 5 representantes), Sucre y Tolima (2 senadores y 3 representantes, respectivamente), Cesar (2 senadores y 2 representantes) y Santander (2 senadores y 2 representantes), son los departamentos más afectados en su representación política por estas investigaciones.
El proceso inició a raíz de una carta dirigida en junio de 2005 por la entonces Auditora General de la Nación, Clara López Obregón al Fiscal General Luis Camilo Osorio, en la cual refería una entrevista realizada por la Revista Semana al jefe paramilitar Vicente Castaño Gil en la cual había afirmado:
Hay una amistad con los políticos en las zonas donde operamos. Hay relaciones directas entre los comandantes y los políticos y se forman alianzas que son innegables. Las autodefensas les dan consejos a muchos de ellos y hay comandantes que tienen sus amigos candidatos a las corporaciones públicas y a las alcaldías.
Y más adelante agregó:
Creo que podemos afirmar que tenemos más del 35 por ciento de amigos en el Congreso. Y para las próximas elecciones vamos a aumentar ese porcentaje de amigos1.
En su escrito, López señala la inconveniencia de que paralelamente con esta y declaraciones en el mismo sentido hechas por otros jefes paramilitares, el Gobierno Nacional estuviera adelantando negociaciones con el Estado Mayor Negociador de las Autodefensas Unidas de Colombia –auc– en torno a las condiciones para su desmovilización y en el Congreso se estuviera debatiendo el proyecto de ley de “Justicia y Paz” que posteriormente fue promulgado como la Ley 975 de 2005 que “regula lo concerniente a la investigación, procesamiento, sanción y beneficios judiciales de las personas vinculadas a grupos armados organizados al margen de la ley, como autores o partícipes de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos, que hubieren decidido desmovilizarse y contribuir decisivamente a la reconciliación nacional”.
López reclamó investigar el asunto con el fin de aclarar la grave situación planteada por las declaraciones de los jefes paramilitares, por cuanto dejar de hacerlo impediría
garantizar el desmantelamiento de la estructura paramilitar utilizada para aterrorizar a la población y consolidar su influencia política, económica y militar. En estas circunstancias, la controvertida ley no podrá traer ni paz ni justicia, pues habrá sido confeccionada a la medida de los paramilitares y no de la sociedad. Los colombianos tenemos derecho a saber y las autoridades la obligación de investigar quienes son los congresistas incursos en semejante conflicto de intereses que linda con la complicidad y el encubrimiento2.
El Fiscal Osorio que en ese momento terminaba su período de gestión, dio traslado de la solicitud de investigación a la Corte Suprema de Justicia por ser este alto tribunal el competente para conocer del caso y dos meses después la Sala Penal de la Corte llamó a rendir declaración a los líderes de las auc, Salvatore Mancuso y Vicente Castaño.
La noción de que políticos aliados con jefes paramilitares en ciertas zonas del país habían emprendido la consolidación de una hegemonía electoral mediante masacres y asesinatos selectivos así como la penetración política y económica de jurisdicciones locales y regionales bajo su control, se estilizó y popularizó con el término “parapolítica”. Las primeras aproximaciones académicas para caracterizar el fenómeno lo ubican temporalmente entre 1999 y 2003, especialmente en 12 departamentos del norte y nororiente del país, a saber, Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar, Guajira, Santander, Norte de Santander, Arauca y Casanare. Allí durante ese período tuvo lugar la expansión y consolidación de las unidades militares más importantes de las auc, entre ellas, el Bloque Norte de Rodrigo Tovar Pupo alias “Jorge 40”, el Bloque Catatumbo de Salvatore Mancuso, y el Bloque Central Bolívar de Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”, entre otros. Otro rasgo característico es la coincidencia de esta expansión militar con el debilitamiento de los partidos tradicionales, liberal y conservador y simultáneamente con la consolidación en las urnas de movimientos políticos desconocidos, que aparecieron con fórmulas electorales que combinan candidatos tradicionales con otros nunca antes mencionados3.
Recientemente los titulares de diarios locales del Tolima desplegaron en primera página mosaicos de fotos de políticos de ese departamento, cuatro congresistas y cuatro alcaldes, que se encuentran detenidos por presuntos nexos con el Bloque Tolima de las auc4. Todos resultaron vinculados a procesos judiciales por las versiones de una docena de ex paramilitares pertenecientes a esa unidad desmovilizada en 2005 que en la actualidad se encuentran detenidos, en su mayoría reunidos en el mismo patio de la cárcel de Picaleña en Ibagué. Algunos llevan casi siete años presos, y apenas dos de ellos son desmovilizados. Los demás fueron capturados con anterioridad a la desmovilización colectiva del Bloque Tolima por lo cual no están amparados por los beneficios de la Ley de Justicia y Paz. Estos testigos indican que algunos políticos tolimenses presuntamente habrían participado entre 2000 y 2002 en reuniones preparatorias de asesinatos selectivos y masacres, para lo cual además habrían entregado recursos económicos a mandos del Bloque Tolima. Otros son señalados por presuntas entregas de dinero al Bloque Tolima a cambio de protección frente a las amenazas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –farc– contra candidatos pertenecientes a sus movimientos políticos durante las campañas electorales para las alcaldías en 2000 y 2001, así como de realizar pagos extorsivos a dicho Bloque con fondos de alcaldías.
El número de congresistas vinculados a la investigación judicial adelantada por “parapolítica” en el Tolima llama la atención debido a que en ese departamento no se configuran los rasgos característicos del fenómeno tal como fue tipificado en el norte y nororiente del país durante la expansión militar de las auc.
De una parte, en el Tolima la aparición de los nuevos movimientos políticos durante las elecciones de 2002 no alteró sustantivamente la configuración del mapa político del departamento en relación con 1998. Al igual que en el resto del país, en las elecciones para Congreso de 2002 en el Tolima hubo una notable reducción en la participación de votación obtenida por los partidos liberal y conservador frente al período anterior. En 1998 los dos partidos tradicionales habían concentrado el 57% del total de votación sufragada en el departamento para la Cámara y el 63% para el Senado, mientras en 2002 la votación obtenida conjuntamente por las dos colectividades representó apenas el 40% de los votos consignados para la Cámara y 45% para el Senado. No obstante la reducción en la participación de la votación por los partidos tradicionales, que se debió a la proliferación de nuevos movimientos políticos en 2002 que en su mayoría se desprendieron del Partido Liberal5, este comportamiento no modificó el balance de fuerzas políticas en el Tolima. Mientras en 1998 el departamento eligió 6 representantes (tres liberales, dos conservadores y uno de coalición) y aportó la base principal de los votos para la elección de tres senadores (2 liberales y 1 conservador), en 2002 eligió seis representantes (3 liberales, 1 conservadores, y 2 de otros movimientos políticos), así como tres senadores (2 liberales y 1 conservador). De otro lado, de un total de 38 alcaldías en disputa durante las elecciones de autoridades locales de 2003, el Partido Liberal Colombiano obtuvo 13 (34%), el Conservador 5 (13%), el Movimiento Colombia Viva 5 (13%), y el Partido Cambio Radical 4 (11%), entre otros. En su mayoría, los ganadores de estas elecciones locales obtuvieron victorias con un margen de votos que descarta cualquier posibilidad de que haya habido constreñimiento electoral masivo por medio de la intimidación6.
De otra parte, entre 2000 y 2003 en Tolima hubo una visible ola de asesinatos contra dirigentes políticos locales, entre otros, alcaldes y concejales en municipios como Ataco, Rovira, Ambalema, San Antonio, Santa Isabel, Herveo y Fresno, así como personeros, ex concejales, inspectores de policía y dirigentes políticos, entre otros. En su gran mayoría los autores de estos crímenes son desconocidos, pero muchos ocurrieron en zonas con una marcada presencia y actividad de los frentes 21 y 25 así como de las columnas Tulio Varón y Joselo Lozada de la farc, la cual no fue alterada como resultado de la llegada de las auc al Tolima7.
A primera vista los fenómenos electorales y los hechos de violencia registrados en el departamento del Tolima durante el período en referencia no encajan claramente dentro de fenómeno de la “parapolítica”, tal como lo sugieren los testimonios que dieron pie a las investigaciones en curso. Al examinar el asunto con más detalle, si bien la expansión militar de las auc en el Tolima ocurrió a la par con la que tuvo lugar en otras parte del país, se constata que éste hecho por sí mismo no es automáticamente homologable en sus alcances al fenómeno político referido por Vicente Castaño en sus declaraciones a la Revista Semana. Precisar las particularidades y diferencias entre expresiones regionales distintas del fenómeno paramilitar es importante porque la generalización a todo el país por igual de las intenciones y características propias de algunos de estos procesos regionales puede conducir a interpretaciones equivocadas.
La “parapolítica” no es el primer proceso judicial en el que dirigentes con representación política son vinculados de manera masiva a investigaciones penales por sus vínculos con actores ilegales. Hace menos de tres lustros el proceso 8.000 hizo lo propio con un contingente de líderes políticos de distintas regiones del país, muchos de los cuales resultaron condenados por vínculos con los grandes carteles del narcotráfico internacional de los años 90. Ahora se repite un episodio similar, esta vez con el ropaje de un grupo armado ilegal, buscando legitimarse como interlocutor de un proceso de negociación política con un Estado que habría logrado penetrar en diversos niveles. La motivación detrás de este artículo proviene de la preocupación derivada del hecho que aún después de esclarecida las verdad judicial acerca de la responsabilidad individual de los condenados por el proceso 8.000, el país no registra aprendizaje ni transformaciones institucionales sustantivas frente a un fenómeno de orden sistémico como lo es la vulnerabilidad del aparato estatal a la infiltración y penetración por agentes vinculados a intereses privados e ilegales. Además de la vía de la verdad judicial, la naturaleza y alcance de este tipo de fenómenos debe establecerse por medio del avance en la comprensión de la “verdad histórica” sobre el fenómeno. En tanto esta nueva crisis logre aprovecharse como oportunidad para esclarecer la verdad histórica de la “parapolítica”, podrán considerarse desde el presente las alternativas de diseño de las reformas institucionales requeridas para impedir que en el horizonte de los próximos diez años los colombianos volvamos a encontrarnos sorteando nuevamente una crisis similar envuelta en otro atuendo. Este artículo es un aporte para avanzar en esa dirección.
En el siguiente aparte se presentan algunos elementos para discutir la noción de “verdad histórica” en relación con la presencia y actuación de los grupos armados al margen de la ley en un contexto como el de la historia reciente en Colombia. En seguida se presenta un panorama de la dinámica del conflicto armado en el Tolima durante los años 90, antes de que tuviera lugar el proceso de expansión del aparato militar de las auc a partir de 1999, así como las circunstancias de la llegada de la fuerza paramilitar extraña implantada desde fuera del territorio por parte de las auc. En ese contexto se examina el tema de las elecciones que tuvieron lugar en el período crítico entre 2000 y 2002 en el contexto de un escenario en el cual el Estado colombiano ejercía un control territorial fragmentado sobre el departamento. Luego se analiza el proceso de consolidación y evolución del Bloque Tolima a la luz del acontecer en el escenario regional, así como del proceso que desembocó en la división interna entre los jefes paramilitares de las auc como consecuencia del inicio de las negociaciones con el gobierno nacional en Santa Fé Ralito. Finalmente se presentan algunas conclusiones preliminares sobre los aprendizajes que pueden derivarse del análisis histórico de este proceso en el Tolima y sus consecuencias sobre la vida política e institucional en la región.
“Verdad histórica” y los grupos armados
al margen de la ley en Colombia
La “verdad histórica” es un concepto problemático debido a los dos términos que la conforman. El discurso crítico cuestiona tanto la “verdad” como la “historia”, pues señala que ambas nociones suelen estar condicionadas por las conveniencias e intereses particulares de los sectores que controlan los factores reales de poder dentro de una sociedad. Freud, por ejemplo, consideraba la “verdad histórica” como la reinterpretación decorosamente acomodada de acontecimientos traumáticos en la vida individual o colectiva. Para él, tal es el origen de las “leyendas nacionales” cuyo propósito es encubrir las “miserias inconfesables” de los líderes, organizaciones y grandes familias de una nación. Pero no por ello debe desestimarse la “verdad histórica” como algo inútil. En la medida en que representa un mecanismo de desplazamiento y sustitución de un suceso o acontecimiento desagradable, ofrece la posibilidad de incorporar el aprendizaje social y los preceptos que se derivan de lo que de otra manera no sería otra cosa que un hecho vergonzoso. En la interpretación freudiana del mito edípico, por ejemplo, los hermanos de la horda habrían acabado con la vida del tirano que reservaba para sí el poder absoluto sobre el goce con las mujeres. Cometido el parricidio, los hijos comprenden que no han resuelto nada pues se desata la competencia sexual exacerbada entre los hermanos hasta el límite de la anarquía. Presionados por el sentimiento de culpa, para expiar su crimen los hijos habrían dejado constancia histórica de su equívoco implantado normas e instituciones inviolables consagrando la obediencia retrospectiva al padre, que sería el antecedente del derecho y la ética8.
La verdad histórica tiene en Colombia una función muy relevante: contribuir a la construcción de una interpretación generalmente compartida que permita ubicar las experiencias cotidianas de los colombianos de todas las clases y etnias, regiones, género y edades, en una mínima trama compartida de duelos y logros. Uno de los temas que inevitablemente debe abordar la verdad histórica es la coexistencia durante prácticamente medio siglo de un Estado disputándose el control de territorio y población con grupos armados ilegales de origen y naturaleza diversa9. Muchos de estos grupos surgieron como “autodefensas” contra amenazas como la violencia partidista y el aparato estatal a su servicio, como sucedió en los años cincuenta. O como respuesta a la presión depredadora del bandolerismo que intentó copar aquellos territorios donde el Estado era incapaz de garantizar funciones públicas como la seguridad y la administración de justicia pronta y cumplida.
En sus estadios iniciales las “autodefensas” emergen como una suerte de “movimiento social armado” que representa una prolongación territorial de un actor social organizado que se encuentra ante un Estado que ha dejado de funcionar como institución mediadora y garante de la equidad, para convertirse en el botín que sostiene aparatos electorales montados sobre el “clientelismo”. En algunos casos, las “autodefensas” sobreviven como tal durante décadas, como es el caso de la Autodefensas Campesinas de Ortega del municipio de Cajibío en departamento del Cauca, desmovilizadas en 2003 después de décadas de resistir al sometimiento por parte de la farc. Otras se insertan en dinámicas que las conducen a la expansión, de la mano y subordinadas a algún proyecto político o económico que condiciona su actividad y naturaleza. En estos casos, entre los primeros objetivos de dichos grupos figura la infiltración y penetración del aparato estatal local con el propósito de controlarlo como fuente de recursos para el mantenimiento y expansión del propio aparato militar. En algunas oportunidades, además, el control local del Estado se utiliza para consolidar movimientos políticos legitimadores montados sobre la misma lógica “clientelista” que originó el impulso inicial a tomar las armas por parte de estos grupos ilegales.
Como resultado natural de la convivencia del Estado con grupos armados ilegales de distinta índole en Colombia que ha perdurado décadas, la mayoría de estos grupos terminan convirtiéndose en máquinas de guerra dedicadas a subordinar a todos los sectores sociales y económicos a los dictámenes de un liderazgo militar que impone adhesión por vía de la intimidación y cuyo propósito central se reduce a depredar la economía local para reproducirse. El proyecto de las auc fue singular en tanto logró trascender este estadio y logró articular un aparato electoral clientelista en ciertos sectores del país que le permitió infiltrar y penetrar no sólo el nivel local sino también el regional y nacional del aparato estatal, tal como lo sugiere Vicente Castaño en sus declaraciones.
La “parapolítica” por lo tanto no es sólo la expresión del intento orquestado por una amalgama de grupos ilegales para asegurar su legitimación social por medio de unos beneficios políticos y jurídicos. También es el producto de un proceso político ligado extensamente a estructuras de poder local en ámbitos rurales que han subordinado a través del clientelismo el aparato estatal local al servicio de proyectos regionales de acumulación y concentración política y económica. La parroquialización del poder, la dependencia fiscal de las provincias con respecto al centro que permite a las élites locales ejercer el poder de manera autoritaria –sin rendir cuentas a su electorado local–, y la hegemonía local de un solo partido, son todas condiciones propicias para la operación de “enclaves autoritarios provinciales”10, sobre las cuales se reproduce el clientelismo y el subordinación del aparato estatal local a agendas privadas legales e ilegales.
El clientelismo y su desmonte es un tema que la “verdad histórica” sobre la “parapolítica” no puede soslayar. ¿Será éste uno de los resultados que arrojarán los procesos judiciales que en la actualidad se adelantan acerca de la relación entre paramilitares y políticos, o habrá que pensar en un reforma sistémica, que abarque temas como la estructura latifundista de la propiedad de la tierra, la concentración del control de los medios masivos de comunicación y la injerencia directa de los intereses de los grandes grupos económicos en los procesos de legislación sobre temas económicos y criminales?
La dinámica del conflicto armado
en el Tolima en la década de los 199011
En la última década del siglo xx el Tolima vio la consolidación y expansión de la presencia y actividad insurgente en la mayor parte de su territorio. En general la guerrilla se hizo fuerte durante la primera mitad de la década a partir del control de la economía ilegal de la amapola establecida desde entonces en las tierras altas de la Cordillera Central. Luego, a partir de 1996 la presencia de estos grupos se hizo más visible en la zona plana y en los centros urbanos del departamento a través de la extorsión y el secuestro generalizados. Hacia el final de los 90, con el establecimiento de la “zona desmilitarizada” en cuatro municipios del sur del Meta y San Vicente del Caguán en el norte del Caquetá para adelantar los diálogos entre el gobierno Pastrana y la farc, la presión y las arbitrariedades contra la población civil por parte de la guerrilla se hicieron insoportables. Ante la escasa respuesta de las autoridades para controlar estos fenómenos, la expansión militar de las auc en el departamento a partir de 1999 encontró escasa resistencia.
Durante la segunda mitad de la década de los 90 la influencia del Comando Conjunto Central de las farc, al mando de Alfonso Cano, se consolidó en el Tolima. Como se aprecia en la figura 1, las estructuras armadas con presencia más visible y permanente en ese entonces eran los frentes 21, 25, y las compañías Tulio Varón y Joselo Lozada. La presencia del Ejército de Liberación Nacional –eln– estaba localizada en los municipios del norte del departamento por medio del frente Bolcheviques del Líbano. La compañía Tulio Varón de las farc extendía su acción a los municipios de Santa Isabel, Anzoátegui, Líbano y Venadillo. En el noroccidente del departamento, hacían presencia el Ejército de Liberación Nacional –eln–, las farc y el Ejército Revolucionario del Pueblo –erp–. En el oriente del Tolima las farc era el grupo armado ilegal preponderante. El frente 25, accionaba en los municipios de Icononzo, Villarrica, Dolores, Prado, Natagaima, Alpujarra y Cunday. El frente 21 desde ese entonces operaba en el sur del Tolima, en el Cañón de las Hermosas, el río Davis, Natagaima, Ortega, Rioblanco, Chaparral, Coyaima, Roncesvalles, Rovira y Cajamarca. La compañía Joselo Lozada, hacía presencia en el municipio de Planadas. Adicionalmente en el área urbana de Ibagué tenía presencia la unidad Gilberto Guarín del eln y las Milicias Bolivarianas de las farc.
El valor estratégico del Tolima y
los objetivos insurgentes
La cordillera Central, un relieve escarpado con alturas superiores a los 5.000 m. sobre el nivel del mar y vertientes profundas, ha sido históricamente para los grupos guerrilleros una zona de repliegue atravesada por corredores de movilidad que conectan el piedemonte y los valles aluviales de los departamentos de Valle, Quindío, Risaralda y Caldas. En estas zonas bajas se asienta gran parte de la población de esta región del centro del país y allí se desarrollan las principales actividades productivas, por lo cual la guerrilla estableció entre sus objetivos ampliar allí su influencia mediante el accionar armado durante los años 90, al igual que en el piedemonte occidental de la cordillera Oriental donde controlaba corredores de movilidad hacia Cundinamarca, Huila, Meta y Caquetá.
Durante los años noventa el sector agropecuario en el Tolima sufrió una fuerte contracción tanto de las explotaciones comerciales así como de las de economía campesina, generando un alto índice de desempleo rural. Esta circunstancia contribuyó a que los cultivos ilícitos se constituyeran en una alternativa a la crisis económica. Así ocurrió con los cultivos de amapola que se comienzan a extender sobre la cordillera Central que surca el departamento por su costado occidental12.
La guerrilla jugó un papel importante en este proceso, en la medida en que propició la movilización de colonos y campesinos de zonas cocaleras para organizarlos en torno a la producción de amapola y recolección del látex. Prestaba protección y controlaba los abusos de los comerciantes en estas zonas recurriendo a la intimidación, prohibiendo el uso del basuco como forma de pago o artículo de consumo y fijando los salarios para los raspadores. A cambio de sus servicios de organización de la comunidad y administración de justicia, la guerrilla cobraba un impuesto del 10% sobre el valor de la producción vendida y del 8% del valor intermediado por los comerciantes. De esta manera la economía ilícita de la amapola se convirtió en una fuente de importantes recursos para el financiamiento de las operaciones militares y el mejoramiento ostensible de la dotación de la guerrilla.
Hacia mediados de los años 90, en Tolima se estaba ubicada la mayor área de cultivos ilícitos de amapola en el conjunto de departamentos productores. El incremento de la violencia en el departamento durante esos años está relacionado con este negocio que trajo consigo delincuencia, tráfico de armas y homicidios. En las zonas indígenas dedicadas a la producción de amapola, se registraron conflictos agrarios violentos en los cuales intervinieron primero la guerrilla y luego los paramilitares con el resultante incremento de infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Paralelamente con este conflicto violento que se escenificó principalmente en el sur del departamento, particularmente en los resguardos de Gaitania del grupo étnico paéz y tinajas, y del grupo coyaima-natagaima, en otros lugares del departamento se registró la compra acelerada de tierras por parte de narcotraficantes, particularmente en las tierras bajas situadas en el Valle del Magdalena, donde se concentró la mayor parte de esta inversión, y el piedemonte de la cordillera Central, en la zona sur, donde las compras obedecieron a la expansión de los cultivos de amapola.
A partir de 1997 la extorsión y el secuestro se convirtieron en grandes fuentes de financiamiento para los grupos armados ilegales, afectando la actividad industrial y comercial en los principales núcleos urbanos del departamento. En la figura 2 se advierte cómo creció en el Tolima el secuestro a partir de entonces, principalmente por parte de los grupos armados ilegales, entre ellos las farc, el eln y el erp.
Todos los factores anteriores contribuyeron a consolidar al departamento de Tolima como un territorio de alto valor estratégico para los grupos armados ilegales durante los años 1990, con el consecuente incremento de los homicidios al igual que de las infracciones al Derecho Internacional Humanitario, expresadas en masacres, asesinatos y secuestros de civiles, particularmente a partir de mediados de esa década, como se puede constatar en la figura 3.
La llegada de las auc al Tolima
La expansión militar del las auc a partir de 1997 en todo el país es el contexto general en el cual apareció el Bloque Tolima. Desde su aparición en el escenario nacional, las auc se presentaron a sí mismas como una iniciativa anti-insurgente, cuyo propósito era utilizar la misma doctrina de la guerrilla pero para combatirla. El modelo que se proponía replicar era el Urabá, donde las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá –accu– habían obligado a las farc a replegarse de la zona bananera y ganadera de esta región. Desde finales de los 80 el Urabá había sido azotado por la violencia y la acción intimidatoria de esta guerrilla y la “pacificación” que las accu logró en la zona durante la primera mitad de los años 90 sirvió como plataforma para lanzar el proyecto más amplio de las auc. A partir de 1997 entre los puntos críticos definidos para iniciar la acción antisubversiva de las auc, se encontraban aquellos donde la guerrilla controlaba cobros extorsivos a la producción y comercialización de coca y amapola.
En general, la llegada de unidades de las auc a nuevos territorios se hacía en un clima de terror. La doctrina de guerra irregular, utilizada tanto por la guerrilla como por los paramilitares, se basa precisamente en no distinguir la población civil de los combatientes. Por lo tanto, en muchos lugares los paramilitares llegaban provistos con listas de nombres de supuestos colaboradores de la guerrilla suministradas en muchas ocasiones por integrantes de la fuerza pública, a quienes amenazaban y en muchas oportunidades asesinaban tanto de manera selectiva como a través de masacres. El propósito de este tipo de acciones era amedrentar a la población en general y romper los vínculos de apoyo que tuvieran los grupos insurgentes localmente para aprovisionarse y hacer inteligencia. “Quitarle el agua al pez” era la consigna durante esta cruenta etapa de expansión.
Desde la década los 1960, en el sur del Tolima, campesinos pertenecientes a clanes familiares oriundos de la zona se armaron autodenominándose “contraguerrillas”. A mediados de los años 1980, tomaron por nombre “Rojo Ata”, refiriendo así su ideología liberal al igual que al río Ata, drenaje principal un su zona de influencia. A partir de 1995, el grupo se integró en dos cooperativas de seguridad “Convivir”. Por la misma época bajo el mando de Ernesto Caleño, alias “Canario”, estas “autodefensas” iniciaron en el sur del Tolima un proceso ofensivo por el control de las zonas de producción de amapola que desembocó en desplazamientos forzados masivos, apropiación de tierras, hurtos y homicidios. La farc reaccionó contra ellos en el corregimiento de Puerto Saldaña (Ríoblanco), así como en las veredas de Aurora y Bilbao (Planadas) y Paujil (Ataco) hasta lograr su aniquilamiento.
Se dice que la llegada al Tolima de las auc tuvo lugar a partir de un encuentro en 1997 con Carlos Castaño buscado por los cabecillas del “Rojo Ata”. Solicitaron su apoyo para reorganizarse y disputar a las farc las zonas de producción de amapola. Castaño ofreció entrenamiento en el Urabá a 50 hombres del Rojo Ata, así como apoyo financiero, uniformes y armas y el envío de un mando llamado Jean Carlos Delgado, alias “El Cirujano”. La presión de las farc resultó incontenible: por medio de sucesivos enfrentamientos en las inspecciones Puerto Saldaña, Herrera y Campo Alegre del municipio de Ríoblanco, forzaron reiterados desplazamientos masivos al perímetro urbano. En junio de 1999, “El Cirujano” es relevado por otro mando enviado por Carlos Castaño, Gustavo Áviles, alias “Víctor” o “El Zorro”. En julio de ese año los paramilitares bloquearon la vía en la inspección de Puerto Saldaña y ejecutaron a un contratista de la Gobernación del Tolima. En agosto se registra un enfrentamiento de las auc en la zona rural de Ataco con el frente 21 de las farc, y en septiembre en un reten ilegal en la inspección de Santiago Pérez del municipio de Ataco sobre la vía que conduce a Planadas, se atribuye a las auc la ejecución de una persona y la desaparición de otras cuatro. En enero de 2000 las farc cobra retaliación en esa misma inspección, en la vereda El Polen, donde un grupo de guerrilleros incineró ocho viviendas y asesinó a cuatro personas acusadas de colaborar con grupos de paramilitares.
Finalmente en abril de 2000, las farc arrasa con buldócer el caserío de Puerto Saldaña, con lo cual obliga el reasentamiento de la población y las unidades paramilitares en las veredas la Palma, Santa Fe y Gaitán de Rioblanco. En mayo, los paramilitares ejecutan al Alcalde de Ataco, Nevio Fernando Serna Díaz, “por tener tratos con la guerrilla”, debido a que había sido visto intercambiando diálogos en un retén ilegal de la guerrilla sobre la vía, cuando se dirigía en el vehículo de la Alcaldía hacia la cabecera municipal. En agosto de ese mismo año los paramilitares ejecutaron al concejal de Ataco Ancizar Méndez y al vicepresidente de la Junta de Acción Comunal Ricardo Rodríguez, luego de irrumpir en sus residencias, amarrarlos y ejecutarlos en el parque de la inspección de Santiago Pérez13.
Desde junio de 2000 las fuentes judiciales reportan el desplazamiento de un grupo de 20 hombres de las auc, aproximadamente, a los municipios de El Guamo y San Luis, bajo el mando de “Víctor”, instalándose allí definitivamente con el apoyo financiero voluntario de ganaderos y cultivadores de arroz en ese entonces azotados por secuestros y extorsiones del frente 25 de la farc14. En abril de 2001 el comandante paramilitar “Víctor” fue ajusticiado por miembros de las auc y el mando lo asumió Juan Cuenza, alias “Elías”, enviado por Carlos Castaño con un refuerzo de 25 hombres del Urabá. Un mes después hizo presencia en el municipio de Prado un “bloque móvil” enviado por el Estado Mayor de las auc, como apoyo al grupo ya establecido en el Tolima. A partir de entonces se establecieron cuadrillas en Guamo, San Luís, Prado y Natagaima. Allí realizaban labores de inteligencia, vestidos de civil, en grupo de 6 a 8 unidades y realizando “limpiezas sociales” con el asesinato selectivo de delincuentes reconocidos de la zona. En adelante fortalecieron sus finanzas visitando fincas y promoviendo reuniones para solicitar colaboraciones de los campesinos y hacendados. En los cascos urbanos visitaban a los alcaldes y comerciantes a quienes impusieron aportes de acuerdo con su “capacidad económica”. También se inició en esta etapa el hurto de combustible del poliducto de Ecopetrol en el tramo Neiva - Gualanday, con el cual aprovisionaban sus vehículos y comercializaban los excedentes por medio de redes que surten estaciones de servicio por fuera del departamento.
Hasta entonces las acciones realizadas en el Tolima por los paramilitares eran referidas “bajo la etiqueta de las auc”. Las primeras menciones al “Bloque Tolima” se registran a mediados del año 2001 en los municipios de Valle de San Juan, Dolores y Falan. En el primer caso, cuatro personas entre ellas la presidenta de la Junta de Acción Comunal del Neme, fueron ejecutadas luego de que un grupo de paramilitares del “Bloque Tolima” irrumpieran en esa inspección de policía, reunieran a la comunidad y posteriormente se dirigieran a una finca arrocera donde ejecutaron la masacre. En el segundo caso, se refiere un incidente en que paramilitares del “Bloque Tolima” ocuparon la cabecera municipal de Dolores donde permanecieron durante varias horas y luego desaparecieron a cinco campesinos en la zona urbana. Finalmente en el municipio de Falan miembros del “Bloque Tolima” de las auc que se movilizaban en una camioneta y dos motocicletas, asesinaron a 18 personas e hirieron a dos más. En los hechos, el grupo de hombres armados comenzó a disparar indiscriminadamente en un billar de nombre el Olivo, asesinando a siete personas y al salir lanzaron una granada contra la cafetería Murillo, la cuál quedó destruida. Así mismo, estos hombres, se desplazaron a los baños del lugar y mataron a dos personas que trataban de salvar sus vidas; al salir de la población, se llevaron a dos mujeres, quienes luego de varios minutos aparecieron muertas a orillas del camino que conduce al municipio de Mariquita15.
Hay un marcado contraste entre el modo de operar registrado durante el establecimiento de las auc en el sur del departamento hasta 2000, y las acciones registradas a partir de mediados de 2001 cuando formalmente aparece el “Bloque Tolima”. En el primer momento, las acciones son selectivas, realizadas principalmente sobre la red vial. En el segundo momento las masacres realizadas luego de presencia prolongada en los poblados afectados, ponen de presente una actitud de latente complicidad de parte de la fuerza pública frente a la presencia de los paramilitares. En el lapso entre estos dos momentos hubo un proceso de reclutamiento y entrenamiento de personal local. Este representa un hito importante por cuanto a partir de entonces la expansión del grupo paramilitar en el Tolima comenzó a financiarse localmente con base en cobros extorsivos por medio de personas oriundas de la región, en condiciones de aportar información precisa acerca de la capacidad económica de los dueños de fincas, comercio e industria así como sobre los contratos realizados por las alcaldías. Coincide además con el relevo del mando local paramilitar que, luego del ajusticiamiento de “Víctor” por la misma organización en abril de 2001, fue reemplazado por “Elías”.
Ante el retiro del “frente Omar Isaza” de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio del Corregimiento de las Delicias en el municipio de Lérida en el mes de julio de 2002, el Bloque Tolima crea el “Frente Norte” y el “Frente Sur” y traslada su base principal al municipio de Lérida, ampliando de esta manera su influencia a Líbano, Murillo, Ambalema, Venadillo, Alvarado, y Piedras. En agosto de ese año, “Elías” es asesinado y lo reemplaza Diego Martínez, alias “Daniel”. A pesar de numerosas capturas de integrantes del “Bloque Tolima” realizadas por las autoridades entre abril y julio de 2002, a finales de ese año esa unidad contaba con una tropa conformada por 80 hombres y una red urbana de más de 200 hombres encargados de hacer inteligencia y de cobrar extorsiones.
El proyecto de Carlos Castaño
Como es natural, el proceso de expansión militar de las auc a partir de 1997 generó muchas tensiones debido a las atrocidades que lo acompañaron, al igual que por el enorme costo asociado a una empresa de esta envergadura. En la lógica de disputar a la guerrilla el control de las áreas estratégicas de producción de cultivos de uso ilícito, se hicieron arreglos territoriales y negociaciones de armas y combatientes entrenados con narcotraficantes que manejaban las rutas y canales de comercialización de la droga, tanto dentro como fuera del país. Para muchos de estos narcotraficantes la idea de contar con ejércitos privados a su servicio resultó seductora, particularmente frente a la amenaza de su captura y procesamiento por la justicia norteamericana. Fue en ese contexto en el cual Vicente Castaño comenzó a recorrer el país negociando la delimitación de territorios asignados a las nuevas unidades militares de las auc16.
La aparición pública del “Bloque Tolima” de las auc en 2001 ocurrió en medio de una coyuntura ambigua. A principios de 2001 asumió como gobernador del Tolima Guillermo Alfonso Jaramillo, candidato del partido “Socialismo Democrático”, elegido sobre una plataforma comprometida con hacer del Tolima un “territorio y laboratorio de paz”. El programa buscaba “garantizar que el departamento fuera incluido como territorio de aplicación de los acuerdos que actualmente se desarrollan entre el Estado y la insurgencia armada”, haciendo referencia a los diálogos en la zona desmilitarizada de San Vicente del Caguán, para lo cual proponía fortalecer mecanismos de participación comunitaria en los procesos de planificación para atender las necesidades de servicios sociales, la integración de procesos locales y asociativos que privilegiaran la reactivación de los sectores productivos agropecuarios sustentadores de la economía campesina, y apoyo a la reforma agraria integral para en el mediano plazo redistribuir las tierra en el campo tolimense y garantizar la permanencia de los campesinos en dichas tierras, entre otros propósitos17.
De otra parte, en julio de 2001 Carlos Castaño sorprendió al país con su renuncia a la jefatura única de las auc. La dimisión obedeció, según él, a las constantes vinculaciones de miembros de la auc con masacres y violaciones al derecho internacional humanitario, por lo que planteó que cada frente se debía responsabilizar de sus acciones. Sin embargo, la diferencia de fondo al parecer radicaba en la política paramilitar de fomentar el establecimiento y control de rutas de narcotráfico para la exportación de cocaína, la mayoría de las cuales estaban en manos de narcotraficantes ya consolidados. Muchos de estos se sentían atraídos por los beneficios de establecer alianzas permanentes con los paramilitares, a fin de obtener protección anti-insurgente, y además, la opción de obtener reconocimiento y status político en una negociación eventual con el Estado colombiano.
La crisis se superó con la decisión de Carlos Castaño de retomar la dirección política de las auc, mientras que la militar la asumiría una instancia colegiada, con Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”, como Inspector General de las auc. “Don Berna” junto con Vicente Castaño habría sido el cerebro de la venta de bloques paramilitares a narcotraficantes por medio de “franquicias”, como sería el caso de Miguel Arroyabe, quien habría adquirido las unidades militares a cargo de Carlos Castaño en el centro del país –entre ellas el frente Capital– por US $7 millones en 2001. Igual sucedió con otros reconocidos narcotraficantes como Francisco Javier Zuluaga, “Gordo Lindo” y los mellizos Mejía Múnera, entre otros18.
La coyuntura además coincidió con el momento cuando la justicia norteamericana comenzó a impulsar una estrategia de negociación con los narcotraficantes que estuvieran dispuestos a delatar a otros y entregar rutas de narcotráfico a cambio de beneficios judiciales en ese país19. Fue en ese contexto en el cual Carlos Castaño, que durante los años 1990 había prestado protección a rutas de narcotráfico en los territorios que controlaba en la costa Caribe, comenzó a buscar maneras de distanciarse públicamente de lo que el etiquetó como el ala “narcotraficante” de las auc, y asociar su nombre con estructuras “netamente” anti-insurgentes tales como el “Bloque Metro” en Antioquia y el “Bloque Tolima”. Con ello aparentemente Castaño quería posicionarse como interlocutor “legítimo” en un escenario de negociación política para terminar el conflicto armado por medio de una mesa con los “tres actores” –farc, Gobierno Nacional y auc– y, a la vez, establecer control sobre áreas estratégicas para las rutas más importantes del narcotráfico internacional, como lo eran el oriente antiqueño y el área de influencia del perímetro de la zona desmilitarizada del Caguán en el Tolima, que pudiera entregar en una hipotética negociación con las autoridades norteamericanas.
Esta estrategia sería la razón por la cual el Bloque Tolima habría recurrido a fuentes de financiación distintas al narcotráfico para su sostenimiento y expansión, de acuerdo con órdenes expresas de Castaño. También sería la razón por la cual, a pesar de la gran oposición que el gobernador Jaramillo a la presencia del Bloque Tolima en el departamento, éste nunca habría sido declarado como objetivo militar por parte de Carlos Castaño. Según Diego Martínez, alias “Daniel”, secretario personal de Carlos Castaño y comandante del Bloque Tolima después del asesinato de “Elías”, su jefe consideraba que el Tolima sería un escenario propicio para un eventual traslado de las conversaciones del Caguán, y allí podría sesionar la mesa de negociaciones con “tres actores”, en la cual él aspiraba a representar al ala “anti-insurgente” de las auc”. Castaño consideraba que la vida del gobernador Jaramillo debería ser respetada en cuanto podría jugar un rol de intermediación importante entre las tres partes en ese escenario20.
Control territorial y procesos electorales
en el Tolima 2000-2002
Las campañas electorales a las alcaldías de 2000 en el Tolima habían sido perturbadas por la guerrilla con el secuestro de alcaldes y concejales en ejercicio así como de otros funcionarios públicos, uno de ellos de la Registraduría. Además dos candidatos y un dirigente político local fueron secuestrados, también por la guerrilla. En 2001, paralelo con la llegada del Bloque Tolima tuvieron lugar un número de elecciones atípicas para varias alcaldías en municipios claves del departamento, entre ellos, Fresno (septiembre), Espinal (octubre) San Luis y Coyaima (noviembre), y Guamo (diciembre). En su mayoría estos municipios estaban ubicados en una zona estratégica del departamento para controlar los corredores de movilidad de la guerrilla. Por lo tanto esas elecciones habrían sido una oportunidad para que el “Bloque Tolima” hiciera visible su influencia. Sin embargo durante esas elecciones no hubo ninguna queja o denuncia ante la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Contraloría, el Departamento Administrativo de Seguridad –das–, la Organización Electoral ni la Secretaría de Gobierno Departamental, que involucrara a este grupo armado ilegal con alguna forma de constreñimiento electoral.
No obstante, hubo rumores de episodios en los cuales integrantes del Bloque Tolima intervinieron de manera tangencial en los procesos electorales, referidos específicamente al caso del municipio de San Luis, uno de los lugares de asentamiento principal del “Bloque Tolima” a partir de 2000. De acuerdo con la versión de Omar Núñez, candidato conservador que en esa ocasión perdió la alcaldía ante José Armando Gamboa, otro candidato del partido Conservador, faltando un mes para la elección un mando del Bloque Tolima le advirtió que había cometido el error de no haber pedido permiso para lanzar su candidatura y que además había empezado muy tarde, y “en este momentos nosotros (el Bloque Tolima) adquirimos un compromiso ya nosotros tenemos elegido un candidato que va a ser el alcalde”. De acuerdo con Núñez, en ese momento manifestó que de ser así renunciaría a su candidatura pero le prohibieron hacerlo.
El caso de San Luis es ilustrativo. Los hechos relatados son graves pero también ponen de presente que detrás de las presiones al candidato Núñez no había motivación ideológica, tal como lo ha reiterado alias “Daniel”, en repetidas ocasiones al referir la inexistencia de un proyecto político asociado al Bloque Tolima que él entró a comandar a partir de 2002. Como sucedió en la mayoría de los municipios donde el Bloque Tolima tenía presencia permanente, su injerencia electoral se limitó a reproducir las prácticas clientelistas vigentes localmente en todo el país, con la cual durante la campaña electoral el alcalde saliente dispone de los recursos de la administración para asegurar que el candidato de su preferencia sea elegido para sucederle en el siguiente período. De manera pragmática el Bloque Tolima aseguraba la continuidad de los pagos extorsivos impuestos a los alcaldes que habían subordinado ofreciendo apoyo a los candidatos definidos por los alcaldes salientes.
Durante el primer semestre de 2002 en el que tuvieron lugar tanto las elecciones para congreso en marzo y para la presidencia en mayo, tampoco se conoce referencia alguna acerca de la intervención del Bloque Tolima en los procesos electorales, ni de pactos para favorecer cualquiera de las campañas que se desarrollaron durante ese semestre. En realidad hubo en ese período una escalada de violencia política en el Tolima, pero corrió por cuenta de las farc. En enero de ese año en el municipio de Natagaima, integrantes del frente 25 asesinaron con arma de fuego al ex concejal Jaime Perdomo Navarro. En marzo en el municipio de San Antonio, en la vereda La Florida, presuntos subversivos del frente 21 asesinaron con arma de fuego al concejal José Gorly Aguirre. En abril en Venadillo desconocidos asesinaron con arma de fuego al personero de este municipio Alfonso González, y en ese mismo mes fue asesinado el candidato independiente a la alcaldía Jair Guarnizo Liss. En julio en el municipio de Chaparral, en el sitio Espíritu Santo, integrantes del frente 21 de las farc asesinaron con arma de fuego al edil Uriel Prieto, segundo en el renglón del concejal Fernando Osorio. En el mismo mes, en la Inspección Playa Rica del municipio de San Antonio, desconocidos que se movilizaban en motocicleta asesinaron con arma de fuego a la personera municipal Ángela Yesenia Ballesteros, cuando se movilizaba en un bus de la empresa Velotax. En octubre, en Anzoategui en la vereda Betulia, desconocidos asesinaron con arma de fuego al ex concejal Carlos Herminso Garzón, quien 2 meses antes había renunciado a su cargo por amenazas de las farc. En diciembre fue asesinado el alcalde de Ambalema, Jesús Antonio Núñez Vargas y en Ibagué, desconocidos asesinaron con arma de fuego al ex concejal de Planadas y presidente de asdecol (Asociación de Desplazados de Colombia) regional Tolima, Jorge Enrique Romero Sánchez.
Dado el clima de violencia política que marcó el año 2002 en el Tolima, no es de sorprender que durante las elecciones al Congreso, el 10 de marzo de 2002, los reportes de orden público estuvieran referidos a hostigamientos por parte de las farc así como 53 mesas quemadas y 14 trasladadas21. Los municipios afectados fueron Chaparral, Purificación, Rioblanco, Ataco, Prado, Cunday, Santa Isabel, Venadillo, Ibagué, Herveo, Líbano, Alvarado, Villarica, Rovira, Alpujarra, Cajamar-ca, Dolores y Roncesvalles. Los hechos tuvieron lugar en el marco de una escalada violenta, a raíz de la reciente terminación de la zona desmilitarizada del Caguán, luego de la ruptura de los diálogos entre el gobierno nacional y las farc.
En muchos lugares del país, entre ellas los municipios rurales, la coyuntura fue un momento de crisis del control territorial del Estado. Muchos mandatarios locales fueron intimidados por la farc, limitando su capacidad de desplazarse por sus municipios y eventualmente muchos se vieron obligados a abandonar definitivamente las cabeceras municipales.
La precariedad de la capacidad de la fuerza pública para garantizar la seguridad durante este período en las zonas más apartadas del Tolima, se ilustra bien por medio de las palabras dirigidas al comandante de estación de policía por el entonces alcalde de Icononzo, Jaime Armando Yepes, registradas en el acta de la reunión del Consejo Municipal de Seguridad realizada 17 de abril de 2002 luego de un atentado contra la población por unidades de las farc en la cual perdieron la vida varios policías:
La administración ofrece todo el apoyo, le sugiero no prestar servicio por algunos sectores del municipio debido a los peligros que esto puede acarrear, teniendo en cuenta la poca cantidad de agentes con que cuenta para cumplir con las funciones que le han sido asignadas…
… Sabemos por el número de agentes que no pueden cumplir a cabalidad con sus funciones y de tener que hacerlo que sea por sugerencia o mando militar superior que lo requiera, no por la comunidad icononzuna. Como población entendemos la muy buena gestión que realizan y que quiere realizar la Policía Nacional, pero en vista de estos sucesos no lo pueden cumplir a cabalidad22.
En condiciones tan precarias de seguridad, se aprecia la facilidad con la cual cualquier grupo armado ilegal pudo haber sometido a cobros extorsivos y otro tipo de demandas a las administraciones locales durante este período.
La muerte de Castaño sus repercusiones
sobre el Bloque Tolima
A mediados de 2002, se registró una nueva crisis dentro de las auc que desembocó en la segunda renuncia de Carlos Castaño. A esta altura Castaño estaba decidido a iniciar negociaciones para entregarse a la justicia de los Estados Unidos, y a manera de preámbulo, renunció a su posición dentro de las auc, según él, a raíz de la proliferación de prácticas como el secuestro extorsivo y la participación de unidades paramilitares en el establecimiento y control de rutas para la exportación de estupefacientes. Esto ya no se podía ocultar en el sur de Bolívar, Arauca, la Sierra Nevada de Santa Marta, los Llanos Orientales y otras regiones del país23. A partir de ese momento las auc perdieron la unidad de mando, y en adelante se acordaron una serie de pactos de control territorial entre las diversas fuerzas que integraban las auc.
Esta segunda crisis coincidió con la llegada a la Presidencia de la República de Álvaro Uribe quien, entre las primeras gestiones en desarrollo de su política de seguridad, impulsó la aprobación de Ley 782 de 2002, por medio de la cual se prorrogó durante cuatro años el marco jurídico entonces vigente (leyes 418 de 1997 y 548 de 1999), que otorga al gobierno nacional facultades para adelantar diálogos y suscribir acuerdos con grupos armados organizados al margen de la ley, con el fin de obtener su desmovilización, reincorporación a la vida civil, y buscar la reconciliación. Además de la prórroga, el marco jurídico también fue modificado en un punto sustancial. A partir de la promulgación de la nueva ley se abandonó el requisito de reconocimiento del carácter político de la organización armada ilegal, como condición previa para poder establecer conversaciones con el gobierno.
A partir del 1.° de diciembre de 2002, unas semanas antes de la promulgación de la Ley 782, las auc declaró un cese unilateral de hostilidades por medio de un documento suscrito por su dirección política y militar, con el propósito de “facilitar los caminos para que el Estado colombiano se haga cargo de brindar protección y seguridad a todos los ciudadanos de las diferentes poblaciones y comunidades liberadas por nosotros del flagelo subversivo”24.
En la misma declaración manifestaron su disposición inmediata para iniciar diálogos con el gobierno nacional, con el acompañamiento y veeduría de la iglesia católica, la Organización de Estados Americanos –oea–, la Organización de las Naciones Unidas –onu– y movimientos nacionales e internacionales de iglesias cristianas, con el fin de acordar los términos para su desmovilización y reincorporación a la vida civil. Con este propósito solicitaron la suspensión de las acciones legales contra los miembros negociadores de las autodefensas, así como la reciprocidad en el cese al fuego del Estado “hacia nuestras tropas, demás integrantes y simpatizantes”. Además en la declaración enmarcaron sus actos como “acciones de tipo político [...] realizadas como suplencia del Estado ausente frente a sus obligaciones”, y solicitaron el reconocimiento por parte del gobierno “en todos los ámbitos a su alcance, la condición del movimiento nacional de autodefensas como actor del conflicto armado y político colombiano”, al igual que los medios pertinentes para la excarcelación de los integrantes de las auc que permanecían en las cárceles a disposición de la justicia colombiana. Finalmente, advirtieron que no renunciarían a “nuestro derecho de recibir donaciones” y señalaron como condición para la viabilidad del cese de hostilidades que “a lo largo del proceso de negociaciones, el gobierno disponga de los mecanismos financieros pertinentes que garanticen el sostenimiento económico de nuestras tropas en todo el territorio nacional”25.
Para entonces, se desvanecía el escenario que Carlos Castaño se había imaginado en 2001 para abrirse camino hacia la negociación de beneficios jurídicos con las autoridades norteamericanas. Con la ruptura de los diálogos en el Caguán y el giro hacia la política de seguridad democrática del presidente Uribe, que le apostaba a una derrota militar de las farc antes de entrar en una nueva ronda de diálogos, la estrategia de Castaño quedó reducida a buscar beneficios delatando a narcotraficantes y entregando rutas de narcotráfico. Esta posición lo marginó completamente dentro de las auc y lo dejó expuesto. Tanto el Bloque Metro como el Bloque Tolima, ambas unidades singulares dentro de las auc en tanto rehusaban recurrir al narcotráfico para financiarse, eran estructuras militares débiles frente a aquellas que estaban fortalecidas con ingresos de esa fuente ilegal, como lo eran el Bloque Cacique Nutibara de “Don Berna” y el Bloque Centauros de Miguel Arroyabe.
En el primer semestre de 2004 la crisis dentro de las auc se agravó en el momento en que “Don Berna” y Vicente Castaño decidieron impulsar por todos los medios la integración de la “mesa única de negociación” que posibilitó la materialización de los acuerdos de Santa Fe Ralito entre las auc y el gobierno nacional, a los cuales finalmente se unieron en abril de ese año los bloques Central Bolívar y Vencedores de Arauca, incorporando a alias “Ernesto Báez”, “Julián Bolívar” y “Javier Montañés” al “Estado Mayor negociador de las auc”. La consigna de entones era meter en cintura a todas aquellas estructuras militares que aún no se hubieran adherido al proceso de Ralito. Para ese momento el Bloque Metro ya había sido aniquilado por “Don Berna”, y Miguel Arroyabe al mando del Bloque Centauros se encontraba en una guerra cruenta contra Martín Llanos de las Autodefensas Campesinas del Casanare –acc– con el fin de someterlo a la fuerza. En ese proceso Carlos Castaño, quien con el ingreso de bloque Central Bolívar a las mesa de diálogo se apartó definitivamente del proceso de Ralito, desapareció luego de un ataque en el que murieron la mayoría de sus escoltas26.
Bloque Tolima:
Aparato militar a la deriva política
A partir de la muerte de Castaño comenzaron a escucharse rumores y denuncias en la prensa regional del Tolima sobre la compra de la franquicia del Bloque Tolima por parte de Miguel Arroyabe, para extender sus dominios y consolidar rutas para el transporte de droga y armas utilizando la red vial del centro del país. Una suma cercana a los cuatro millones de dólares fue mencionada. La reproducción de este hecho en varios medios de comunicación regionales trajo consigo serias amenazas en contra de estos, como lo expresó la Fundación para la Libertad de Prensa, flip27. Al respecto fuentes judiciales refieren que en el mes de junio de 2004 aparecieron grafitis pintados en viviendas ubicadas sobre la vía principal que une a los municipios de Purificación y Prado, y Saldaña, Natagiama, Coyaima, anunciado el ingreso a la zona del “Frente Sumapaz” del Bloque Centauros de las auc. Según versiones aportadas por personal capturado así como desmovilizado del “Bloque Tolima”, los municipios ubicados en la margen oriental del río Magdalena habrían sido cedidos a dicho frente bajo el mando de alias “El Pollo”.
De acuerdo con alias “Daniel”, la cesión de estos territorios a Miguel Arroyabe fueron el resultado de la muerte de Carlos Castaño en un ambiente de alta peligrosidad al interior de las auc. Ante las amenazas de otros jefes al frente de poderosas estructuras militares interesados en controlar la ruta de narcotráfico que operaba por la malla vial del oriente del Tolima, “Daniel” habría cedido ese territorio a Arroyabe a cambio de protección frente a los demás jefes paramilitares. El arreglo resultó poco estable, pues en septiembre de ese año Arroyabe fue asesinado en el Meta y el Bloque Centauros entró en un proceso de fragmentación que eventualmente condujo a su disolución28.
Lo cierto es que después de ese hecho, el Bloque Tolima de las auc quedó reducido a un aparato militar a la deriva, cuyo objetivo central fue garantizar las condiciones para reproducirse como tal hasta el momento de su desmovilización en octubre de 2005. Las fuentes mencionan que para lograrlo el “Bloque” manejaba canales fluidos con los alcaldes de Venadillo, Rovira, Guamo, Ortega, Lérida, Alvarado, entre otros, así como con unidades del v División del Ejército Nacional, con la Policía y el Cuerpo Técnico de Investigaciones –cti– de la Fiscalía General de la Nación, para coordinar y desarrollar operaciones conjuntas contra la guerrilla. Por esa misma vía los paramilitares tenían acceso a información de la Fiscalía sobre quienes declaraban en contra de ellos, detalles sobre los órdenes de batalla elaborados a partir de las declaraciones de capturados y desmovilizados así como a información de inteligencia del ejército, la policía y el das de operativos en contra del mando del Bloque. El valor de estos contactos se puso a prueba en la operación realizada en mayo de 2005 por tropas del grupo anti narcótico de la Policía Nacional para capturar a Eduardo Restrepo, alias “El Socio y a alias “Daniel” en Lérida. De acuerdo con la versión de éste último, se logró evadir el operativo en esa oportunidad gracias a un mensaje que recibió de un contacto dentro del das alertándolo acerca del mismo29.
El “Bloque Tolima” desmovilizó 207 integrantes en el marco de la Ley de Justicia y Paz en octubre de 2005. En medio de una crisis en las negociaciones entre el gobierno nacional y el estado mayor negociador de las auc, la desmovilización se realizó contrariando órdenes impartidas de no hacerlo, entregando 47 armas largas, un mortero, un lanzagranadas, 65 granadas de mano, y 41 radios de comunicación. Al contrastar estas cifras con las de las unidades más importantes de las auc que se desmovilizaron a partir de 2006, se puede apreciar la escasa importancia militar que alcanzó el Bloque Tolima dentro de las auc. Así el Bloque Mineros de “Cuco” Vanoy desmovilizó 2.790 hombres y entregó 1.300 armas, el Bloque Norte de “Jorge 40”, 2.545 hombres y 793 armas, el Bloque Catatumbo de Salvatore Mancuso 1.425 hombres y 1.120 armas y el Bloque Central Bolívar de “Macaco”, 2.523 hombres y 1.121 armas. Como lo sugiere el número de armas entregadas por estos bloques, la mayoría de su personal estaba vinculado con “frentes de choque”, es decir unidades de combate. El Bloque Norte fue el que más desmovilizó unidades vinculadas a “frentes de apoyo social”, (“financieros”, estafetas, auxiliares, entre otros). El Bloque Tolima al momento de su desmovilización probablemente no contaba con más de una cuarta parte de sus unidades vinculadas “frentes de choque”. La mayoría pertenecía a redes urbanas encargadas de cobrar extorsiones, la comercialización de combustible hurtado al poliducto de Ecopetrol en el tramo Salgar-Gualanday-Neiva, y de otras actividades delincuenciales como el hurto de automotores con carga de alimentos no perecederos que vendían en supermercados, y la venta de autopartes de segunda de los vehículos hurtados que desvalijaban.
Pero el accionar de este aparato militar a la deriva no se reduce a estos actos de depredación. Las infracciones al Derecho Internacional Humanitario son incuestionables. A manera de ilustración vale la pena traer la denuncia en contra del Bloque Tolima por parte de la organización Reiniciar, según la cual dieciocho líderes indígenas, la mayoría de ellos pertenecientes a la Asociación de Cabildos Indígenas del Tolima (acit), fueron asesinados o desaparecidos a lo largo del año 2002 a pesar de las denuncias que se interpusieron tras cada crimen ante las instituciones oficiales. Entre las víctimas figuran tanto indígenas como miembros del Partido Comunista Colombiano y de la Unión Patriótica. Igualmente se menciona la realización de limpiezas sociales en más de la mitad de los municipios del Tolima. La oficina de prensa de la Fiscalía señaló que “en los municipios de San Luis y Guamo las autoridades luego de conocer por declaraciones de ex miembros de las autodefensas Bloque Tolima, hallaron 150 cuerpos enterrados en fosas comunes”30. Esto, sin mencionar el daño causado a la credibilidad de las autoridades de gobierno y de seguridad en los ojos de la población al ver como éstas entraban en colusión con el grupo al margen de la ley durante el tiempo que operó en el departamento.
Comentarios finales
¿Cuál era la verdadera dimensión y alcances del proyecto dentro del cual se formó el Bloque Tolima? No hay duda que en un principio se trataba de algo grande: dentro de las auc los bloques como el Cacique Nutibara de “Don Berna” y el Bloque Metro de Carlos Castaño en Antioquia llegaron a sostener alrededor de 800 hombres. La situación del Tolima como corredor de movilidad estratégica para las farc entre la zona desmilitarizada del Caguán y la Costa Pacífica, era de por sí de gran valor estratégico sin contar con su importancia como corredor para el tránsito del narcotráfico proveniente de los cultivos de coca del sur del país. También es claro que cuando Carlos Castaño decide crear allí el Bloque Tolima, lo hace dentro de un proyecto político en el cual cuenta tanto con la capacidad militar como con la posibilidad de reclutar el apoyo de políticos locales y regionales del departamento: habría sido imposible un escenario de mesa de negociación con los “tres actores” ubicada en el Tolima como el que él se lo imaginaba en 2001 sin hacerlo así. Sin embargo con el colapso de los diálogos en la zona del Caguán en febrero y la elección de Álvaro Uribe en mayo de 2002, tal escenario se volvió inviable. Como sucedió en muchas partes del país, los dirigentes políticos regionales que antes le habían apostado a un proceso de negociación política de la paz con las farc súbitamente abandonaron esa idea y acogieron la propuesta del candidato Uribe de terminar el conflicto mediante la reducción militar de ese grupo armado ilegal.
En esas circunstancias, el ajuste que hizo Carlos Castaño a su proyecto no fue sumarse a la propuesta de Uribe. Para marcar distancias con el “ala narco” de las auc que en ese momento mostraban la mayor simpatía hacía la propuesta de presidente electo, Castaño se marginó gradualmente del proceso y, por la misma vía, de toda la vida política del país. Desde esta perspectiva el proyecto de la “parapolítica” impulsado por Vicente Castaño y los demás cabecillas de las auc involucrados con el proceso de Santa Fe Ralito, se convirtió en un asunto que marcaba diferencias entre los hermanos Castaño. El hecho de que el Bloque Tolima como unidad militar no llegó a ser más que un frente, fue resultado del fracaso de Castaño.
El proceso de socavamiento de la institucionalidad pública y la gobernabilidad local no cesó luego de la desmovilización del Bloque Tolima. Varios elementos continúan operando en ese sentido. Ex integrantes de esa agrupación que permanecen presos sin apoyo como el que han recibido excombatientes presos pertenecientes a las unidades más grandes de las auc, han implicado a alcaldes y congresistas como “promotores de paramilitares”, manipulando y distorsionando la información que obtuvieron cuando se desempeñaron como “financieros” del Bloque Tolima, en busca de beneficios judiciales para sí. Simultáneamente las fuentes locales mencionan con preocupación la reaparición de bandas de extorsionistas en los pueblos y fincas, algunas de ellas conformadas por ex integrantes del Bloque Tolima, aprovechando que el aparato estatal local, los comerciantes y finqueros todavía están expuestos a la intimidación y la extorsión.
El proceso de la “parapolítica” en el Tolima hasta ahora sólo ha contribuido a oscurecer el origen de los problemas muy reales que afectan al departamento, al tratar de interpretar forzadamente el fenómeno del Bloque Tolima dentro de una dinámica histórica y política que corresponde a condiciones regionales ajenas al departamento. Si el desenlace del proceso con las farc en el Caguán hubiera tomado otro rumbo, es probable que Carlos Castaño hubiera intentado alinear no sólo a los alcaldes sino al gobernador y congresistas del departamento para sacar adelante su proyecto político. No entender que por fuera de esas circunstancias un fenómeno como la “parapolítica” en el Tolima no tiene lógica, es el resultado de una comprensión superficial y mecánica del fenómeno.
Sin embargo, tampoco puede aseverarse que el proceso hasta ahora haya sido completamente inútil. Aun queda la oportunidad que el proceso de la “parapolítica” en el Tolima sirva para poner sobre la agenda pública la importancia de considerar alternativas de reformas institucionales para superar las deficiencias políticas de orden local que permitieron que una estructura militar a la deriva hubiera podido sobrevivir y causar tanto daño durante el tiempo que lo hizo el Bloque Tolima en el departamento. Al respecto vale la pena señalar que gran parte de las reformas electorales que se han tramitado en el pasado reciente se han centrado en “corregir” los problemas que permitieron la intromisión de los intereses paramilitares en la representación en el congreso colombiano, pero poco han ventilado los riesgos a los cuales está expuesto el pequeño municipio rural, donde la concentración del poder político y económico en manos de una élite local no favorece que el Estado local pueda cumplir con la función de garante de derechos y de mediación para avanzar hacia un estado de cosas más equitativo.
La “parapolítica” es un fenómeno real pero no generalizado en todas las regiones de Colombia, y como tal es un insumo de gran relevancia para la reconstrucción de la verdad histórica acerca de los detalles sobre cómo incide la presencia de grupos insurgentes, paramilitares, narcotraficantes, y de justicia privada, entre otros, sobre el proceso político y el funcionamiento del Estado local en nuestro país. Los órganos de justicia que conocen estos procesos, más allá de esclarecer la verdad judicial acerca de la responsabilidad individual en relación con los hechos investigados, tienen la obligación de sentar las bases para construcción de tal “verdad histórica” de manera precisa, para asegurar un aprendizaje que nos proteja en el futuro de volver a vivir episodios tan trágicos y vergonzosos como el que hoy pasamos.
Referencias bibliográficas
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Otras fuentes
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Entrevista personal con Diego Martínez, 3 de mayo de 2008, cárcel La Picota, Bogotá
Informes Elecciones 10 de marzo de 2002 Circunscripción del Tolima. María Argenis Cuellar Chaves y Jorge Humberto Cárdenas López, Delegados del Registrador Nacional del Estado Civil.
Acta no. 002 del Consejo de Seguridad, municipio de Icononzo, abril 17 de 2002.
Anexo
A continuación se presenta una relación de los ex integrantes del Bloque Tolima de las auc que hoy se encuentran presos y que han aportado testimonios con los cuales fueron vinculados congresistas y alcaldes del Tolima a procesos de “parapolítica” por autoridades judiciales.
César Augusto Mora, alias “Tyson”, ingresó en enero 2001 y se entregó el 26 de septiembre de 2001 en Armenia.
Enoc Gualteros Bocanegra, ingresó en enero de 1998 y fue capturado el 7 de noviembre de 2001.
Jose Albeiro García alias “teniente”, ingresó el segundo semestre de 2001 y fue capturado el 18 de julio de 2002.
Jhon Freddy Rubio Sierra, alias “Monomiguel”, ingresó en 1996 y fue capturado en 2003.
Edwin Hernando Carvajal Rodas, ingresó en 2000 y fue capturado en Melgar (Tolima) el 6 de enero de 2004.
Jhon Jairo Silva Rincón, alias “Soldado”, ingresó en 1997 y se desmovilizó en noviembre de 2004 en Ibagué
José Wilton Bedoya, alias “Moisés”, ingresó en 1998 y es capturado el 13 de diciembre de 2004.
Eduardo Alexander Carvajal, alias “Caresapo”, ingresó en agosto de 2002 y se desmovilizó con el Bloque Tolima en octubre de 2005.
Rubiel Delgado, alias “Calilla”, ingresó en agosto de 2003.
Eshovar Madrigal Arias, alias “Bolas”, ingresó en 1999 y fue capturado en 2005 en Bogotá.
Humberto Mendoza, alias “Arturo”, llegó al Tolima a finales de 2000 y fue capturado en 2006.
Ricaurte Soria Ortiz, alias “Carlos Orlando”, ingresó en 1995 y fue capturado el 10 de mayo de 2007 en el Espinal, Tolima.
